Mientras el payaso de las fiestas de los hijos de Ana Mato declaraba este miércoles en el juzgado, el Tribunal Constitucional elegía a su nuevo presidente. No es casual el paralelismo. En los cumpleaños de los niños de madame Jaguar hubo tarta y en el pleno del Tribunal, pasteleo. Ninguna sorpresa. Se sabía de antemano que el conservador González Rivas sería el designado y que Encarnación Roca ocuparía la vicepresidencia. Se sabía de antemano el resultado de la votación. Todo atado y bien atado como en los tiempos gloriosos.

La farsa de ayer en el Constitucional es indicativa de la mala calidad de la democracia española. La renovación de un órgano concebido como árbitro e intérprete máximo de las leyes es un intercambio de cromos a la hora del vermut, un escándalo mayúsculo al que la propia costumbre pone sordina. PP y PSOE ya ni siquiera disimulan: éste sí, éste no, déjame que me piense lo de Conde Pumpido, a Ollero ni se os ocurra hacerle presidente, y así. Estos magistrados, gente muy seria y muy independiente, han debido de pasar mucha hambre para venderse por un plato de lentejas. Les encantan las legumbres.

El sistema está podrido. Se puede pervertir impunemente el funcionamiento de los reguladores del Estado y el sectarismo penetra los tuétanos de cualquier institución sin que nadie reaccione. La pretendida regeneración es el estribillo de la canción del verano, que deja de escucharse cuando se vacían las playas y pasan las elecciones. ¿La nueva política? En misa, haciendo gráficas de la trama o esperando alguna ráfaga de viento para que se mueva la veleta.

El Constitucional es una chirigota grotesca como el resto de los supervisores, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Banco de España, pasando por la CNMV. Su proclamada independencia es un chiste que se cuenta una y otra vez y siempre tiene mucha gracia. Algo grave tiene que ocurrirnos para que fórmulas que funcionan en otros países tengan aquí efectos completamente diferentes.

Lo que está en juego es la democracia. Precisamos de instituciones que interpreten las leyes con criterios técnicos, dirigidas por figuras independientes, que no es lo mismo que apolíticas. Si los mandatos prolongados o la inelegibilidad no dan resultados, habrá que pensar en otros procedimientos. Y si nada funciona, mejor suprimirlas, porque sus mandamases son muy exquisitos, especialmente con los sueldos.

¿Por qué elegir a doce magistrados para el Constitucional? ¿Por qué no seleccionarlos por sorteo de una lista de 50 para cada caso que les llegue? ¿Por qué no someter su cargo a la elección directa de los ciudadanos? ¿Por qué permitir este monopolio en el que los llamados a ser controlados designan a sus controladores? ¿Cuándo nos hartaremos de este maldito circo?