Marià de Delàs. Periodista

Hay individuos y también colectivos que no saben disimular su tendencia a apoyar a los privilegiados, a los poderosos o a todo aquel que tenga pinta de ‘jefe’. No lo hacen por obligación. Se trata normalmente de personas educadas en el servilismo, a menudo humilladas, a veces corruptas, pero esto no las hace necesariamente crueles y desprovistas totalmente de buenos sentimientos. Sus codazos, sus acciones insolidarias, y también sus omisiones, para obtener algún beneficio o promoción, a menudo resultan asquerosas, pero hasta cierto punto, a veces, resultan relativamente comprensibles.

Cuesta más entender la satisfacción que expresan otros conciudadanos ante el sufrimiento de los diferentes, los insumisos, discrepantes, extranjeros, rebeldes…. Hay quien no se conforma con “hacer la pelota al encargado” y quiere ver castigado a quien no se resigna a ceder ante el más fuerte.

Entre estos, desde hace un tiempo, en Catalunya, llaman particularmente la atención las palabras de personas que quieren ver a otras privadas de libertad, por el hecho de haberse significado en defensa de derechos políticos elementales. Convendría entender el motivo real de ese deseo. Son los que han aplaudido el largo encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn y los que no esconden su satisfacción por la privación de libertad de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull.

A determinados dirigentes ya les va bien la idea de intervenir en la vida política con adversarios apaleados, atemorizados, encarcelados, encausados o bajo la amenaza de serlo. No representan ninguna novedad. Los libros de historia están llenos de personajes que se mostraron dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir poder económico o administrativo, conservarlo y hacerlo crecer. Individuos que explotaron y explotan la extensión del miedo entre la población para conseguir negocios, fidelidades, adhesiones, envilecimientos, docilidades…

Es triste pero se entiende. Inquieta bastante más, sin embargo, el apoyo social que obtienen algunos personajes cuando reclaman medidas de castigo severo contra sus adversarios, por haber participado en una manifestación, una asociación, por haber organizado un referéndum, haber encargado o distribuido propaganda, protestado por la detención de cargos políticos por su actividad estrictamente política, defendido el derecho a voto o haber aprobado por mayoría parlamentaria leyes relacionadas con la soberanía nacional. Tendría que angustiar a cualquier demócrata o, incluso, a cualquier persona razonable.

Las palabras y actuaciones de dirigentes de los partidos que apoyan en el gobierno de Mariano Rajoy resultan sospechosamente coherentes con la conducta de altos estamentos de la Fiscalía y con las decisiones de la cúpula del poder judicial. Demasiado a menudo parecen coordinadas. Gobernantes que supeditan la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas a las decisiones de jueces y magistrados de dudosas convicciones democráticas. Y lo hacen sin complejos, abiertamente, sin vergüenza, impunemente. Fiscales y jueces que, cómo ha denunciado no hace mucho el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se creen con la facultad de decir a los representantes de la voluntad popular a quien pueden elegir y a quien no, qué pueden hacer o dejar de hacer en su actividad parlamentaria.

Todo esto resulta muy preocupante. Mucho. Porque pone en cuestión la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, minimiza el valor del sufragio universal y hace tambalear las bases de la democracia.

Pero desconcierta más todavía ver gente tradicionalmente considerada como progresista que se refiere a los dirigentes que se encuentran en prisión o exiliados en términos similares a los que utilizan los partidos que apoyan al gobierno de Mariano Rajoy. “Ya sabían que esto podía pasar”, “no respetaron la legalidad”, “han dividido a la sociedad catalana”, “han huido de la justicia”, “decidieron voluntariamente irse al extranjero”, “quieren aparecer como víctimas”, afirman.

Hay que buscar explicaciones al hecho de que fuerzas democráticas, más o menos comprometidas tradicionalmente con la justicia social, hagan hincapié en la falta de flexibilidad de las víctimas de la represión y acepten de forma sumisa, como un dato invariable, inamovible, como si se tratara de una fuerza de la naturaleza, la voluntad del gobierno del PP y de la cúpula judicial de intervenir las instituciones catalanas, encarcelar dirigentes políticos y sociales y de cargar contra el soberanismo sin miramientos.

Reproches, más que manifestaciones de disconformidad, contra los independentistas, y pasividad ante las resoluciones de un poder judicial que califica de violenta la acción pacifica de activistas de indudable trayectoria pacifista y que con esta conducta han acompañado la movilización permanente, pacífica y solidaria de millones de personas.

