Ante el independentismo de CDC y ERC y el inmovilismo que representa el PP –y también Ciudadanos, que cada vez se siente más cómodo como jarrillo de lata de los populares-, los catalanes necesitan una Tercera Vía para salir del atolladero histórico que representan las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre.

El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, avala esta iniciativa transversal e independiente como solución definitiva. Encaja con la Declaración de Granada que apoyaron en 2013 todos los barones socialistas. Sintoniza con la España federal que proclaman. Y, sobre todo, cabe en la reforma constitucional que defienden como única salida posible al choque de trenes que se va a producir en los comicios catalanes.

Es, en definitiva, una apuesta por otras tonalidades de España, por los grises, ante la España en blanco y negro y guerracivilista que representan en pleno siglo XXI independentistas y españolistas, aferrados unos a una tocata y fuga hacia ninguna parte y otros a la unidad de España a marcha martillo.

Pero en la búsqueda de este territorio común donde la convivencia sea posible en España, el PSOE aparece dividido. El PSC tensa la cuerda aferrándose a los nominalismos y no renuncia a la denominación de Cataluña como nación. No les falta razón a los socialistas catalanes después de que el Estatut, aprobado en referéndum, la incorporara por derecho.

Felipe González, que se está erigiendo en el Gordon Brown catalán, asume sin problemas que Cataluña pueda ser una nación. Lo suyo es el tacticismo de quien sabe que solo invistiéndose de razonable puede convencer a la mayoría de los catalanes de que Cataluña no puede convertirse en la Albania del siglo XXI por esta especie de brote psicotribal de los principales líderes independentistas.

Pedro Sánchez y la actual dirección Federal, que deben estar siempre en la orilla de la ley, acatan la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut aunque no les guste y no asumen que Cataluña sea una nación.

Los nominalismos son importantes, pero no tanto. Andalucía, sin ir muy lejos, incluyó en su reforma estatutaria la denominación de “realidad nacional”, un eufemismo de nación que asumieron hasta los populares de Javier Arenas.

Pero donde realmente está el quid de la cuestión es en el pacto fiscal, que la Declaración de Granada no recoge. Ahí es donde reside el principal problema para que el PSOE pueda hacer creíble la aceptación de las diferencias y singularidades de Cataluña.

Los socialistas andaluces y castellano-manchegos, situados en el ala derecha del PSOE, se aferran a la igualdad de los españoles en todos los territorios y ponen más el énfasis en blindar los derechos sociales que en el debate territorial y fiscal.

Todo para defender un ‘café para todos’ que no se sustenta por ninguna parte después de la experiencia vivida en estos treinta primeros años de la España de las autonomías.

La fórmula de Clavero Arévalo sirvió para que las regiones más atrasadas tras cuarenta años de franquismo no se quedaran definitivamente en la estacada.

Pero en los tiempos que corren, dejando garantizados los derechos más esenciales, sobre todo la educación y la sanidad, cada autonomía tiene que empezar a ser corresponsable de su futuro sin mecanismos de solidaridad y reequilibrio que, en demasiadas ocasiones, solo han servido para tapar la mala gestión, los despilfarros y las mangancias.