Hoy, 11 de septiembre, recuerdo que se cumplen 43 años del asesinato de Salvador Allende en Chile. Cuarenta y tres años en que las oligarquías en Latinoamérica han cometido toda clase de crímenes: asesinatos, torturas, desapariciones, ocupación de tierras, despojo de las riquezas naturales, encarcelamientos y juicios amañados. Estas son las democracias aceptadas por la comunidad internacional, en un mundo globalizado.

Milagro Sala está encarcelada en Jujuy (Argentina) desde el 16 de enero de 2016 sin juicio y bajo acusaciones falsas. Milagro Sala es una indígena que se ha dedicado al activismo de barrio para sacar a muchos jóvenes de la pobreza.

La Argentina que es un país teóricamente federal mantiene un gran desequilibrio entre las provincias ricas y las pobres. La de Milagro Sala, Jujuy, es una de las más pobres y con más proporción de gente miserable. Estas provincias son un feudo de los ricos del lugar. En Jujuy el poder lo tiene el Ingenio Ledesma, una empresa productora de azúcar y papel cuyos dueños han sido acusados de complicidad con los crímenes de la dictadura. Por ello existe una gran masa miserable y unos pocos ricos que los explotan. Para mejorar la situación de esos pobres Milagro Sala creó la asociación Túpac Amaru (un indio que se rebeló en el siglo XVIII contra los españoles y fue descuartizado como escarmiento). La asociación ha construido viviendas sociales, hospitales, centros de cultura y ha liberado a cientos de muchachos de la droga, el alcohol y la delincuencia.

Milagro Sala ha recibido los siguientes premios: 2010. Mención «Ocho de Marzo-Margarita de Ponce» a la construcción social y política, otorgada por la Unión de Mujeres de la Argentina. 2010. Mención especial de los Premios Podestá. Mención honorífica en la Universidad Nacional de Quilmes. Premios Democracia, de la revista Caras y Caretas (Buenos Aires). Premio "José María Aricó", de la Universidad Nacional de Córdoba, otorgado durante su encarcelamiento.

Mientras el gobierno de Cristina Kitchner otorgó subvenciones a la asociación, el gobierno de Macri se las ha negado y le ha declarado la guerra. Que los pobres tuvieran otra alternativa que ser siervos de la oligarquía de la región convirtió a Milagro Sala en la enemiga del poder, y en cuanto Macri alcanzó el gobierno se apresuraron a encarcelarla con claro espíritu de venganza. Desde entonces, y a pesar de las protestas que han encabezado los activistas que trabajan con ella, permanece en prisión, ante la complaciente indiferencia de la comunidad internacional que no denuncia la conducta represiva del gobierno de Macri. Porque al fin y al cabo es un “demócrata”, apoyado por el imperio.

El exjuez de la Corte Suprema y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, calificó la detención como una «provocación de la dirigencia de Cambiemos». Jorge Capitanich (exgobernador de la provincia del Chaco y ex jefe de Gabinete de la Nación) y Agustín Rossi (exdiputado nacional y exministro de Defensa de la Nación), calificaron a Sala de «presa política». El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó el arresto como un «gravísimo precedente de criminalización de la protesta». El 19 de enero de 2016, Amnistía Internacional afirmó que la detención era «un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión», exigió su inmediata liberación. En tanto, la CTA nacional publicó un comunicado para exigir la "inmediata liberación" de Sala, cuya detención calificaron como un "hecho gravísimo de violación al derecho de manifestarse públicamente" y un "claro acto de revanchismo" por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Este uno de los miles de casos de la persecución que las “democracias” latinoamericanas cometen cotidianamente contra los activistas medioambientales, sindicalistas, socialistas.

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en Honduras, por liderar la lucha ambientalista contra la depredación de las multinacionales que pretenden explotar los recursos naturales del país. En 2015 Cáceres obtuvo el Premio Goldman, un galardón denominado el "Nobel Verde" que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente. Al año siguiente fue asesinada en su hogar. Lesbia Yaneth Urquía, compañera de Berta Cáceres, fue a su vez asesinada el 7 de julio. Su cadáver fue encontrado en el vertedero municipal de Marcala, en el Departamento de La Paz, en Bolivia.

