Con la sentencia que anula la modificación del plan de ordenación que permitió la construcción del nuevo estadio del Atlético de Madrid se vuelve a confirmar que, con independencia del color político, administraciones y clubes de fútbol mantienen una connivencia que sobrepasa lo razonable y hasta lo legal. Las mayores goleadas de algunos equipos lo son al urbanismo.

La historia se repite como un mantra. En busca de rescate o de promoción, el club acude al ayuntamiento y a la comunidad autónoma correspondiente para obtener su dosis de árnica. A partir de aquí, cualquier apaño es posible, desde inyecciones financieras a convenios urbanísticos, que es la manera elegante de llamar a los pelotazos. Lo que es imposible para cualquier ciudadano se torna factible. Cualquier terreno o ideología es recalificable.

Pocos son los que se niegan al chanchullo porque la presión es insoportable. ¿Qué alcalde contemplaría cómo se hunde el club de la ciudad sin lanzarle un salvavidas? ¿Qué político se mantendría inconmovible viendo cómo miles de aficionados le maldicen con las elecciones a la vuelta de la esquina? ¿Quién se cruzaría de brazos y se negaría a contribuir con el dinero de todos levantar un embargo, a modificar un planeamiento o a elevar el coeficiente de edificabilidad de un suelo a mayor gloria de unos colores y de sus futuros galácticos?

Bajo estas coordenadas es como hay que analizar la operación del Wanda, aunque en esto de los pelotazos siempre hubo aprendices y seres superiores como Florentino y sus presiones a los concejales y a los presidentes, su intimidación a los críticos y su desvergüenza. Aún se recuerda cómo presentó ante sus socios el proyecto de trasladar la ciudad deportiva del club a Valdebebas: “Les pido que confíen en mi capacidad de negociación. Son unos terrenos excepcionales y he hablado tanto con el alcalde como con el concejal al respecto. Son terrenos urbanizables no programados. ¿Cómo puede pensar alguien que hago una propuesta sin haber tratado el tema antes?”.

El trato de favor al fútbol ha sido una constante. Siguen disfrutando de la benevolencia de Hacienda y su doble vara de medir, gracias a la cual existen entidades que deberían haber desaparecido de habérseles aplicado criterios similares a los de cualquier otra empresa o contribuyente. Es verdad que la deuda con el Fisco se ha reducido bastante desde el agujero cercano a los 800 millones de euros que se registraba en 2011, pero siete años después se mantiene la morosidad con Hacienda (250 millones) y, en menor medida, con la Seguridad Social y las corporaciones locales. ¿Alguien podría citar el caso en el que un club haya renunciado a un fichaje para saldar estas obligaciones?

Este tipo de ayudas públicas fueron objeto de investigación y sanción por la Comisión Europea, desde los privilegios fiscales de los que se beneficiaron injustificadamente Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna durante dos décadas, a los avales por préstamos que la Comunidad de Valencia otorgó a Valencia, Hércules y Elche. “Utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar a clubes de fútbol profesional puede falsear la competencia. El fútbol profesional es una actividad comercial en la que está en juego mucho dinero. Los fondos públicos deben cumplir las normas de competencia leal y, en el presente caso, las subvenciones investigadas no las cumplieron”, explicaba en su rapapolvo la comisaria Margrethe Vestager.

En el caso del Wanda y del Atlético no hay nada de lo que preocuparse. Ayuntamiento y Comunidad recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y el urbanismo de hechos consumados hará el resto. ¿Derribar el Wanda cuando el Algarrobico aún sigue en pie? Pero, ¿en qué país vivimos?