Opinión
La infalibilidad del Supremo
Por Juan Carlos Escudier
Los magistrados del Supremo son personas de piel tan fina que hasta temen que los rayos de luna puedan ensañarse con su delicada epidermis. A este celo por su imagen unen una palmaria clarividencia, que no se sabe si les viene ya cosida a la toga o en las puñetas de encaje de bolillos. Como alguna vez se ha dicho aquí, a estos notables señores les pasa un poco como al Papa, que al recibir la gracia del Espíritu Santo se convierte en infalible. Constituyen, en consecuencia, una casta de elegidos que nunca se equivoca al interpretar unas leyes que, en sus manos, son tan irrefutables como las matemáticas.
De ahí que su perplejidad haya ido en aumento al ver cuestionadas sus decisiones a cuenta de lo procesos abiertos contra Garzón, críticas inadmisibles desde cualquier punto de vista, especialmente desde el suyo que, por científico, es irrebatible. A diferencia de políticos, empresarios, sindicatos, catedráticos o fontaneros, gente muy limitada que ha de aceptar cualquier reproche con espíritu democrático y deportivo, con estos magistrados sólo cabe el acatamiento. Aun así hubieran soportado resignadamente los gritos de fascistas que se han proferido a las puertas del Tribunal, de no haber descubierto en The New York Times que la prensa internacional piensa de manera muy similar a las turbas.
Rectificar nunca, que eso sería herejía, pero tras escribir el “ex” a Garzón en la Wikipedia con su sentencia sobre las intervenciones telefónicas, sus juzgadores han aflojado la soga, y la prueba es la decisión de Manuel Marchena de archivar por prescripción la instrucción que desde hace un año seguía contra él por prevaricación y cohecho, tras percatarse casualmente ahora que uno de los supuestos delitos no era tal y el otro había prescrito.
En línea con esa magnanimidad sobrevenida, no sería descabellado esperar que la causa del franquismo se salde con su absolución ya que, en caso contrario, sus infalibles señorías tendrán que explicar cuál era el camino adecuado para investigar los crímenes de la dictadura o, en su defecto, reconocer que aquí la impunidad sigue regulada por ley.