Guillermo Vázquez

Profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos

Parece que las dos principales fuerzas políticas han llegado a un acuerdo en Italia. Ahora, la confirmación de candidatos en la Cámara y el Parlamento no es más que el inicio de un camino difícil que debe llevar al país a la toma de medidas urgentes que propicien que la economía entre en la senda virtuosa del crecimiento económico, la inclusión social y la reducción de la deuda.

Oficialmente, Italia sale de la recesión en la segunda mitad de 2014. Sin embargo, la tasa de crecimiento económico promedio trimestral entre 2015 y 2017 apenas supera el 0,3%, con unas perspectivas de crecimiento para 2018 de apenas un 0,8%, según el FMI. En otras palabras, el país ha salido de la recesión, pero las políticas puestas en práctica no han dinamizado suficientemente la economía ni han propiciado una tasa de crecimiento acorde a las obligaciones del pago de la deuda pública.

Pero el principal problema de este país no es la tasa de crecimiento ni los intereses de la deuda, sino la fractura social tan extrema generada por la reforma laboral y la política de recortes públicos llevada a cabo por Matteo Renzi. Así, el Instituto de estadística italiano (Istat) considera que la pérdida de renta desde el inicio de la crisis es del 12% y que el número de italianos en situación de pobreza o exclusión social se sitúa ya en el 30%.

Estas cifras, junto a las relativas a la precarización del mercado laboral y a las que determinan un claro incremento de las desigualdades en términos de renta, deberían poner en alerta al futuro gobierno italiano a la mayor brevedad. No basta con ganar unas elecciones y conseguir formar gobierno. Eso es el paso previo a la definición de medidas que reviertan este contexto tan agudo de depresión de la demanda e ineficiencia de la oferta. Y evidentemente, será complicado hacerlo sin iniciar un proceso de negociación con Bruselas y el eje Berlín-Frankfurt.

Para potenciar el crecimiento económico será fundamental estimular la demanda. Para ello se deberá dinamizar el crédito bancario e incrementar la renta. Ahora, debido al poco margen disponible a la hora de poner en práctica políticas fiscales expansivas por el imperativo del equilibrio estructural que viene de Bruselas, es probable que para impulsar los niveles de renta se deba priorizar inicialmente en el fomento de la inversión empresarial y en la reducción de los niveles de precariedad laboral y de desempleo. Es decir, actuar desde la oferta a partir de la reforma del mercado laboral, con objeto de poner en práctica políticas estatales que incentiven la producción, el alza de los salarios, la mejora en las condiciones laborales y que ofrezca mayores y mejores oportunidades con el objetivo de frenar la fuga de cerebros en el país.

Para iniciar un programa de este tipo podría ser interesante tomar medidas legales que agilicen el crédito bancario y permitan un aumento de la inversión privada. En el caso de que sea demasiado violento tomar medidas de este tipo, se puede iniciar un programa de capitalización bancaria condicionada que asegure que un porcentaje mayoritario de la inyección monetaria se transforme en crédito directo a empresas y hogares.

De cara a la banca comercial, si bien un programa condicionado de este tipo puede privarle de inversiones directas más rentables fuera del sector real, está claro que propiciará una reducción del apalancamiento financiero y, previsiblemente, también de la morosidad. Incluso a corto plazo, y tras la inyección condicionada, al mejorar la estructura del balance, le permitirá acudir a los mercados a buscar financiación privada en mejores condiciones. Esta posibilidad toma mucha presencia en lo relativo a la gran cantidad de bancos italianos que se encuentra fuera de la órbita europea y nacional ante posibles rescates, ya que al operar a nivel regional y fundamentalmente local, no suponen un problema de riesgo sistémico. En total, serían unas 500 entidades, que no obstante apenas representan una cuarta parte del sector, pero presentan elevados ratios de morosidad.

Pero claro, lo anterior no bastaría para dinamizar con eficiencia el crédito empresarial. En el caso de la economía italiana el sistema bancario deberá ser reestructurado. Será importante iniciar un plan de fusión de entidades que racionalice el sistema y lo dote de mayor rentabilidad (de hecho la más baja de toda la Unión Europea). Paralelamente se deberán buscar fuentes de capitalización privada que apoyen este proceso, sin descartar posibles reajustes parciales mediante planes de capitalización bail-in.

Ahora, en todos los casos se deberá asegurar un fondo de garantía de al menos 100.000 euros por cliente del total de su inversión, y no solamente de la parte directamente convertible en liquidez. Este hecho reduciría los problemas de familias y empresas ocasionados por la compra de activos financieros que en operaciones de capitalización forzada o recate perderían todo o parte de su valor real.

En casos de potencial quiebra sistémica es probable que se deban poner en práctica planes de capitalización tipo bail-out, pero siempre con apoyo del BCE para no presionar al alza los niveles de endeudamiento público. Ahora, desde Frankfurt deben ser sensibles a la situación de fractura social que presenta el país y descartar la puesta en práctica de nuevas reformas estructurales que potencien la dinámica de destrucción de renta y demanda. Esta cuestión será también importante si el BCE toma parte activa en la política de capitalización condicionada descrita previamente.

