La excursión danesa de Puigdemont ha permitido confirmar que la instrucción por parte del Supremo del llamado procés es una causa mucho más política que jurídica y que la pasión del expresident por los referéndums se le ha ido de las manos, hasta el punto de sugerir ampliar el derecho a decidir sobre Catalunya a todo el Estado en una primera etapa, y quién sabe si al conjunto de la UE si su periplo europeo se prolonga en el tiempo.

Algo huele a podrido, en efecto, pero no en Dinamarca sino en un Tribunal que ha sobrepasado todos los límites del Derecho para adentrarse en la pura estratagema. Sólo así se entienden los argumentos del juez Llarena para negarse a cursar la euroorden para detener a Puigdemont en Copenhague, que era lo que le pedía la Fiscalía en razón a su condición de prófugo de la Justicia.

Sostiene el magistrado que el viaje del expresident para impartir una conferencia universitaria no respondía a una inquietud académica sino a una trampa para conseguir ser detenido y acogerse así a la posibilidad de delegar su voto en la sesión de investidura. En consecuencia, si la Justicia quiere detener a una persona sobre la que pesa un presunto delito de rebelión y el individuo en cuestión pretende ser detenido, lo inteligente es no detenerle para que no se salga con la suya, que más sabe el zorro por viejo que por zorro.

No es sólo que Llarena esté juzgando intenciones sino que se arroga competencias de las que carece, entre ellas la defensa “del orden legal que rige la actividad parlamentaria”. Ni corresponde a Llarena decidir quién puede o no delegar el voto, ya que esto lo debe determinar el Parlament y en última instancia el Tribunal Constitucional, ni la misión del Supremo es forzar, como parece, la renuncia al escaño de los exconsellers huidos a Bélgica para que la investidura de un candidato independentista salga adelante. La maniobra del magistrado se reduce así a una artimaña política que nada tiene que ver con el Derecho.

En realidad, lo que transmite este proceder es la endeblez del armazón jurídico por el que -no hay que olvidarlo-, seis personas llevan más de 80 días en prisión. Como se recordará, una primera euroorden fue retirada ante la práctica certeza de que la Justicia belga no aceptaría la entrega de Puigdemont y los exconsellers que allí se refugian por los mismos delitos de los que se les acusa en España, lo que obligaría a juzgarles por otros menores. Lo mismo parece ocurrir con Dinamarca. ¿Existe algún juez en Europa que pudiera compartir los criterios de sus colegas españoles o el delito de rebelión de nuestro Código Penal es una extravagancia typical spanish que no resiste homologación en ningún otro ordenamiento jurídico? Esa es la gran pregunta. La respuesta es que la supuesta rebelión se da un aire a la tortilla española, que sólo es digerible al sur de los Pirineos.

Extravagancia por extravagancia, el debate con Puigdemont en la Universidad de Copenhague sirvió no sólo para poner en aprietos al expresident y cuestionar su falta de respecto a la ley sino también para conocer su última “propuesta o solución” al conflicto catalán: “que vote todo el Estado”. En definitiva, después de dos referéndums y de la proclamación de la República más breve de la historia, un posible arreglo pasaría por ampliar el sujeto de la soberanía que ha de pronunciarse sobre el futuro de Catalunya al conjunto de España, que es justamente la tesis de los adversarios del independentismo y lo que dispone la propia Constitución. Si Rajoy no le ha tomado aún la palabra es porque ha debido de pillarle la ocurrencia en mitad de la siesta.