Gente que siempre se ha proclamado de izquierdas, defensora de los derechos humanos, que ahora regatea el reconocimiento como presos políticos de personas privadas de libertad desde hace meses por su ideología, que han podido escuchar como todo el mundo lo que dice la Fiscalía y lo que reconoce reiteradamente el propio juez instructor sobre los motivos reales de las órdenes de prisión preventiva.

Demócratas, que se resisten a considerar como exiliados a Puigdemont, Serret, Ponsatí, Comín, Puig, Gabriel y Rovira, y afirman que son “fugitivos”, por el hecho de no querer sufrir el mismo castigo que Junqueras, Forn, los Jordis y los cinco que han vuelto a ser encarcelados este viernes…, “fugitivos” de una “justicia” que no entienden los tribunales de otros países de nuestro entorno, y que han buscado refugio fuera del Estado español por considerar más útil la defensa de la democracia desde Bruselas u otras ciudades de Europa que desde Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco.

Cuesta entender todo eso y conviene reflexionar, porque más allá de la maldad, que es una forma estúpida de comportamiento que caracteriza a algunos burócratas y que no conduce a la resolución de ningún conflicto, hay sensibilidades diferentes que en buena lógica tendrían que sentir que pertenecen al mismo bando.

Las víctimas de la represión que hoy practica el Estado contra el soberanismo catalán no son delincuentes comunes. Se encuentran en prisión o fuera del Estado español debido a su actividad política. Quién niega la evidencia o se instala en la neutralidad, en la equidistancia respecto a esta realidad complica la convivencia.

Hace falta que gente intelectualmente honesta, que en algún momento se ha proclamado como defensora incondicional de las libertades, se esfuerce en buscar explicaciones a los comportamientos brutales, al lenguaje gratuitamente hostil contra gente pacífica, al fomento de la represión que abre heridas que necesariamente dejan cicatrices, imborrables y que sólo se pueden curar con un tratamiento: democracia.

Todo hace pensar que pintan bastos, que se acercan tiempos de más represión. Todavía más represión.

El soberanismo popular sorprendió a sus propios dirigentes el día 1 de octubre. Una parte muy importante de la población catalana dio un ejemplo extraordinario de civilidad y eso sacó de casillas a los gobernantes que habían pensado, por decirlo de manera indulgente, que la convocatoria a las urnas se podía hacer fracasar a base de detenciones, registros, requisas, amenazas, pelotas de goma y golpes de porra a discreción.

Prometieron que el referéndum no existiría, pero existió, con menos participación de la deseada por los participantes, pero mucho más alta de la prevista, teniendo en cuenta la intimidación de las “autoridades” de Madrid, y equiparable a la registrada en otras convocatorias a las urnas no desautorizadas por el Estado.

Y como que no pudieron impedirlo, y como que el Parlament de entonces no pudo ignorar el resultado, el ejecutivo del PP aplicó mucha más mano dura. Disolvió el Parlamento destituyó el gobierno de la Generalitat, cesó a 260 cargos de la Administración catalana. Entendió que el artículo 155 de la Constitución le autorizaba a ignorar totalmente la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana y en ello sigue.

Su objetivo no es el pacto, ni ninguna solución dialogada. Lo que exige es la capitulación de un amplio sector de la sociedad catalana y cree que lo conseguirá con una escalada de medidas coercitivas.

“La situación en Catalunya es de completa normalidad”, dice y repite el ministro portavoz, con aquel aire de personaje de “buena familia” franquista que siempre habla de “la Generalidad”. A estas alturas ya saben que el soberanismo tiene raíces profundas y por eso pretenden normalizar la situación actual, normalizar la represión contra una sociedad que persiste en el deseo de votar “incorrectamente”.

El tiempo que se avecina es de más 155, más detenciones, más “investigaciones”, juicios, sanciones económicas, encarcelamientos, y esto pondrá a prueba la capacidad de entendimiento entre gente normal, dispuesta a defender su derecho a convivir en libertad y democracia.

Será preciso que las personas republicanas, independentistas o no, reflexionen sobre el apoyo social que se necesita para hacer efectivo en algún momento un régimen político republicano y que tomen conciencia tanto de las fortalezas como de sus debilidades, para ver si la República es realmente un objetivo o sólo una palabra representativa de un tiempo político del pasado y de unos “valores” imprecisos. Tendrán que identificar claramente quiénes son y dónde se encuentran sus aliados, y también sus enemigos, los responsables del deterioro de la democracia, los interesados al mantener la inseguridad, la precariedad, la pobreza… Y explicarlo.