Finalmente, quizá se podría comenzar a trabajar en un posible “banco malo” a nivel europeo que trabajase junto al BCE con objeto de reducir los niveles de morosidad de determinadas entidades europeas en riesgo de quiebra. Este hecho es importante de cara a la reducción del nivel de morosidad de las entidades bancarias que actúan a nivel local y regional, y que en el caso de Italia son el verdadero motor de la inversión empresarial.

En un escenario de este tipo, el BCE se ahorraría una parte importante de las inyecciones de liquidez derivadas de posibles riesgos de quiebra sistémica o parcial en la banca nacional de algún país con problemas, y finalmente podría operar con este “banco malo” a partir de operaciones directas que solamente afectarían a nivel cosmético a su balance. Tras un posible saneamiento de este “banco malo” por parte del BCE, se podría considerar la posibilidad de transformarlo en un verdadero banco público a nivel europeo.

Por otro lado, puede ser interesante que el futuro gobierno italiano, siempre con el apoyo de Bruselas, inicié el estudio de posibles medidas de reestructuración de la deuda. Debemos tener en cuenta que se sitúa por encima del 130% y que las obligaciones anuales de la deuda suponen, según el Deutche Bank, el equivalente a un 4% del PIB (el doble que el promedio de los países de la OCDE).

Sin duda, una medida de este tipo incidiría muy positivamente en las posibilidades de desarrollo productivo y social de una economía que necesita urgentemente un plan de activación de la inversión pública y privada. Queda claro que con las perspectivas de crecimiento económico resultará imposible reducir la deuda a partir del propio dinamismo de la economía. En consecuencia, y ante un escenario de intereses de la deuda superiores a la tasa de crecimiento económico, la alternativa de la negociación es la única posible para reducir el valor de esta macromagnitud y permitir que la economía italiana coja algo de aire.

En ese sentido, pienso que se debe huir de programas de quita, pues considero que es un debate perdido y que solamente estancaría la toma de decisiones. El debate de la deuda con Bruselas debe poner todas las cartas sobre la mesa, pero descartando aquellas que no permitan un avance en la negociación. Es urgente tomar medidas y avanzar en el proceso.

Por su parte, la Unión Europea debe ser protagonista y apoyar activamente al gobierno que salga de estas elecciones. Es fundamental que desde Bruselas y Frankfurt se transmita a los mercados estabilidad y confianza en la economía italiana. Esta cuestión es fundamental de cara a la atracción de financiación privada que capitalice el sector bancario, así como a la hora de facilitar la reducción de los elevados niveles de endeudamiento público mediante fuentes de financiación con tipos más asequibles. Este hecho reduciría además la presión sobre las tasas de crecimiento económico y permitiría mayores niveles de inversión pública.

Esto último sería decisivo de cara a la reducción de los elevados niveles de fractura social que presenta el país. Italia necesita urgentemente un programa ambicioso de inversión pública que actúe paralelamente al programa de dinamización de la inversión privada a través del crédito bancario. Este programa debe incidir directamente sobre los colectivos sociales que más han sufrido la crisis y que se encuentran en pobreza o exclusión social. Será difícil que las políticas desde la oferta incidan directamente en estos colectivos, y en consecuencia deberá ser el estado el que se haga cargo del impulso de la demanda de estos grupos sociales.

En el mismo orden de ideas, dentro de este programa gana especial importancia la lucha contra el fraude fiscal. Se calcula que éste se sitúa en aproximadamente un 7% del PIB anual, una cifra que iguala la inversión en salud del gobierno italiano, y que casi duplica la realizada en el sector de la educación (7% y 3,9% del PIB en 2016, respectivamente). Una actitud firme frente al fraude fiscal permitiría incrementar la recaudación fiscal y abrir la puerta a programas de gasto social, sin que por ello se perjudicase el objetivo de equilibrio presupuestario.

En definitiva, es fundamental actuar en tres escenarios. Uno desde la oferta que potencie la renta privada a partir del crédito bancario, la inversión empresarial, la mejora de las condiciones laborales y la generación de empleo inclusivo y estable. Otro desde la demanda que reduzca la fractura social e incentive la demanda a partir de la definición de programas de inversión pública en servicios fundamentales. Indudablemente, una reactivación del mercado laboral a partir de los parámetros descritos generaría una espiral virtuosa producción-renta-consumo-ingreso fiscal-gasto público-demanda-producción potenciadora de la demanda y de la oferta a todos los niveles. Finalmente, uno que, con apoyo de Bruselas, facilite los servicios de la deuda con objeto de reducir la presión sobre las tasas de crecimiento económico y abra la puerta a programas de inversión productiva y social de ámbito general que eleven el nivel de renta del país. Hay mucho trabajo por hacer y no sobra tiempo.