ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

El reciente aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 será recordado por dos acontecimientos de cierta peculiaridad. Por una parte, el debate sobre la posibilidad de construir la Casa Córdoba

–un centro islámico con una mezquita– en las proximidades de la denominada zona cero. Y por otra, el protagonismo mediático que ha conseguido el pastor de una pequeña iglesia evangélica de Florida, gracias al anuncio de que planeaba quemar públicamente ejemplares del Corán si no se detenía la construcción del proyecto mencionado. Estos hechos están alimentado una auténtica ola de islamofobia, cuyos resultados todavía no son predecibles, pero que no por ello dejan de ser preocupantes.

En nuestro país la situación de los musulmanes también es muy delicada, tal y como se desprende de un reciente estudio que indica que el 53% de los españoles tiene una opinión desfavorable sobre este colectivo, y del hecho de que uno de sus principales problemas sea la dificultad para construir lugares de reunión para sus fines culturales y religiosos, pese a que, al igual que ocurre con la Casa Córdoba, su financiación sea privada.

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa protege el derecho de las confesiones religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, pero en algunos supuestos este derecho es obstaculizado por el elevado nivel de discrecionalidad que los ayuntamientos tienen en este terreno. En unos casos, los alcaldes han cedido con excesiva facilidad ante las movilizaciones de los vecinos contrarias a la construcción de mezquitas, debido al temor de perder un puñado de votos en las elecciones locales; y en otros casos, como acaba de ocurrir en Lleida, se ha ordenado el cierre cautelar de una mezquita por exceso de ocupación, y este se produce, como es evidente, porque la comunidad musulmana carece de los espacios necesarios para la práctica de su culto religioso.

La posición de estos ayuntamientos obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental y obliga a los musulmanes a reunirse en lugares inapropiados y clandestinos, lo que promueve su marginación y siembra la sospecha sobre el objeto de sus reuniones. Se trata de una situación conocida por el Gobierno, y que se habría solucionado si este hubiera impulsado la tantas veces prometida reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que ignora en exceso las necesidades de las minorías.