Por si alguien tuviera la tentación de plantear soluciones militares: la convocatoria de huelga de los trabajadores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) no tiene absolutamente nada que ver con el paro de los controladores que bloqueó a miles de ciudadanos el pasado puente de diciembre. Para empezar, hay una convocatoria perfectamente legal, sin disfraces de repentinas bajas médicas por extrañas epidemias de estrés. Hay unos sindicatos (UGT, CCOO y USO) que representan los intereses de 12.500 trabajadores. No se trata de privilegiados que habitan en sus torres de control o deciden quién accede a las plazas disponibles, sino de balizadores, bomberos, informáticos, señaleros, personal de programación y mantenimiento... o sea, currantes mileuristas en su mayoría, con o sin trienios. Anuncian con mucha antelación que están dispuestos a parar y a dejar de cobrar su salario porque discrepan de las condiciones planteadas por Fomento en el proceso de privatización parcial de la gestión aeroportuaria.

El Gobierno tiene margen para negociar y para dictar servicios mínimos que los convocantes estarían obligados a acatar. ¿Intentan fastidiar la Semana Santa y el verano a los sufridos ciudadanos? De momento, presionan con la herramienta que tienen a su alcance y ponen sobre la mesa un asunto de interés público: privatizar parte de la gestión de los aeropuertos puede afectar a la calidad del transporte aéreo.