Gregorio R. Cabrero

Universidad de Alcalá

La crisis financiera ocasionada por el endeudamiento de la banca se está utilizando como pretexto para la aplicación de políticas de austeridad, uno de cuyos principales impactos es el recorte de las políticas sociales y la regresión en materia de derechos sociales que, a medio plazo, pone en peligro nuestro Estado de Bienestar.

El impacto de las políticas de austeridad en las políticas sociales y, como consecuencia, en las condiciones de vida de los ciudadanos de España ha sido realmente dramática desde mediados de 2010 hasta la actualidad. Sobre todo 2012 ha sido un año especialmente impactante al coincidir la depresión económica que no cesa, la presión de los llamados mercados y la aplicación casi indiscriminada de recortes en el gasto público social que han afectado sobre todo a educación, sanidad, dependencia y servicios sociales, así como el abaratamiento de las prestaciones por desempleo

El poder financiero, generador de la actual crisis estructural, ha sido capaz casi en un solo acto de socializar sus cuantiosas pérdidas convirtiendo la deuda privada con la banca europea (sobre todo alemana) en deuda pública y poner al Estado de Bienestar como garantía efectiva de la misma, pues a costa de este último es como se están solventando las exigencias del poder financiero.

¿Qué consecuencias sociales y políticas supone esta política de austeridad? Desde el punto de vista social las consecuencias de la austeridad se han traducido, no solo en el abaratamiento y reducción de los salarios, mayor precariedad y facilidad para el despido laboral, sino también en un crecimiento de la desigualdad entre los hogares, con una concentración de la renta en las decilas más altas como hacía décadas no se conocía. Además, ha tenido lugar un fuerte crecimiento de la pobreza relativa desde tasas históricas ya de por sí muy altas, en torno al 20% de las personas, que no ha hecho sino agravar una situación en la que la coincidencia de mercados de trabajo precarios y un sistema de garantía de rentas de baja intensidad, han impedido romper el círculo vicioso de la pobreza, si bien este círculo vicioso se arrastra desde hace casi dos décadas.

Así, si adoptamos el indicador de exclusión social de la UE (AROPE) que toma en consideración al mismo tiempo los hogares con ingresos inferiores al 60% de la mediana nacional de renta, los hogares que padecen alguna privación material grave y los hogares con menos del veinte por cien de su potencial de trabajo utilizado, el resultado es que el riesgo de pobreza se ha elevado del 22,9 al 27 por cien entre 2008 y 2011, el tercer país con mayor riesgo de pobreza de la UE. Y aún nos falta por saber el impacto de la crisis en 2012 que, con los recortes sociales aplicados, profundizará la desigualdad y la pobreza de manera tan extensa como intensa.

Los recortes en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia alcanzan cifras en torno al 1,5 por cien del PIB desde 2010 si bien el grueso de los recortes ha tenido lugar en 2012. Los presupuestos de 2013 intensifican esa senda a pesar de la oposición de la gran mayoría de los ciudadanos a dichos recortes, sobre todo sanidad que es considerada casi como un bien común intocable, que rechazan los ensayos privatizadores anunciados en nombre de una eficiencia económica que vela los intereses subyacentes.

Pero en las reformas hay que considerar también el estilo de las mismas y sus consecuencias a largo plazo. En cuanto al estilo de las llamadas reformas hay que llamar la atención que no han sido hasta ahora consensuadas y más bien presididas por un estilo autoritario (la paradoja del llamado autoritarismo democrático) profundamente alejado de las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos. Así, de la crisis nadie es responsable, somos todos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, por lo que hay que asumir los recortes e incluso el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos y del Estado de Bienestar. El Diálogo Social, una institución de negociación en políticas sociales, se ha paralizado, a lo que hay que sumar la subordinación del Congreso a unas reformas decididas bajo la fórmula de decreto-ley a convalidar posteriormente. Recortes bajo la fórmula de pretendidas reformas que se consolidarán en los años venideros en una deriva que tiende a sustituir el Estado de Bienestar (de derechos para todos) por un Estado Asistencial (compasivo para pobres fiables).

Pero lo más preocupante son las consecuencias a largo plazo en la medida en que el retroceso profundo del Estado del Bienestar mina el poder ciudadano, quiebra la alianza implícita entre capas trabajadoras y clases medias en torno a un conjunto de derechos sociales y bienes comunes, deteriora el poder sindical para el que el salario diferido que son los servicios públicos (sanidad, educación, empleo, justicia, servicios sociales) esenciales y las prestaciones sociales es crucial y se traslada la responsabilidad del riesgo al individuo y a las familias. Las tendencias al desmantelamiento del Estado de Bienestar sobre el supuesto ideológico de que es inviable financieramente no es sino una regresión al liberalismo decimonónico basado en la idea de una sociedad atomizada y sin mecanismos de solidaridad intergeneracional. Además, el deterioro de los servicios y prestaciones pone en riesgo el sistema de reproducción de las clases trabajadoras lo que sin duda afectará a medio plazo a la propia estructura de la relación salarial que se cargará de contradicciones y conflictos así como de costes que, de no socializarse, será imposible trasladarlos a los propios trabajadores.

Ni los presupuestos de España para 2013 ni el presupuesto recién aprobado por el Consejo Europeo para 2013 frenarán la escalada hacia tasas mayores de desigualdad y pobreza. A pesar de que los recortes frenan el crecimiento, reducen el empleo y empeoran las condiciones de vida de las personas, la política de austeridad se ha convertido en un tótem que los ciudadanos rechazan pero que a la vez interiorizan bajo el peso de su “inevitabilidad”, ideología interesada que les culpabiliza y les inculca temor. Pero la política de recortes sociales no tiene efectos neutros sino todo lo contrario: agrava la ya de por sí muy desigual estructura social de España. De persistir esta política se cebará el conflicto social, ahora relativamente contenido y, a medio plazo, se podría perder todo el capital social acumulado que da sentido a una sociedad democrática. Por ello el gasto social debe retornar al momento previo a la crisis e incluso incrementarse si queremos evitar una polarización social en los años venideros. La lógica deflacionista es suicida económicamente y socialmente regresiva. Recordar que el gasto social es una inversión social, no simple gasto, que genera desarrollo y cohesión social, es algo archisabido.

¿Es posible otra política social? La respuesta es que sí es posible otra política social, u otras políticas sociales; no ha lugar a determinismos en las políticas, de otro modo caeríamos en la parálisis, además de ser una aberración. Ciertamente la lógica o ilógica de las políticas de consolidación fiscal de la UE, o del eje alemán-británico-holandés, persisten en ampliarlas hasta 2020, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo del pasado fin de semana. Es una mala noticia para los derechos sociales de los ciudadanos europeos, especialmente para los ciudadanos de la Europa meridional; es también una mala noticia para el desarrollo de la Estrategia Europa 2020 que tiene entre sus objetivos reducir el 25% en el número de personas pobres (80 millones en total); y también es mala noticia para el propio modelo de crecimiento que sin cohesión social está abocado a medio plazo a conflictos y tensiones.