Las asociaciones de jueces se han sublevado contra el ministro Catalá por haber desvelado, con mucha timidez, que el juez Ricardo González que emitió el voto particular de la sentencia del juicio de La Manada tiene una personalidad “singular”. El País se ha apresurado a calificar de Injerencia inadmisible esa información que nos ha transmitido el ministro. Y excepto Margarita Robles, con su indiscutible autoridad por haber sido muchos años magistrada y miembro del Poder Judicial que ha declarado que “el necesario apoyo que el CGPJ ha de prestar a los jueces no puede hacerse en detrimento ni menoscabo de ninguna víctima de delito, y mucho más cuando se trata de mujeres objeto de salvajes agresiones,” y que pidió “al Poder Judicial que adopte las medidas necesarias de seguimiento”, los demás políticos, guiados únicamente por su deseo de erosionar al ministro se han mostrado tan pulcros e indignados como los jueces. Sin que ninguno exija, tanto al Poder Judicial como al ministro, que informen a la ciudadanía que les ha elegido, y les paga, qué significan esas insinuaciones de Catalá.

Porque todos los miembros del CGPJ conocen las anomalías que han jalonado el ejercicio de la profesión de Ricardo González. La propia Audiencia de Navarra envió recientemente varios informes al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para instase al Consejo General del Poder Judicial a inspeccionar la Sección Segunda, a la que pertenece el magistrado Ricardo González. Los dos últimos informes se realizaron en noviembre de 2017 y marzo pasado, e hicieron referencia al retraso en la redacción de sentencias y a sus resoluciones “anómalas”, según señalan fuentes jurídicas de la Audiencia de Navarra.

Pero el CGPJ pero se las han callado. Las han ocultado en el secreto de la omertá que rige el pacto de hermandad que une a los jueces, aunque en su pequeño y secreto mundo se produzcan las mismas enemistades, zancadillas y persecuciones que en el ancho mundo que nos acoge a los demás. Nada de hacer público que un juez, es decir un señor que puede disponer de la hacienda, la honra y la vida de los justiciables que caen bajo su jurisdicción, padece anomalías mentales o físicas o detenta una ideología antidemocrática, que le incapacitan para razonar con buen juicio y en consecuencia dictar sentencias justas. Ni tampoco poner remedio, aunque sea discreto, a tales disfunciones. Porque más vale la inmovilidad de la casta que el escándalo. Al fin y al cabo, los jueces tienen el privilegio de la inmunidad, la impunidad y la infalibilidad.

Hace años, transcurridas ya varias décadas desde la transición, un parlamentario italiano queriendo averiguar si la democracia era efectiva en España me preguntó cuántos jueces estaban en la cárcel, y cuando le dije que ninguno se echó a reír y me dijo que ya tenía el baremo para juzgar nuestra salud democrática.

Esta circunstancia no se la ha planteado la ciudadanía, tan resignada ante las tropelías de la justicia. Siempre he repetido que se han creado asociaciones de víctimas del terrorismo, de víctimas de los accidentes de tráfico, de víctimas de negligencias médicas, y otras similares, pero que no hay ninguna de víctimas de la justicia, cuando estas se cuentan por miles.

Todos los que pertenecen al cuerpo conocen las circunstancias, anomalías, caprichos, negligencias, vagancia y falta de profesionalidad de sus compañeros. Porque son muy pocos. En un país de cuarenta y siete millones de habitantes nos apañamos con menos de seis mil jueces de todas las instancias y competencias. Mientras la media europea es de dieciocho mil. Y a la falta de medios físicos –hay que ver el estado de las instalaciones, los espacios de que disponen, la ruina de los edificios- de personal auxiliar de la Administración de Justicia, y la racanería de sus emolumentos, se unen las deficiencias “singulares” que padecen muchos de sus magistrados, simplemente porque son seres humanos y no apóstoles inspirados por la sabiduría divina.

Pero de ello no se habla, no se denuncia, no se resuelve. Debo ser de los pocos abogados que ha presentado quejas ante la Inspección de Tribunales del CGPJ, por el retraso en celebrar juicios y dictar sentencias, el maltrato y el desprecio mostrado por algunas de sus señorías hacia mi misma y mis clientes y la arbitrariedad de sus resoluciones, sin que ninguna hubiera prosperado nunca. Ni siquiera se hubiera iniciado una investigación.

El caso del juez Pascual Estevill es ejemplar. Desde 1990 en que accedió a la carrera judicial por el cuarto turno, el de los abogados ilustres, se dedicó a extorsionar a empresarios y personas con recursos económicos, amenazándolos con ingresarlos en prisión, en connivencia con el abogado Joan Piqué Vidal. Tuvo que ser un empresario valiente que prefirió verse encarcelado a ceder al chantaje del magistrado el que destapara de una vez las actividades delictivas de los dos compinches. A pesar de que era de conocimiento, no sólo del estrecho círculo de jueces y abogados de Barcelona, sino del público en general, la actividad delictiva de Estevill, ya que fue objeto de rumores muy extendidos. Pero gozó de total impunidad hasta el extremo de ser nombrado en 1994, por Convergencia i Unió, miembro del Consejo del Poder Judicial, amparado directamente por Jordi Pujol. A este respecto el filósofo Reyes Mate escribió: “De Estevill lo que desasosiega no es tanto que prevaricara, sino que nadie de los que debieran hacerlo dijera basta cuando era un clamor la existencia de un juez corrupto”.

