Hay que amordazar a los ciudadanos por su propia seguridad

Podríamos empezar por la aberración inconstitucional que supone penalizar duramente a los ciudadanos que se manifiestan contra las injusticias, que se movilizan contra la opresión o que piden cuentas a las fuerzas de seguridad que pagan con sus impuestos. Cuando se examina la nueva Ley Fernández, queda claro que "para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo", como explica Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Pero antes tracemos el marco incomparable de represión global de las libertades civiles a la que nos quieren arrastrar los que han comenzado por devolvernos a la esclavitud económica.

En Reino Unido –cuna de la democracia moderna y, hasta ahora, santuario de la libertad de expresión– la Policía está recopilando pruebas para abrir una investigación bajo la Ley Antiterrorista contra la dirección del venerable periódico The Guardian, por el supuesto delito de haber revelado que los gobiernos de Londres y de Washington están espiando ilegalmente a sus ciudadanos y a los del resto del mundo. Durante los últimos seis meses, ese diario ha publicado documentos filtrados por el exagente de la CIA Edward Snowden que muestran cómo los servicios secretos estadounidenses y británicos han pinchado masivamente las comunicaciones telefónicas, de e-mails y de redes sociales para extraer diariamente miles de millones de datos personales, en flagrante violación de sus leyes nacionales.

El Parlamento de Westminster actuó en consecuencia… no para poner fin a ese claro quebrantamiento de la legislación promulgada por la Cámara donde se deposita la soberanía popular, sino para interrogar y amenazar al director de The Guardian, Alan Rusbridger. De nada sirvió que el periodista alegase que sólo ha publicado 26 de los más de 58.000 documentos que le proporcionó Snowden (hoy asilado en Rusia), ni que adujese que no ha dado a conocer ni un solo nombre del espionaje británico. Los honorables diputados dictaminaron (sin mediar procesamiento ni juicio previo) que había delinquido bajo la Sección 58A de la Terrorist Act, que convierte en delito difundir cualquier información sobre miembros del Ejército o de la Inteligencia.

Es decir, han convertido en delincuentes a los que denuncien los abusos de las Fuerzas de Seguridad, aunque éstas cometan crímenes de la peor especie. Como ha escrito Carl Bernstein (uno de los dos periodistas que destaparon el caso Watergate) en su carta abierta a Rusbriger: “Su comparecencia ante los Comunes es algo peligrosamente pernicioso: el intento de las más altas autoridades de Reino Unido por transformar el excesivo secretismo gubernamental en un problema sobre el comportamiento de la prensa (…) los gobiernos de Washington y de Londres parecen decididos a erigir las más serias barreras que hayamos visto en décadas contra la información periodística legítima, especialmente la que trata sobre su secretismo”.

Por supuesto, argumentando que todo ello se hace en beneficio de los propios ciudadanos a los que se espía y se niega la información. Eso mismo ha hecho el Comité de Justicia del Senado norteamericano, al aprobar un proyecto de ley de prensa para negar la libertad de expresión a Wikileaks, que viola la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU.

No se iban a quedar atrás, pues, nuestros gobernantes neoliberales a la hora de amordazar a la ciudadanía e impedir que se queje de las injusticias que padece. Así que Jorge Fernández Díaz está promoviendo una Ley de Seguridad Ciudadana ante la que ya ha manifestado su preocupación el mismo comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. Razón más que suficiente para que nuestro ministro del Interior le calificase de indocumentado, “con todo respeto”. Porque las “consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España” o los actos que “ponen en peligro la seguridad ciudadana” son sin duda conceptos cuyo carácter delictivo será demostrado y definido en breve por nuestros preclaros gobernantes, sin que quepa la más mínima discusión sobre su naturaleza.

Muiznieks debe, pues, ser muy mal pensado al suponer que la interpretación de estos comportamientos pudiera ser arbitraria, cuando será decidida por agentes del orden cuya presunción de veracidad será inapelable y cuya identidad no podrá ser registrada ni difundida. Además, sus astronómicas multas sólo podrán ser recurridas previo pago de tasas judiciales de hasta 2.750 euros por los manifestantes o alborotadores que sean sancionados… y que pasarán a engrosar los listados de personas con antecedentes que guarda el Ministerio del Interior.

Como bien escribe Luis García Montero en Público, “para reformar o aprobar una nueva ley resulta muy útil crear un estado de ánimo, una visión sobre la realidad, casi siempre basada en el miedo”. Especialmente cuando lo hace un Gobierno que a todas luces se siente “incómodo con la libertad, por lo que tiende a convertir la protesta política y social en una cuestión de orden público. De ahí que empiece a tratar a los ciudadanos como si fuesen delincuentes peligrosos”.

Aunque, claro, lo hace por nuestro propio bien. Amordazados, no podremos decir nada de lo que luego tengamos que arrepentirnos.

Da miedo… pero es eso lo que se pretende, ¿no?