El Gobierno de Colombia dice que son dos millones: un cinco por ciento de la población del país. Las organizaciones humanitarias dicen que son cuatro: un colombiano de cada diez. La Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR) acaba de cortar salomónicamente por lo sano diciendo que son tres millones los desplazados internos de la violencia colombiana. Más que en Irak, más que en Sudán, más que en el Congo.

Gente expulsada de su casa y de su tierra, de los pueblos pequeños a las ciudades grandes, o, más exactamente, a los semáforos de las calles de las ciudades más o menos grandes, las que tienen semáforos, en cuyo paso obligado pide limosna esa gente llamada desplazada a los automovilistas que cierran (que cerramos) la ventanilla del coche. Gente acosada por el interminable conflicto a tres bandas que sobre sus cabezas enfrenta a tres organizaciones armadas: los grupos paramilitares de la derecha antisubversiva, las guerrillas de origen comunista y el Ejército del Estado

legítimo.

Tres organizaciones financiadas, las tres, por el narcotráfico. Los paramilitares de manera directa: combaten por el control de los territorios en que se siembra coca y por las rutas por las cuales se exporta cocaína. Las guerrillas, desde hace unos 15 años: cuando a sus tradicionales fuentes de financiación –el secuestro y la extorsión– sumaron el impuesto del “gramaje” a los campesinos cocaleros y luego el negocio de la explotación de la hoja. Y el Ejército, en fin, de manera indirecta: la ayuda militar norteamericana que recibe Colombia (la tercera en el mundo, después de Israel y Egipto) tiene como justificación la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno colombiano, que niega que haya un conflicto

–se trata de mero terrorismo–, tampoco acepta que existan los dos, o cuatro, o tres millones de desplazados por el conflicto. Los llama “migrantes internos”.El Gobierno de Colombia dice que son dos millones: un cinco por ciento de la población del país. Las organizaciones humanitarias dicen que son cuatro: un colombiano de cada diez. La Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR) acaba de cortar salomónicamente por lo sano diciendo que son tres millones los desplazados internos de la violencia colombiana. Más que en Irak, más que en Sudán, más que en el Congo.

Gente expulsada de su casa y de su tierra, de los pueblos pequeños a las ciudades grandes, o, más exactamente, a los semáforos de las calles de las ciudades más o menos grandes, las que tienen semáforos, en cuyo paso obligado pide limosna esa gente llamada desplazada a los automovilistas que cierran (que cerramos) la ventanilla del coche. Gente acosada por el interminable conflicto a tres bandas que sobre sus cabezas enfrenta a tres organizaciones armadas: los grupos paramilitares de la derecha antisubversiva, las guerrillas de origen comunista y el Ejército del Estado

legítimo.

Tres organizaciones financiadas, las tres, por el narcotráfico. Los paramilitares de manera directa: combaten por el control de los territorios en que se siembra coca y por las rutas por las cuales se exporta cocaína. Las guerrillas, desde hace unos 15 años: cuando a sus tradicionales fuentes de financiación –el secuestro y la extorsión– sumaron el impuesto del “gramaje” a los campesinos cocaleros y luego el negocio de la explotación de la hoja. Y el Ejército, en fin, de manera indirecta: la ayuda militar norteamericana que recibe Colombia (la tercera en el mundo, después de Israel y Egipto) tiene como justificación la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno colombiano, que niega que haya un conflicto

–se trata de mero terrorismo–, tampoco acepta que existan los dos, o cuatro, o tres millones de desplazados por el conflicto. Los llama “migrantes internos”.