Marià de Delàs

Periodista

Algunos personajes vienen diciendo desde hace tiempo que se sienten ofendidos cuando ven lazos amarillos en el espacio público.

Conviene recordar que se pusieron y se ponen para exigir la libertad de personas privadas de libertad como consecuencia de una actividad política, basada en la obediencia a la voluntad popular, expresada en las urnas. Por eso se afirma que estas personas son presos y presas políticas, evidentemente, y esto no tendría que ofender a ningún ciudadano que aprecie las libertades democráticas.

La población también coloca estos lazos en plazas, ventanas y en la propia ropa para denunciar la existencia de exiliadas y exiliados, que tendrían que poder volver libremente a sus casas.

Lazos amarillos en solidaridad con los presos políticos y exiliados y por ningún otro motivo.

La Junta Electoral Central (JEC), formada por ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos elegidos a propuesta de los partidos, ha confirmado este lunes que efectivamente los exiliados existen, porque ha privado de derechos políticos al presidente de la Generalitat que destituyó Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, y a dos miembros de su equipo, Clara Ponsatí i Toni Comín.

Los tres, del mismo modo que Marta Rovira, Anna Gabriel, Lluís Puig, Meritxell Serret, Adrià Carrasco i Josep Miquel Arenas, se encuentran fuera del Estado español, lejos de los suyos, solo para poder vivir y actuar sin ser encarcelados.

Se pueden ver y se verán estos lazos por toda Catalunya mientras este problema persista, porque hay muchas personas que quieren denunciar la inseguridad que genera la cúpula del poder judicial español.

También fue la JEC la que prohibió que los profesionales de los medios de comunicación públicos de Catalunya pudieran utilizar las expresiones “presos políticos” y “exiliados” en su actividad informativa.

Los periodistas defienden el libre ejercicio de su profesión, pero la JEC considera que son expresiones partidarias, que atentan contra la neutralidad informativa. Curiosamente, la agencia EFE y otros medios públicos españoles nunca hablan de Puigdemont o del resto de miembros de su Gobierno que viven en el extranjero sin añadir la expresión “huido”, sin tener en cuenta que han comparecido ante tribunales de otros países. Utilizan esta palabra, "huidos", sistemáticamente, en cumplimiento de una instrucción dictada por sus jefes que a la JEC le debe de parecer “neutral”.

Lo que hacen los magistrados y el resto de miembros de esta Junta es defenderse a sí mismos, aunque a veces, excepcionalmente, como ha sido el caso de la exclusión de los exiliados de la lista de candidatos de JxCat al Parlamento Europeo, se muestran claramente divididos.

Demasiado a menudo la cúpula judicial y otras altas instancias del Estado dan muestras de comportarse como actores políticos, alejados de la neutralidad y la imparcialidad que deberían garantizar. Intentan resolver fuera de la política conflictos políticos que no les corresponden.

La exclusión de Puigdemont, Ponsatí y Comín parece la respuesta de la mayoría de la JEC a los resultados de las elecciones de este domingo. Los suyos habían perdido.

La existencia de presos políticos y exiliados demuestra que el aparato estatal español vulnera derechos elementales. Decir que el actual régimen restringe libertades del mismo modo que lo hacía la dictadura franquista es una frivolidad, pero esta tontería, que a veces formula alguna persona, no es tan gruesa como la de quien afirma que lo que hizo el Parlament de Catalunya cuando declaró la independencia fue dar un golpe de Estado. La acusación de golpismo dirigida contra los soberanistas catalanes la reiteran como un mantra los dirigentes del PP y Cs cada vez que tienen que hacer una declaración.

Si no fuera por el drama que sufren los presos políticos, los exiliados y sus familiares, ver a los que intentan impedir por sistema los actos de condena de la represión franquista acusando de antidemócratas a las personas que los promueven parecería propio de un espectáculo satírico. Los que se oponen habitualmente a toda iniciativa o normativa en favor de la recuperación de la memoria democrática se empecinan en calificar de golpistas a las personas que quisieron y quieren ejercer un derecho democrático a través de un referéndum y de una mayoría parlamentaria en una cámara legislativa.

La historia de América Latina, como ha explicado exhaustivamente el sociólogo Marcos Roitman (1), está llena de terribles ejemplos de lo que han sido los golpes de Estado en el siglo XX, y también en el XXI, que ponen de manifiesto la naturaleza de este tipo de ataques contra las aspiraciones democráticas de los pueblos y contra los intentos de transformación social en diferentes países.

En la vida política española, por otra parte, existen anomalías antidemocráticas que esconden los dirigentes que acusan de golpista al soberanismo catalán. En nombre de la democracia, elogian el papel de Felipe VI, heredero de una institución restaurada por el dictador Francisco Franco. Un monarca que dos días después del referéndum del 1 de octubre de 2017, en plena jornada de huelga general convocada para protestar contra la represión, se otorgó a si mismo la facultad de descalificar a un gobierno elegido democráticamente, el de la Generalitat de Catalunya, y a los 2’3 millones de personas que habían acudido a las urnes.

Otro poder del Estado, el judicial, heredero también del aparato franquista, maltrata actualmente de mala manera a un grupo no menor de personas por el hecho de haber apoyado la realización de aquel referéndum.

