La división por la carga de trabajo de los jueces evidencia una vez más el control conservador del Poder Judicial
Esta grieta ha desembocado en la dimisión del vocal progresista Ricardo Bodas como presidente de las comisiones de Carrera y de Salud Judicial.
Madrid--Actualizado a
Nuevo choque en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La división en torno a las cargas de trabajo de los jueces vuelve a poner de manifiesto el control del bloque conservador en el órgano de gobierno de los jueces. Y es que, el acuerdo adoptado el pasado 22 de julio en torno a esta cuestión repite una dinámica habitual durante el mandato al salir adelante gracias a los votos de los diez vocales conservadores junto al de la presidenta, Isabel Perelló, y el de Carlos Hugo Preciado, vocal elegido a propuesta de Sumar.
Enfrente, el bloque progresista, que mostró su discrepancia a través de dos votos particulares. Uno fue formulado por ocho vocales, mientras que Inés Herreros, también elegida a iniciativa de Sumar, presentó un voto particular por separado. Aunque los argumentos para oponerse son opuestos, coinciden en una crítica: el texto aprobado por la mayoría del Pleno incumple la sentencia del Supremo de 2023, que condenó al CGPJ a regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral.
Esta grieta ha desembocado en la dimisión del vocal progresista Ricardo Bodas como presidente de las comisiones de Carrera y de Salud Judicial. "Me veo en la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados, puesto que no sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas", sostiene en una carta remitida a Isabel Perelló, a la que ha tenido acceso Público.
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Vocales progresistas discrepan del método aprobado
Bodas y otros siete vocales discreparon del acuerdo por "apartarse del método técnico" encargado por el propio Pleno para la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal. El voto particular, al que ha tenido acceso este medio, explica que no se trata de una discrepancia limitada a la determinación de concretas cargas de trabajo, a la fijación de determinadas horquillas o a la formulación de observaciones puntuales sobre algunos aspectos del documento aprobado.
"La discrepancia afecta a los fundamentos metodológicos que lo sustentan, a la interpretación que realiza del alcance de la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023, al papel atribuido a los informes elaborados por los órganos técnicos del Consejo (la Dirección de Estadística, encuadrado en el Servicio de Inspección) y, en definitiva, al modelo de cumplimiento que se ha decidido seguir para ejecutar dicha resolución judicial".
Estos ocho vocales progresistas denuncian que el acuerdo aprobado por el bloque conservador junto a Perelló y Carlos Hugo Preciado "no solo altera el contenido de los informes técnicos, sino que modifica también la finalidad misma del trámite de contraste". A su juicio, lo que debía someterse a debate era la validez de los resultados obtenidos por los órganos técnicos y la adecuación de la metodología empleada para obtenerlos.
Sin embargo, lo que finalmente se somete a consideración de la Carrera Judicial es "una propuesta previamente reelaborada, corregida y orientada mediante opciones valorativas que no forman parte de los informes originales y carecen de rigor científico y objetividad".
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Según explica el documento aprobado por la mayoría, su finalidad es fijar, con "carácter inicial, prudencial y revisable, un sistema de parámetros de carga saludable que permita identificar situaciones de funcionamiento ordinario, vigilancia, sobrecarga relevante, riesgo alto y riesgo crítico, así como las consecuencias institucionales que deben activarse en cada caso".
Si bien, para este grupo, el sistema de horquillas construido mediante criterios "prudenciales" constituyen "un arcano y no aparecen sustentados en una metodología identificable, verificable y susceptible de contraste".
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Estos vocales recuerdan que la sentencia del Supremo se limita a "exigir la determinación de cargas de trabajo", pero deja abierto el contenido concreto de dichas cargas y los mecanismos para su fijación. "La resolución judicial obliga a fijar cargas de trabajo a efectos de salud judicial; no obliga a construir el modelo preventivo integral que finalmente incorpora el documento aprobado, modelo que, por otra parte, se separa de los acuerdos adoptados en el Pleno por una amplia mayoría de vocales en el actual mandato del Consejo", cuestionan.
Asimismo, entienden que las decisiones adoptadas "trascienden ampliamente el ámbito de la prevención y afectan de manera directa a la organización judicial, al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y, en última instancia, a la calidad y eficacia del servicio público de Justicia".
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Herreros critica que se base en la productividad
Por su parte, la vocal progresista Inés Herreros critica que la propuesta aprobada "se apoya de forma directa y en exclusiva sobre la denominada capacidad productiva observada, entendida como el volumen de trabajo efectivamente asumido y resuelto por un órgano judicial en un determinado período de tiempo".
Sin embargo, esta premisa supone "un indicador de rendimiento y no de salud laboral", pues refleja lo que se ha producido en la práctica, pero "no permite determinar si ese nivel de actividad se alcanzó dentro de límites compatibles con la protección de la salud física y psíquica de quienes prestan el servicio".
Herreros cuestiona que la propuesta no incorpora "los criterios médicos y psicosociales exigibles" y "carece de una integración efectiva de la perspectiva de género, del estrés de crianza, del estrés de la persona cuidadora y de las necesidades de conciliación" de quienes integran la Carrera Judicial.
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Fuentes cercanas al vocal Carlos Hugo Preciado explican que el documento de parámetros aprobado es mucho más favorable que la propuesta defendida por la mayoría de vocales del bloque progresista, basada en los informes remitidos por el Servicio de Inspección del CGPJ.
Estos planteamientos "situaban la referencia de los órganos civiles en aproximadamente 2.500 asuntos y la de los sociales en 1.500. Esto superaba los umbrales de 2018 y no prosperó, afortunadamente", agregan estas voces. En este sentido, resumen que el documento aprobado plantea provisionalmente una carga de 1200-1500 asuntos para Primera Instancia Civil, mientras para lo Social se aprobó una horquilla de 800-1000 (con ejecución) y de 900-1100 (sin ejecución), esto es, "más apegado" a las horquillas de 2018.
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