Según los datos aportados por la ONG Global Witness, un total de doce activistas medioambientales han sido asesinados en Honduras el 2014, lo que convierte el país en el más peligroso del mundo, teniendo en cuenta su tamaño, para los activistas en defensa de los bosques y ríos.

En 2009 Berta encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya. En varias oportunidades, Cáceres denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistemas de salud y agrícola, y rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio hondureño. Además fue una dura crítica del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional de Honduras.

En 2012 fue galardonada con el Premio Shalom en Alemania y en 2014 fue finalista del Premio Front Line Defenders en Irlanda. En abril de 2015, Berta Cáceres fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.

Otra comunidad lenca apoyada por Copinh fue el caserío Güise en Intibucá. El 25 de febrero de 2016 fue desalojada violentamente y destruida. Una semana antes de ser asesinada, Berta Cáceres había ofrecido una rueda de prensa en la que denunció que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y otros tantos habían recibido amenazas.

La situación de Honduras se repite de manera sistemática en todos aquellos lugares donde se asientan las grandes transnacionales extractivas, hidroeléctricas y de la agroindustria, entre otras. No se trata de casos aislados, como lo demuestra el informe de Global Witness: en 2014 fueron asesinados 116 activistas ecologistas en 17 países. En el mismo sentido, el informe de Frontline Defenders, documenta que, por lo menos, 156 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2015. Muchos de estos casos tuvieron relación con los denominados megaproyectos, especialmente mineros.

Este conflicto que antepone los negocios de las multinacionales a la propia vida era descrito con mucha claridad por Berta Cáceres: “A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al poderoso sector económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada”.

Ni el golpe de Estado ni la violación sistemática de los derechos humanos en Honduras ha sido un problema para que la UE implemente un tratado de libre comercio con Centroamérica. Es más, se financian programas de entrenamiento de la policía hondureña con fondos comunitarios desoyendo las acusaciones denuncias sobre los abusos cometidos por las fuerzas del Estado.

En Colombia se están firmando los últimos acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno. Pero este acontecimiento, trascendental sin duda, mantiene en vilo no solo a los guerrilleros y la sociedad colombiana sino a todas las fuerzas de izquierda del mundo, porque aunque los medios de comunicación capitalistas han procurado silenciarlo, este proceso de paz no es el primero que se inicia en el país colombino. A inicios de los años 90 los movimientos guerrilleros: el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame y más adelante la Corriente de Renovación Socialista proceden a aceptar desmovilizarse a cambio de convertirse en partidos políticos que concurrieran a las elecciones. En 1990, y después de una larga negociación, se desmovilizó la tercera guerrilla del país, el M-19, fruto de la cual se aprobó una nueva Constitución en 1991 que formalmente consolidaba el Estado de Derecho. En este último año se desmovilizaron otros grupos (EPL, PRT, MAQL), en 1992 el CER, en 1994 la CRS, MPM, MMM y FFG, y en 1998 el MIR-COAR. Pues bien, entre 1990 y 1993 fueron asesinados más de 5.000 pertenecientes a esos grupos que habían abandonado las armas y pretendieron reintegrarse en la vida civil. Desde Carlos Pizarro Leongómez candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 ametrallado en un avión el 26 de abril de 1990, hasta 1994 los sicarios contratados por la oligarquía colombiana y el Ejército fueron sistemáticamente eliminando a los miembros del M-19, el más golpeado por la oleada de violencia, el EPL y el PRT.

Estas breves pinceladas de cómo actúan las oligarquías en las naciones latinoamericanas, para defender sus privilegios, negocios y beneficios, a sangre y fuego, deberían movilizar a las fuerzas de izquierda de los países europeos para que exigieran a sus gobiernos que aplicaran a esos infames regímenes las sanciones y bloqueos internacionales que han aplicado a Sudáfrica y a Cuba, para poner un ejemplo, hasta que se implantaran verdaderas democracias.

Pero ya sabemos que Milagro Sala -y la cito a ella porque todavía está viva- no importa a los dirigentes españoles que tan contentos se muestran con el gobierno de Macri en Argentina. Y tan molestos con el de Maduro en Venezuela. Porque Milagro Sala no va a provocar la oleada de protestas y solidaridad que nuestros políticos españoles han desencadenado a favor del criminal Leopoldo López.