Puede que los impuestos tengan ideología, pero de lo que han carecido muchos años ha sido de equidad. En devolver algo de esa equidad al sistema tributario parecen ir encaminadas las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos, que tienen en sus manos la oportunidad de acometer la revisión de un modelo que sirva para lo que fue concebido originalmente: redistribuir la riqueza y corregir las desigualdades, de manera que los que más tienen paguen más y permitan la asistencia a los más desfavorecidos. A esto, que puede sonar muy revolucionario, se le llama simplemente justicia fiscal.

No se trata de subir los impuestos para financiar el despilfarro, que es el soniquete que machaconamente se tararea desde algunos sectores, sino corregir el mal endémico del sistema, que no está en los gastos sino en los ingresos. Y es que aquí, ya sea porque unos se tomaron en serio la broma/curva de Laffer, según la cual bajar los tributos aumenta la recaudación, o porque otros quisieron demostrar que pagar menos a Hacienda era un rasgo definitorio de la izquierda, se consumó un disparate: España, aún en esta fase de crecimiento, sigue siendo el cuarto país de la Eurozona que menos recauda en relación a su PIB, por detrás de dos repúblicas bálticas –Letonia y Lituania- y de Irlanda, el refugio de las multinacionales.

El asunto es capital cuando lo que se pretende es mantener un Estado del Bienestar que financie adecuadamente la educación y la sanidad y pague pensiones dignas a sus jubilados. Y eso difícilmente puede conseguirse cuando los ingresos fiscales con datos de 2017 no llegan al 38% del PIB, más de ocho puntos menos que la media de los países del euro. Por ponerle letra a esta triste canción, el país deja de ingresar al año más de 80.000 millones de euros, lo que demostraría que no es que seamos pobres sino sólo imbéciles. Y como ni en Alemania (más del 45% del PIB), ni en Italia (46,6%) ni en Francia (casi el 54%) gobierna una izquierda confiscatoria, habrá que deducir que en esta piel de bovino nuestra los impuestos son bajos y hay quien no se retrata ante Hacienda ni en fotomatón.

La radiografía de las rentas apuntala esta última idea. El peso de los asalariados en el conjunto de la economía, aquellos sobre los que el control del Fisco es absoluto, se situó el pasado año en poco más del 47% del PIB, el porcentaje más bajo de las últimas tres décadas. En el otro plato de la balanza, que es el que sube, se encuentran los beneficios de las empresas, el pago de intereses y, por supuesto, las rentas del capital. Los salarios crecieron, sí, pero los beneficios de las empresas subieron mucho más, y de ahí que el porcentaje de la riqueza en manos de los trabajadores cayera. ¿Es normal que la renta salarial sufrague cerca del 90% del gasto público y que la inmensa mayoría de la clase empresarial declare ingresos de mileurista?

Así que, sin tocar el IVA, que es el impuesto más injusto porque grava igual a banqueros que a parados, urge una revisión general del modelo tributario. Hay que conseguir que las grandes empresas paguen por sus beneficios, porque es una rareza mundial que mientras la recaudación por IRPF en 2017 ya supera a la de 2007, el año cero de la crisis, la recaudación del impuesto de Sociedades sea inferior en 20.000 millones a lo ingresado diez años antes cuando los beneficios duplican en crecimiento a los salarios. No es admisible que las grandes tecnológicas sigan eludiendo tributar por su cifra real de negocio o que sean los contribuyentes los que financien grandes operaciones corporativas gracias a esos créditos fiscales que reducen y hasta suprimen la factura tributaria de sus actores.

Es también de sentido común que el IRPF sea un impuesto progresivo, algo que es incompatible con que el tipo marginal de quienes declaran ingresos de más de 60.000 euros al año sea idéntico al de quienes los triplican. O que la banca contribuya al esfuerzo colectivo después de que el país se haya endeudado hasta el tuétano para reflotar al sistema tras sus quiebras. O que se intensifique la regulación de la SICAV, el refugio de los grandes capitales, y se graven las transacciones financieras, cuya desregulación hace recaer casi en exclusiva la recaudación sobre asalariados y consumidores, las únicas espaldas sobre las que reposa el gasto público. De todo esto están hablando el Gobierno y Unidos Podemos. Ya era hora.