Provoca sufrimiento de forma gratuita, porque lo que castigan y castigarán los tribunales, probablemente con sentencias muy duras, es el comportamiento de una parte importante de la sociedad catalana. La parte que a menudo manifiesta precisamente sus motivos para no querer formar parte de un Estado que encausa, procesa, priva de libertad, multa, inhabilita y sanciona personas que quieren ejercer libremente sus derechos elementales a la libre expresión, manifestación y decisión sobre el país en el que viven.

Fiscales, jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional, del Constitucional y otros tribunales se han lanzado a intervenir en un conflicto entre una parte de la ciudadanía y el Estado con medidas de represión, juicios y prohibiciones que no servirán para otra cosa que para distanciar todavía más las partes enfrentadas, para dificultar el diálogo y diferir hasta no se sabe cuando la posibilidad de encontrar una solución.

“La Justicia habría de ser un servicio útil. No lo es. Hoy día no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado”. Así lo constataba hace tiempo la magistrada Manuela Carmena. Lo explicaba en una ponencia (2) escrita para abrir un debate sobre la necesidad de proceder a una reinvención de la Justícia.

Lo que se dijo y escribió en aquel debate, muy rico en argumentos, impulsado por Espacio Público en el año 2015, resulta especialmente recomendable para todas las personas interesadas en lo que está pasando últimamente en los tribunales españoles. La actual alcaldesa de Madrid no podía sospechar entonces ni de lejos que pocos años más tarde se pondría en evidencia de una manera tan contundente y con tanta claridad lo que dejó escrito en aquella ponencia.

La siniestra sala del Tribunal Supremo, con aquellos hombres vestidos cómo si fueran miembros de una secta, que reciben en todo momento, ceremoniosamente, el tratamiento de excelentísimos, se ha convertido en escenario para la construcción de un relato falso sobre lo que pasó el 20 de septiembre de 2017 ante la Consellería de Economía de la Generalitat y aquel 1 de octubre en toda Catalunya. Un relato que no tiene nada que ver con lo que pudieron ver y sentir en sus cabezas, costillas y conciencias miles de ciudadanos. Una descripción de hechos que no se corresponde con lo que ha quedado grabado en videos. Documentos audiovisuales que la sala del Supremo, con el juez Manuel Marchena al frente, se ha negado a permitir su visionado en los momentos en los cuales podían haber obligado a decenas de policías y guardias civiles a no seguir el guion que les habían marcado.

Con ligeras variaciones, a preguntas de la Fiscalía, los agentes hablaron una y otra vez de las “caras de odio” que veían en las personas que encontraron en los colegios electorales, de la “resistencia violenta” que oponían los defensores del referéndum, de la “masa” y las “murallas humanas” que se lanzaban encima de ellos, de los “empujones”, “patadas y puñetazos”, lesiones, lanzamiento de objetos... Y escupitajos! Se trataba, todo el mundo se dio cuenta, de un relato previamente coordinado, que algunos de sus disciplinados intérpretes extremaron hasta el ridículo, con la comparación del propósito de votar con la violencia terrorista.

Este martes 30 de abril, después de de once semanas de juicio, en la sesión número 38, se ha podido escuchar por primera vez el testimonio de personas que sufrieron la violencia policial.

Los videos aportados como prueba del comportamiento pacífico de la población que quería votar y votaba a pesar de la violencia policial se podrán ver, pero difiriendo la exhibición de tal manera que impedirá la deconstrucción del relato ya realizado por agentes de policía, guardias civiles y responsables del operativo ordenado por el Gobierno del PP. Se trata, como explicó no hace mucho la jurista Isabel Elbal, de una “aberración en la praxis jurídica”. Dentro de un tiempo, señalaba, se mostrará el documento audiovisual número X, sobre lo que dijo el testigo número Y, que se pudo escuchar en la sesión número Z, y así sucesivamente.

El presidente de la sala del Supremo que juzga a los dirigentes independentistas, el magistrado Manuel Marchena, reía cuando un abogado le señalaba que un testigo de la acusación, policía, prestaba testimonio por segunda vez, pero puso cara seria y dijo que consideraba un insulto que un experto constitucionalista, Enoch Albertí, a preguntas del abogado Benet Salellas, hablara sobre la existencia del derecho de autodeterminación.

Ríe, cuando lo que están decidiendo él mismo y un grupo de magistrados cargados de puñetas son las condenas de años de prisión con las que quieren destrozar la vida de personas pacíficas y respetables.

Un presidente que controla cada vez menos sus nervios y se permite dar broncas y humillar a los abogados que intentan hacer respetar el derecho a la defensa de los presos procesados y que ya se ven obligados a protestar incluso porque no les dejan protestar ante las arbitrariedades que constatan.

No faltan personas atiborradas de “sentido de Estado” que quieren ver en Manuel Marchena un magistrado imparcial. Además de complicidades anteriores de este juez con la dirección del PP y de prácticas de dudosa ética profesional, que el corporativismo de sus colegas disimuló, es evidente que está dirigiendo de forma sesgada un juicio sobre actos no delictivos, que probablemente se castigarán con muchos años de prisión.

Este juicio marcará un hito, porque fomenta la pérdida de confianza en la justicia española. Desconfianza que se generaliza y se generalizará dentro y fuera del Estado español.

El poder judicial necesita un cambio radical. Si no se democratiza habrá más presos políticos y más exiliados.

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(1) Marcos Roitman Rosenmann. Por la razón o la fuerza. Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina. Siglo XXI de España Editores, 2019

(2) Manuela Carmena. La Justicia: hay que reinventarla. Espacio Público, 11 de febrero de 2015