Tendrán que revisar esquemas del pasado y distinguir entre quién defiende hoy en día privilegios de clase, de género y de poder administrativo y quien apoya a discriminadas y discriminados.

Y necesitarán mecanismos de solidaridad, de la sociedad civil, también económicos, porque a estas alturas ya son muchos lo que han tomado conciencia de la existencia de un conflicto de larga duración, en el cual el Estado, lejos de prestar protección, ha dejado y dejará damnificados.

El gobierno del PP no esconde sus cartas, herederas de una lógica militar. En vez de diálogo utiliza la fuerza. Y si el enemigo se retira, le persigue.

Lo que tiene delante, por el momento, es una movilización independentista excepcional, pacífica, atípica, no comparable a ninguna otra de las que se han visto en Europa occidental. La última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió indica que los catalanes partidarios de la independencia habrían perdido apoyo en los últimos meses, del 48,7 al 40,8%; pero hay que recordar que, según el mismo estudio, si hubiera elecciones, los partidos independentistas podrían obtener en el Parlamento una mayoría algo más sólida que la actual.

Siempre queda la incógnita sobre si el tejido asociativo soberanista conserva su capacidad de convocatoria en la calle. Depende de la coyuntura, está claro, y de su propia organización, y de la conducta de sus dirigentes, pero no parece debilidatado. En las movilizaciones de este viernes no ha dado muestras de flaqueza.

Conviene, en cualquier caso, que demócratas de todo el Estado se pregunten por el escenario de un eventual repliegue del independentismo al autonomismo, del que provienen muchos de sus actuales representantes. Que se pregunten sobre quién sería el beneficiario de una eventual pérdida de impulso del movimiento soberanista catalán. Hace cuatro años, el actual teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, el constitucionalista Gerardo Pisarello, ya señalaba en Madrid que una derrota del proceso en Catalunya significaría una derrota para movimientos de todo el Estado. Hoy parece más evidente que entonces.

Si el soberanismo cede, ¿quién lo celebraría? ¿Quién sacaría provecho? ¿Habría menos represión si sus dirigentes renunciaran a lo que se aprobó el 1 de octubre? ¿El PP, C’s y el PSOE harían algún gesto de reconocimiento de la realidad nacional catalana?

El gobierno de España utilizará todos los recursos que tiene para impedir que el Parlamento trabaje como cámara con capacidad de legislar. Rajoy, Sáenz de Santamaría, Rivera, Arrimadas, Sànchez, Robles, Ábalos han negado de todas las maneras posibles la consideración de Catalunya como un sujeto político soberano, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Es por este motivo que ninguno de ellos ha pronunciado nunca en relación a Catalunya una frase tan sencilla como esta: “sentémonos a hablar”.

La intervención del Estado sobre la Administración catalana se convertirá en algo permanente. Lo dice y reitera el ministro portavoz. Lo confirma el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, hombre clave en la aplicación del artículo 155. Mientras no haya un gobierno catalán que se conforme con el actual orden constitucional y estatutario, el gobierno español seguirá en Catalunya, dice.

¿Qué se puede hacer con un Estado que considera delictiva una aspiración política como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, que en tiempos de la transición reivindicaban todos los demócratas?

Un gobierno de la “Generalitat” adaptado a las actuales exigencias del aparato de Estado podrá utilizar, de la mejor manera posible los espacios institucionales propios de una comunidad autónoma, pero si la nueva izquierda y la tradicional no hacen frente al autoritarismo y al régimen monárquico, sin ambigüedades, si no se dispone a tejer alianzas con todos los soberanistas y republicanos para sacarse de encima un poder judicial estrechamente vinculado al poder político, los márgenes de actuación desde la Generalitat, y seguramente desde cualquier administración autonómica, se irán haciendo cada vez más estrechos.

Un “autogobierno” marcado por la doctrina del miedo, lejos de hacer respetar los derechos democráticos de la ciudadanía, dejaría pista libre para todo tipo de oportunistas, que entienden la política como un juego de maniobras, de golpes bajos, amenazas, inconfesables alianzas y traiciones, para conseguir adhesiones, fidelidades, negocios y espacios miserables de poder. Hay que hacer todo el posible para tener una administración cercana y totalmente alejada de los gustos de los que este viernes han celebrado o intentado ridiculizar el exilio de Marta Rovira y el encarcelamiento de Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva.