Suele decirse que una justicia lenta no es justicia, pero hay poderes e instituciones cuya actuación es aún más lenta que la maquinaria judicial, hasta el punto de convertir su función en puro papel mojado. Se lleva la palma el Tribunal de Cuentas, especialmente en uno de sus principales cometidos: la fiscalización de los partidos políticos. Su último informe corresponde a la contabilidad del año 2006, de modo que se produce ahora una situación que puede calificarse en el mejor de los casos de surrealista. Acaba de ser condenado y expulsado de la carrera judicial el magistrado que en 2009 destapó la trama Gürtel, en la que se aprecian indicios de financiación irregular en varias campañas electorales del Partido Popular. Sin embargo, el órgano encargado de revisar las facturas de los partidos aún no ha informado sobre los ejercicios anteriores a la intervención del juez Garzón. El Supremo ha sido mucho más ágil en la protección del derecho de defensa de los principales imputados de la Gürtel que el Tribunal de Cuentas en la revisión de la contabilidad de la que se beneficiaban. La última elección de consejeros del Tribunal se consensuó en 2001, con mayoría absoluta del PP, y no ha habido forma de renovarlo con el PP en la oposición. Rajoy planteará pasado mañana a Rubalcaba una oferta para la nueva composición (ahora sí, “urgente”) de varias instituciones, entre ellas un Tribunal de Cuentas que no ha mostrado ninguna prisa en examinar las facturas de la Gürtel.