Pere Vilanova

Catedrático de Ciencia Política

Alguien ha comparado el final de Gadafi con, por ejemplo, el de Sadam Husein o en su día el del dictador rumano Ceacescu. Este, en 1989, fue capturado, sumariamente juzgado y someramente ejecutado a tiros. Pero sólo vimos, por televisión y a destiempo, unos planos del supuesto juicio y un plano corto de los esposos Ceacescu ya muertos. Control de la imagen, control de los tiempos de comunicación, eso fue hace más de 20 años.

Con Sadam Husein el control de la imagen fue parcial, hubo algún plano del barbudo y despeinado exdictador sometido a un control médico, y luego los largos planos del juicio y del tribunal. El descontrol se produjo cuando uno de sus guardianes consiguió alguna breve imagen de la ejecución en la horca con su teléfono móvil. Pero pocas imágenes, y el impacto del hecho pasó enseguida.

Lo de Gadafi es otra cosa: transmisión en directo, en tiempo real, y por múltiples video-móviles de su tumultuosa captura y ejecución, que fue llanamente un linchamiento. ¿Se podía hacer de otra manera? En teoría sí. Se le podía capturar, encarcelar y juzgar, todo ello como ejercicio meritorio del nuevo Gobierno (CNT) de cara a una comunidad internacional que le ha echado más de una mano. También es un hecho que Gadafi murió durante un combate por la ciudad de Sirte, intentó huir, sus escoltas se defendieron a tiros y él llevaba en la mano una horterada de pistola de oro. Pero al final ha quedado en el aire un sentimiento de malestar general. Que Gadafi mató y maltrató a miles y miles de personas nadie lo discute, pero el Derecho Internacional Humanitario se creó, quizá como frágil aspiración, justamente para situaciones de extrema violencia, y son responsables de su aplicación todos los que combaten, pero sobre todo los que al final ganan.

Una garantía de que la transición en curso en Libia va en buena dirección pasaría por una demostración de que el CNT, a la espera de que se den las condiciones para estabilizar nuevas libertades e instituciones, controla realmente la situación en términos de orden público. Debe transmitir un mensaje claro: un Gobierno, si aspira a una lergitimidad democrática, no se dedica a la venganza, sino a la justicia. Sobre todo después de una larga dictadura y ante una larga (e incierta) transición.