El insecto que jugaba a balonmano

Desde que se conoció la sentencia del Supremo contra Urdangarin, cuyo leve cepillado no impide que el cuñado del Rey acabe en la cárcel y que la infanta tenga que rascarse el bolsillo como beneficiaria de malversación y fraude, se ha alabado mucho que la Justicia haya sido ciega e independiente, la prueba de que la ley es igual para todos, en palabras de la nueva ministra Dolores Delgado. Lo cierto es que ese cuento, llegados aparentemente a su colorín colorado, no se lo creen ni los niños, más proclives ahora a pensar que Caperucita es completamente idiota por ir provocando al lobo.

Doce años después se ha confirmado aquello de que las leyes son telarañas dispuestas para atrapar mosquitos, causan leves molestias a los pájaros si se pegan en sus alas y son completamente inútiles ante los elefantes y sus campechanos cazadores. Si para algo está pensado el sistema es, precisamente, para generar una ilusión óptica de equidad, un espejismo que encubre que la Justicia es un desierto del que sólo algunos sacan agua y, en ocasiones, petróleo.

Urdangarin ha sido el tonto útil de esta causa porque, en realidad, lo que se juzgaba no eran sus mordidas a las diferentes administraciones con las que pagaba la reforma de su palacete de Pedralbes y su colección de pisos, sino la manera de actuar de una familia que durante décadas se ha abrigado con un manto de impunidad que sólo nos ha permitido ver a última hora los dedos de sus pies. El yerno del emérito es, si acaso, un meñique insignificante y amputable.

El insecto ha caído en la red por el empecinamiento de un magistrado de provincias que este martes dibujaba el inmenso boquete abierto por pájaros y elefantes. Si Urdangarin usó su matrimonio con la infanta como un “trampolín”, era su suegro el que estaba abajo con la manguera rellenando la piscina, el mismo al que no se pudo citar por su condición de inviolable y que, como reconocía el juez Castro, hubiera debido comparecer como imputado y no como simple testigo.

Lo que ha mostrado el procedimiento es precisamente la diferencia de trato que la Justicia dispensa a hidalgos y menestrales. Los primeros reúnen a su alrededor legiones de abogados, con el asesoramiento impagable de la Fiscalía General del Estado y la Hacienda pública; los segundos son carne de cañón y de presidio.

El detalle más ilustrativo de esta descarada arbitrariedad pasó casi desapercibido. Hacienda envío al juez una relación de supuestas compra-ventas de terrenos realizadas por la infanta por las que habría obtenido 1,4 millones de euros que no había declarado. Según se supo después, ni la infanta tenía fincas ni había podido, en consecuencia, venderlas. Todo se había debido, según explicó Montoro a un error en la carga de datos de la Agencia Tributaria.

De tratarse de uno de esos mortales con dos apellidos y no con diez, ese mismo error habría dado lugar a una actuación tributaria de manera automática, pero en este caso habían pasado ocho años sin que nadie moviera un papel o una paralela, sin que nadie se interesara por la aparente defraudación, sin que los ordenadores de Hacienda escupieran la liquidación correspondiente. Un día de aquellos Montoro iba a explicarnos lo que había pasado; hasta hoy.

La infanta, muy afectada, sigue sin explicarse por qué su marido ha de ir a la cárcel por hacer lo que siempre había visto en casa. Vuelve a hacerse la tonta como en el juicio. Urdangarin es la cabeza de turco de la familia, el dique de contención, el chivo expiatorio, un insecto musculoso que jugaba a balonmano.