Carlos Pascual (alcalde de Pego, Alicante, desde 1995 hasta que acabó en la cárcel) en un pleno en 1999, interpelado sobre unas presuntas agresiones a una vecina del pueblo de 64 años que le había denunciado replicó: “Nunca pegaría a una mujer, aunque si estuviera buena le pegaría una ‘buena vergá’” –(pollazo) para los que no entiendan el garrulismo más profundo–.

Cuando intentó matizar sus palabras al día siguiente la cosa mejoró muchísimo porque no pretendía formular “un insulto, sino un halago” (aunque parezca increíble que esta palabra estuviera en su vocabulario): “Yo pegarle a una mujer no le pego. Como mucho lo que haría es lo que todo hombre quisiera hacer con una mujer joven y bonita. A las mujeres creo que les debe gustar”.

Parece imposible –lo sé– pero en sus siguientes declaraciones se superó a si mismo: “Parte de la polémica que se ha desatado se explica si se tiene en cuenta que la familia de esta persona (la denunciante) está muy vinculada a la dirección del PP e, incluso, al Gobierno franquista”. (Yo, por más vueltas que le he dado al asunto, no he conseguido establecer relación alguna entre los hechos y el comentario me ha hecho más gracia al descubrir que este independiente empezó en política en las filas de Alianza Popular).

Ante el aluvión de críticas y de peticiones de dimisión, el señor Pascual zanjó el asunto con varias tracas finales: “Que pidan lo que quieran, que yo haré lo que me salga de los cojones.” “A mi me tiene que tirar el pueblo porque la democracia es así y no la he inventado yo”. Pero en esta ocasión se equivocaba el señor de la leche –mala, vamos a decir, con permiso de los de Pascual–. Lo que le tiró fue una sentencia judicial en 2004. Tiene el extraño honor de ser el primer condenado de este país que ha ido a la cárcel por delito ecológico.