Hospital General de Villalba: precariedad y represión

Una realidad que aún sorprende a muchos es que el Hospital General de Villalba, integrado en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública, es decir, el Servicio Madrileño de Salud, es un centro privado de Quirónsalud. Propiedad de la macrocefálica multinacional alemana, Fresenius, y bajo la fórmula de una Colaboración Público-Privada, este gigante dedicado a la asistencia sanitaria cuenta, a día de hoy, con otros tres centros de la Comunidad: el Hospital de Valdemoro, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz (FJD).

Dicho modelo, impulsado por la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su sucesor, Ignacio González, ha permitido que Quirónsalud se haga con la concesión de los servicios sanitarios y no sanitarios de estos centros durante un mínimo 30 años, con posibles prórrogas. Esto supone, además del constante y sistemático desmantelamiento del sistema sanitario público, único garante de la sanidad universal y de calidad, un daño colateral menos evidente: la precariedad laboral y la represión de sus trabajadores/as.

El Hospital General de Villalba (HGV), cuya construcción finalizó en diciembre del 2012 y que permanecería cerrado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (presidido entonces por Ignacio González) sin dejar de pagar exorbitantes cifras a la empresa concesionaria hasta octubre del 2014, nunca ha estado exento de polémica.

Desde cargas de trabajo que suponen un severo riesgo para la seguridad de los pacientes hasta salarios muy inferiores a la media en categorías profesionales como la de Enfermería (1.100 euros mensuales, frente a los 1.800 que cobraría un profesional por la misma labor en un hospital de gestión pública), Quirónsalud ha ejercido desde sus inicios una política de castigo-gratificación completamente arbitraria.

Este sistema fue el origen del conflicto iniciado en el hospital en junio del 2019, cuando salieron a la luz las retribuciones económicas prometidas exclusivamente al personal eventual que cubriría el periodo vacacional a cambio de aguantar las condiciones del hospital hasta terminar el verano. Esta medida, unida a la larga trayectoria de desigualdad entre sus empleados, con pluses arbitrarios de la gerencia, cuyo objetivo era dividirlos, supuso un punto de inflexión para los/las trabajadores/as. Organizándose en defensa de sus derechos, se sentaron finalmente a la mesa de negociaciones bajo amenaza de ceses masivos con representantes elegidos por ellos mismos y uno de los tres Comités de Empresa en los que está dividida la plantilla.

Tras las infructuosas negociaciones, Quirónsalud ha puesto en marcha dos medidas en HGV. Por un lado, una subida de sueldo unilateral, rechazada en asamblea por los trabajadores dado que no suponía mejoras laborales para categorías aún más maltratadas que la Enfermería; y por el otro, un régimen de terror.

Hasta la fecha, dos de los trabajadores implicados en las negociaciones de junio y julio han sido objeto de despidos disciplinarios, alegando supuestas bajadas de rendimiento o comentarios maliciosos hacia la empresa. A ello se suma el trato despótico al que los miembros de la plantilla se ven sometidos: altos cargos de la dirección se han reunido con representantes elegidos en el curso del conflicto a fin de silenciar las nefastas condiciones en las que se encuentran; supervisores que intimidan a los componentes de sus servicios, sobre todo en las áreas especializadas; y abusos que han llevado a algunos a cesar dada la situación del hospital.

Así, HGV es un claro ejemplo de cómo estos modelos de privatización de nuestro sistema sanitario han acabado, a la postre, por generar entornos cuyas carencias en pro de los beneficios económicos son imposibles de subsanar por los/las profesionales por muy bien formados/as que estén, y ha levantado la veda al puño de hierro de las multinacionales de la sanidad, algo que, sin duda, acabará por afectar a la calidad de la asistencia sanitaria.

Este conflicto, surgido hace casi cinco meses, se mantiene latente y se extiende. Se apoya en los propios usuarios del hospital, vecinos que se han unido bajo la Plataforma por la Sanidad Pública de la Sierra del Guadarrama y han iniciado movilizaciones contra los abusos de Quirónsalud. Entre ellas, se pueden contar la manifestación en Collado Villalba para la paralización de los despidos disciplinarios o la concentración #StopQuirón, frente a su buque insignia, la Fundación Jimenez Díaz, donde se leyó un manifiesto suscrito por más de 200 personalidades y entidades en favor de la Sanidad Pública.

Azucena López

MATS de Villalba

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