Salvo a Forges, que lo recuerda a diario en sus viñetas, Haití se nos ha ido borrando de la memoria, y ni las epidemias de cólera, ni los fraudes electorales impiden que la amnesia progrese adecuadamente. Lo peor no es el olvido de los ciudadanos, cuyas cuitas particulares tienen tendencia a fagocitar las catástrofes ajenas y a los que no se puede tener todo el día dentro de un telemaratón solidario, sino el encogimiento de hombros de una comunidad internacional que prometió cerca de 8.000 millones de euros para la reconstrucción del país y que, como suele ser habitual, ha empezado a llamarse a andana.

Una manera de contemplar Haití es la de la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) en su último informe de 2010, tras cuya lectura dan ganas de emigrar a Puerto Príncipe: “El déficit público fue del 2,9% del PIB (…) y la inflación acumulada en 12 meses a septiembre fue del 4,7%. El incremento moderado de las exportaciones (3,2%) y el fuerte incremento de las importaciones (33%) ensancharon considerablemente (48%) el déficit comercial (a un monto equivalente al 43% del PIB). Sin embargo, las transferencias corrientes por concepto de remesas y donaciones (3.178 millones de dólares) permitieron alcanzar un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (equivalente al 4,3% del PIB)”.

Y otra es la que muestra Paul Farmer, el asistente personal de Clinton para Haití, en un artículo publicado en la edición española de diciembre de Foreign Police, espléndida revista a la que lamentablemente han dado matarile. Opina Farmer que no se puede reconstruir el país sin dar empleo a sus habitantes –sólo lo han conseguido 116.000 personas mientras el 98% de los escombros del terremoto siguen sin ser retirados- y con 1,3 millones de sus habitantes viviendo en tiendas de campaña y sin ningún aliciente para regresar a sus hogares.

Reconstruir Haití no consiste en instalar miles de letrinas y potabilizadoras portátiles. Requiere inversiones en vivienda, educación y sanidad, administradas por un Gobierno que, corrupto y todo, ha de disponer de recursos para organizar un sector público del que han de cobrar maestros, médicos, policías y hasta barrenderos. O se levanta un Estado o, sin pretenderlo, las ONG tendrán una república a orillas del mar Caribe.