Probablemente no serán juzgados por ello y saldrán indemnes como Juan Carlos y su hijo Felipe, Felipe González y otros siniestros personajes que tienen las manos manchadas de sangre. Pero lo cierto es que Pedro Morenés, la cúpula militar (muy especialmente el general Javier Salto y el general Roldán), la CITAAM (Comisión que investiga los accidentes), la Fiscalía Militar y el Juzgado Togado nº52 de Las Palmas deberían ser juzgados por homicidio múltiple. Tienen sangre en sus manos, como mínimo, porque esta organización lleva años operando de la misma manera, de tres militares: el sargento Jhojander Ojeda, el teniente Saúl López y el capitán José Morales.

Después de producirse el primer accidente aéreo de los helicópteros de rescate (SAR, Servicio Aéreo de Rescate) en el que fallecieron cuatro de los cinco tripulantes se tenía que haber emprendido una investigación concienzuda, haber depurado responsabilidades y haber imputado a los mandos que hubiera hecho falta. Habían muerto cuatro militares por una evidente negligencia, por el estado cochambroso de los helicópteros, por la canalibalización de piezas, por la negligencia e incompetencia de la cúpula militar. Una cúpula militar más peligrosa para los militares que el propio enemigo. Así lo ha dejado escrito la historia y así parece que va a seguir siendo. Sin embargo, se calló, se ordenó callar y todos miraron hacia otro lado: ministro de Defensa, cúpula militar, comisión de investigación, fiscal, jueces... ¡Todos!

Y eso que hubo una persona, el padre del fallecido teniente Sebastián Ruiz, de igual nombre, que se desgañitó, que dedicó el resto de los minutos de su vida a gritarle a todo el que se encontraba, y al que no, que algo estaba pasando, que los cosas no se hacían bien, que algo había fallado. Una persona que acababa de perder a un hijo, que podía haberse olvidado de todo sumergiéndose en el dolor y que, sin embargo, quiso salvar las vidas del resto de compañeros de su hijo. El sistema le repudió, le machacaron, incluso le impidieron asistir a actos conmemorativos de la muerte de su propio hijo. Sebastián Ruiz no era un héroe que quería que nadie más cayera por el abismo que supone enterrar a un hijo, pero para el sistema era un traidor, un desquiciado. Como eso le trataron.

Aseguraron todos los flecos. La organización mafiosa, porque eso es lo que es, y me pueden encerrar de nuevo las veces que quieran, comenzó a funcionar. Todos sabían que debían callar y los que no lo sabían se lo hicieron saber. Los militares hace tanto que viven inmersos en una secta, en una mafia, que han perdido la perspectiva de lo que sucede. Piensan que lo que acontece es normal. No lo es. No es normal hacer callar a un superviviente sobre lo acontecido en un accidente que ha destrozado la vida de cuatro familias. Lo normal es justo todo lo contrario. Lo normal es amenazar al superviviente con las consecuencias que le puede ocasionar que no cuente todo lo que sabe o que calle por no perjudicar a este o aquel. En cambio, en el Ejército lo que se vive es la Omertá o la ley del silencio y si se habla la vendetta. La amenaza mafiosa de rebanarte la carrera militar y despedazarte hasta que pidas una baja médica o te echen a la puñetera calle.

Sí, porque eso es lo que son, mafiosos, sectarios. Desgraciados. Unos desgraciados y mediocres que se han llevado la vida de tres personas, el sargento Ojeda al que silenciaron con amenazas y dos compañeros más, por no buscar la verdad, por no querer solucionar los problemas, por anteponer sus carreras militares al honor y a la verdad, a sus obligaciones como ciudadanos y como militares. Por ser unos traidores. Porque en definitiva, Pedro Morenés, la cúpula militar (muy especialmente el general Javier Salto y el general Roldán), la CITAAM (Comisión que investiga los accidentes), la Fiscalía Militar y el Juzgado Togado nº52 de Las Palmas son unos traidores. Y, antes que eso, o por eso precisamente, terminaron con las vidas de tres personas con sus propias manos. Tres personas a las que su incompetencia, negligencia y/o comportamiento mafioso ha arrebatado un futuro. Por tanto, deberían ser juzgados por homicidio y de demostrarse su culpabilidad pasar unos años en prisión. Y aunque no es suficiente para recomponer lo que han destrozado, al menos serviría para que el resto se lo pensara dos veces.

Si tuvieran la más mínima decencia solicitarían la baja o dimitirían y pedirían perdón a los familiares de las víctimas y a la Institución por el enorme daño que le han causado. Se presentarían en el juzgado o en comisaría para que les esposaran y les metieran en el calabozo. Desgraciadamente, la decencia en estos infames personajes, ni está ni se la espera, así que apuesten por la callada por respuesta. Porque además de indecentes, también son cobardes. Y Cospedal, pues me temo que nos demostrará ser tan miserable como todos los anteriores. Ojalá me equivoque y dentro de un tiempo pueda gritarlo a diestro y siniestro lo contrario, pero apostaría por el método genovés. Lo llevan en la sangre.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de dos novelas (Un paso al frente en 2014 y Código rojo en 2015).

Mi principal fuente de ingresos en la actualidad es la venta de ejemplares de la novela Código rojo. ¡CONSÍGUELA AQUÍ FIRMADA Y DEDICADA!. "Código rojo no deja títere con cabeza. Se arriesga, proclamando la verdad a los cuatro vientos, haciendo que prevalezca, por una vez, algo tan denostado hoy en día como la libertad de expresión" ("A golpe de letra" por Sergio Sancor).

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