Que Rajoy se entere: España será una gran nación pero cada vez serán menos los españoles que serán muy españoles y mucho españoles. Lo acaba de certificar el INE, que ha pronosticado un descenso ininterrumpido de la población durante los próximos 50 años. Según estas estimaciones en 2066 habrá 5,3 millones de habitantes menos que ahora, y como consecuencia lógica los mayores de 65 años, que ahora representan un 18,7%, serán más de un tercio del total. Los descendientes de nuestros actuales dirigentes podrán sentirse orgullosos de sus ancestros por haber puesto los cimientos de una hazaña inconmensurable, la de acabar al mismo tiempo con el paro y con las pensiones.

Por si alguien fuera a preocuparse por sus nietos, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, lanzó este jueves un mensaje tranquilizador. La prueba de que todo está bajo control y que somos la envidia del mundo es que su ministerio, junto a la Virgen del Rocío, lidera un proyecto de cooperación y asistencia técnica para reformar la Seguridad Social en China. Se explica por qué los bazares de los esforzados asiáticos están abiertos hasta el amanecer.

Las proyecciones no son nuevas porque los bancos, aunque fuera para vender a cascoporro sus fondos de pensiones, llevan años dibujando la seta a la que quedará reducida la pirámide poblacional. Pero al mismo tiempo ya advertían de la necesidad de abrir las puertas a la inmigración e integrar plenamente a los recién llegados en la Seguridad Social para que el Estado del Bienestar no saltara por los aires.

En lugar de eso, se ha dado mucho trabajo a los fabricantes de concertinas y se ha brindado con cava, cuando todavía Cataluña no quería independizarse, por el retorno de los inmigrantes a sus países de origen empobrecidos por la crisis. La previsión para 2016 es que el número de extranjeros -4.418.898 personas- será casi un millón menos que en 2011. Simultáneamente, desde el PP se alababa esa manía de los jóvenes españoles de tomar las de Villadiego en los últimos años. Báñez hablaba de “movilidad exterior”, la lideresa Aguirre, de “motivo de orgullo”, y Wert explicaba que era una de las mejores cosas que podían hacer ya que, según González Pons, la UE era también su casa. Lo de las mentes preclaras de estos señores sí que constituía una verdadera fuga de cerebros.

De nada han servido los estudios que demostraban los beneficios de la inmigración, a la que se atribuyó un tercio del crecimiento económico experimentado en la gran bonanza. Un informe de La Caixa de 2011 desmontaba las barbaridades de Arias Cañete, ese comisario ejemplar que denunciaba que los inmigrantes colapsaban las urgencias y que eran muy malos como camareros mientras su señora lo que hacía emigrar a paraísos fiscales era su dinero. Ya entonces el colectivo sólo consumía el 5% del gasto sanitario y el 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales, pese a que un 30% eran pobres en comparación con el 18% de los autóctonos. Más aún, sólo el 1% cobraba pensión en contraste con su alta tasa de actividad, que ha sido la causante de retrasar durante años el déficit del sistema de jubilaciones.

Su papel no se ha limitado a ser contribuyentes netos del Estado del Bienestar. A ellos se debe por ejemplo que se elevara la tasa de actividad de las mujeres, que pudieron integrarse en el mercado laboral porque delegaron en inmigrantes la realización de las tareas domésticas y el cuidado de niños y ancianos. Bien lo sabe la exconsejera de Educación de Madrid e imputada en la Púnica, Lucía Figar: su criada filipina no sólo limpiaba el polvo sino que enseñaba tagalo a sus niños, y así lo hacía constar en su demanda de empleo para burlar al Servicio Regional de Empleo. Que no se diga que el PP no practica la inmigración ordenada, siempre con un contrato de trabajo de por medio.

En vez de agradecer la oportunidad que representaban esos “invasores” y enterrar el Santiago y cierra España, lo que se ha intentado es mercantilizar a personas, considerarles una fuerza laboral de la que uno puede deshacerse cuando vienen mal dadas o, en último extremo, demonizarles e impedirles su participación electoral, que es la mejor manera de que sigan siendo invisibles para determinados partidos políticos.

El último estudio del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, publicado en 2015, subrayaba que el salario de la población extranjera era casi la mitad que el de la española, entre otras cosas porque entre 2011 y 2014, mientras el salario medio español había aumentado ligeramente, el suyo se había reducido más del 16%. Paralelamente, el presupuesto del programa de educación compensatoria, el que previene la exclusión social, había pasado de 197 millones en 2012 a los cinco millones previstos para 2016, mientras se esfumaban de los Presupuestos los programas de apoyo y refuerzo en educación primaria y secundaria.

La mentalidad cortoplacista y cerril de nuestros gobernantes está cavando la fosa del país entero, ya que ni siquiera las barreras a la inmigración se compensan con políticas decididas de fomento de la natalidad. A fin de cuentas, el que venga detrás que arree es un dicho muy español y mucho español.