FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional

El ATSJM 28/2010 ha consagrado finalmente zonas de impunidad en nuestro sistema jurídico, tal y como habíamos anunciado (Consejo Editorial de 10 de marzo). El Tribunal –que llega a equiparar esta intervención de las comunicaciones con la obtención forzada de confesiones por medio de tortura– sigue el criterio de que el art. 51.2 LOGP sólo autoriza la intervención judicial “en casos de terrorismo, máximo ataque a la convivencia social”.

Con mejor fundamento, el Voto Particular del Magistrado discrepante nos muestra el escenario que se abre a nuestro sistema jurídico: “La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio de las prisiones impediría la prevención e investigación”, haciendo posible “la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal vigente y en la relacionada normativa comunitaria europea e internacional que obliga a España y que puede dar lugar, de no cumplirse, a su responsabilidad internacional”.

La sentencia no conlleva la nulidad de todas las conversaciones, sino sólo de las que se produjeron con abogados que actuaron como tales. Tampoco supone el final del caso Gürtel, sino sólo la nulidad de las actuaciones que tengan conexión causal con las conversaciones referidas, a juicio del magistrado instructor. El Tribunal indica también que “deberá preservarse, en todo caso, que sea finalmente el órgano sentenciador el que se pronuncie de forma definitiva, en su caso, sobre la validez o invalidez de las intervenciones acordadas y de las pruebas derivadas de ellas”.

El perfil de la Justicia española que está asomando detrás del caso Gürtel es inquietante. De las tres causas abiertas, el TSJCV no ha querido ver la corrupción en Valencia vaciando de contenido el tipo penal aplicable. Ahora el TSJM no quiere oír las conversaciones en las que esa misma corrupción se manifiesta, creando zonas de impunidad para los delincuentes. Por último, el TS no se pronuncia sobre su parte del caso Gürtel, quizás porque está muy ocupado con los tres procesos contra Garzón: ayer mismo rechazó su recurso frente al Instructor Varela. Así pues, el caso Gürtel nos está mostrando una Justicia ciega, sorda y muda, una Justicia inerme, incapaz de proteger a la sociedad frente a la corrupción política.