Esa omertá sin embargo no funcionó cuando se trató de apartar al juez Baltasar Garzón de la carrera judicial, ya que se había atrevido a iniciar procesos de las víctimas de los crímenes franquistas. Porque no solo la mayoría de la judicatura es de derechas sino que comparte con el resto de la ciudadanía el peor de los defectos: la cobardía.

En mi ya larga carrera jurídica he padecido la indiferencia, la hostilidad y los caprichos de los jueces en el tratamiento a las víctimas de diversos delitos, especialmente mujeres maltratadas, abusadas, violadas, y niños que sufrían los mismos males. Cuando le planteé a un juez que debía procesar a un marido y padre que no pagaba la pensión alimenticia de su familia, un juez me replicó que “a un buen padre de familia no se le puede meter en la cárcel.” Decía en mi anterior artículo en este periódico que la Escuela Judicial es la escuela del machismo. Y me ratifico. Como también lo es la preparación de psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, policías y demás personal que tiene que proteger, atender y defender a las mujeres víctimas del Patriarcado que domina nuestra sociedad.

La entrada de las mujeres en la carrera judicial estuvo plagada de desprecios, insultos y descalificaciones por parte de sus “compañeros”. Cuando uno explicaba la composición de una sala de la Audiencia de Barcelona, mencionaba el nombre de los dos magistrados y añadía: “y una niña”, porque el tercer juez era una mujer. Cuando otra sustituyó a un compañero en un juzgado, la llamaron “la prostituta” en vez de “la sustituta”. Quizá estas experiencias expliquen el comportamiento tantas veces cruel de algunas juezas contra las mujeres. Se trata de no ser calificadas de feministas por su clan, calificativo para ellos bastante peor que el de corrupto.

Si a los defectos humanos habituales, a la falta de formación democrática –ni me planteo pedir que sea feminista- que padecen, alguno de los pertenecientes a ese exclusivo club, que vive en su torre de marfil, se añade alguna anomalía mental, entonces los que caigan bajo su jurisdicción que pierdan toda esperanza, como la pobre víctima de la Manada. Sobre todo porque ni antes ni después sus “compañeros” ni nadie de la Administración de Justicia se atreverá a denunciar el caso y ponerle remedio. Al fin y al cabo las víctimas de su “singularidad” serán ciudadanos comunes sin relevancia, y si estos son mujeres ¿a quien le importa?

La sorpresa para unos y otros, tanto los jueces como el ministro, ha sido que de pronto han aparecido miles de personas a quienes SÍ LES IMPORTABA. Y han salido a la calle a demostrarlo. Y en el deseo de Catalá de desmarcarse de la responsabilidad que como máximo administrador de la Justicia le corresponde, ha desvelado, parcialmente, el secreto a voces de la “singularidad” de Ricardo González. Y antes que dar explicaciones, hacerse una autocrítica y pedir perdón a la ciudadanía, los jueces han cerrado filas y se han mostrado en toda su crudeza como ese cuerpo corporativo y exclusivo, encerrado en la prepotencia de su cargo, exigiendo respeto a todos los demás, hagan lo que hagan. Esa reclamación de respeto se ha convertido en un mantra que repiten y repiten, protegiéndose con él de cualquier crítica y petición de responsabilidades, como si el respeto no se ganase cada día observando una conducta ejemplar. Ese respeto que ellos no tienen a nadie más, ya que al parecer son los únicos que se lo merecen, aunque sus decisiones, tan decisivas, acarreen enormes males para la salud y la felicidad de los demás. Ese respeto que no tienen a las mujeres que acuden a solicitar su protección cuando han sido golpeadas y amenazadas de muerte por algún hombre o violadas salvajemente por criminales.

Al parecer únicamente los jueces pueden quedar impunes y al margen de críticas, de las que no se salva nadie más: ni políticos ni gobernantes ni siquiera jerarquías de la Iglesia. Instalados en el convencimiento de que únicamente ellos tienen la razón absoluta, se muestran ahora asombrados de que la ciudadanía, hombres y mujeres, hartos de sus arbitrariedades y del machismo de sus resoluciones, se atrevan a criticarles, y además a grito pelado en todas las calles y plazas del país. En un sistema que inviste de la mayor autoridad del país a personas solo por su capacidad memorística, y en el que luego nadie controla cómo ejercen esa autoridad, las arbitrariedades y “singularidades” están aseguradas. Y al parecer blindadas. Porque eso es lo que están pidiendo, a una, tan irritados, todos los componentes de las asociaciones de la magistratura, que se han asociado precisamente para eso, para defenderse numantinamente de los ataques exteriores. Si en España se siguiera el sistema estadounidense de elección popular de los jueces, otro gallo les cantaría a esos ensoberbecidos ejercientes de la justicia. Como también si de una vez se impusiera para todos los delitos el método del jurado popular. Pero eso sería demasiado para un país que no ha cumplido aún ni medio siglo en que la mayoría de los que juzgaban eran fascistas y militares.