Como los jugadores de mus que tienen poca fe en sus cartas, JAVIER DE LA ROSA ha aceptado el mal menor de una condena a tres años de cárcel, ante las perspectiva de pasar entre rejas diez más si la fiscalía se reafirmaba en su petición inicial por el caso Grand Tibidabo. Concluye así la enésima estación del viacrucis judicial de uno de los grandes representantes de la cultura del pelotazo, junto con MARIO CONDE, que tan mal fin hallaron cuando sus sucios trapicheos salieron a la luz pública.

En aquella infausta época, CARLOS SOLCHAGA, haciendo mangas y capirotes de su condición de miembro de un gobierno socialista, dijo sin pudor que España era el mejor país del mundo para hacer negocios. Y JR, como otros muchos, no quiso dejar por mentiroso al ministro, confiado en que sus tejemanejes quedarían impunes si compartía con el poder parte de los rendimientos que de ellos obtenía. Pero se le fue la mano.

De nada le valieron a la postre las cuantiosas dádivas que prodigó en su condición de “hombre de KIO en España”, ni su mutuamente interesada relación con el Rey, ni los halagos que recibió del mismísimo JORDI PUJOL (“empresario ejemplar” lo llamó) después de acudir en auxilio de uno de sus proyectos estrella, Port Aventura, que no levantaba cabeza. Aprovechando la invasión iraquí de Kuwait, JR quiso pescar en río revuelto, y lo consiguió hasta que los árabes, al volver las aguas a su cauce, descubrieron con estupor que había dejado la caja de KIO vacía y decidieron empapelarlo.

Para entonces, había ya un largo rosario de damnificados por la peculiar forma de desenvolverse de aquel “empresario ejemplar”, aunque todavía tardaría algún tiempo en saberse. Entre ellos estaban los clientes de la sociedad que dio origen a Grand Tibidabo, el Consorcio Nacional del Leasing, donde los ahorros de toda la vida de miles de jubilados catalanes se evaporaron de la noche a la mañana como por arte de birlibirloque.

JR empeñó buena parte de sus bienes para resarcir a los perjudicados y evitar que el peso de la ley cayera sobre él. Sin embargo, no cubrió todo el agujero (13.000 millones de pesetas) y, en cualquier caso, la maquinaria de la justicia, lenta pero imparable, ya se había puesto en marcha. Del oprobio que ese engaño masivo le procuró en su propia tierra tampoco pudo librarse.