La airada reacción de Pablo Casado y de Albert Rivera al anuncio por el Gobierno de una cascada de medidas de carácter social antes de las elecciones generales del 28 de abril, es una prueba del nerviosismo que ha cundido en la derecha tras la sucesiva publicación de encuestas que auguran una clara victoria de Pedro Sánchez.

Casado, Rivera y su coro mediático se han llevado las manos a la cabeza por la instrumentalización partidista de los poderes públicos que, según ellos, pretende hacer el PSOE en vísperas de las elecciones; como si no estuviese suficientemente contrastado que todos los gobiernos actúan siempre con la mirada puesta en las consecuencias que sus decisiones puedan tener en los votantes.

¿O acaso no fue eso lo que llevó a José María Aznar a utilizar a su conveniencia los servicios del Estado (Ministerio del Interior, CNI, embajadas) para hacernos creer contumazmente que el 11M había sido obra de ETA, porque no le interesaba que el atentado se vinculara con la participación de España en la invasión de Irak, tres días antes de que los españoles estuviésemos llamados a la urnas?

Todo lo cual no obsta para reconocer que quien propuso la idea de proclamar a bombo y platillo los “viernes sociales” no tuvo sin duda un buen día, al hacer que prevalecieran criterios de marketing político sobre la política misma, con grave riesgo para la viabilidad del producto por culpa de su inadecuado envoltorio.

Que un gobierno tiene el derecho y el deber de gobernar hasta el último día, es algo que nadie en su sano juicio democrático puede poner en cuestión, y además se trata de una práctica consolidada en todo el mundo, pues lo contrario equivaldría a crear un vacío de poder incompatible con el normal funcionamiento de la sociedad.

Sin embargo, que un gobierno aproveche su periodo de interinidad, con las Cortes a medio cerrar, para sacar adelante mediante real decreto ley medidas que tendrían un incierto trámite parlamentario en condiciones normales, resulta algo más discutible, por mucho que ese trámite parlamentario sea saboteado por el persistente y descarado filibusterismo de la oposición.

El real decreto ley está para lo que está y la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados también tiene muy tasadas sus funciones, por lo que sería patético que la tantas veces prometida contrarreforma laboral, por ejemplo, fuera finalmente acometida y luego echada para atrás por los tribunales al no concurrir en ella las preceptivas circunstancias de gravedad y urgencia.

Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta la absurda petición de Casado de que se prohíba al Gobierno informar de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, impropia de un Estado de derecho en el que los ciudadanos deben conocer con prontitud y transparencia todas las decisiones que les afectan.

Por no hablar de su inoperatividad en un momento en que las fuentes y los canales de comunicación se han multiplicado hasta el infinito, como sólo puede ignorar alguien que mentalmente siga metido en la caverna.

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