OSCAR CELADOR

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

La tercera ley de Newton, también conocida como el Principio de Acción y Reacción, dice que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), este reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario (reacción). Este principio de la física también sirve para explicar cómo se han articulado las relaciones entre los estados y las confesiones religiosas en determinados momentos históricos. El laicismo que se asentó durante la III República francesa ejemplifica lo que queremos decir, pues la reacción del Gobierno francés fue su respuesta a los continuos ataques que recibió de la Iglesia católica durante el siglo XIX cuando esta, desconocedora de su fuerza y peso político real, reivindicó su soberanía en terrenos tan capitales para el Estado como la educación, e incluso de la mano del Papa Pío IX se atrevió a poner en duda la legitimidad política de la República. Francia vio en la Iglesia a un rival hostil y no a un grupo religioso que representaba el ejercicio colectivo de un derecho fundamental, y le trató como tal. La consecuencia no pudo ser más predecible: el clericalismo generó laicismo.

Los acontecimientos que se han desarrollado recientemente en el Distrito Federal de México parecen copiados de la experiencia francesa. Primero, en 2008, después de un intenso debate social y político, la Suprema Corte de Justicia estimó que las reformas operadas en el Código Penal y en la Ley de Salud del Distrito Federal para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación, eran coherentes con el marco constitucional. Segundo, en 2009, la Asamblea Legislativa de la capital mexicana reconoció a las parejas del mismo sexo los derechos a contraer matrimonio y a adoptar en igualdad de condiciones que las parejas de diferente sexo. Y tercero, la aprobación de las reformas legislativas aludidas se ha producido pese a que los sectores más conservadores de la sociedad mexicana y la Iglesia católica hayan liderado diversas campañas en su contra; por todo ello, y pese a que la Constitución mexicana reconoce expresamente el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas, la Cámara de Diputados acaba de aprobar por unanimidad modificar el artículo 40 de la Constitución para que México se defina como una República laica.

El itinerario legislativo seguido por el Distrito Federal de México presenta numerosas similitudes con la realidad española, pues en ambos contextos, pese a que la mayoría de la población se declara católica, sus gobiernos han regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto enfrentándose a manifestaciones sociales lideradas por la Iglesia católica. Los mexicanos, como en su día hicieron los franceses, han lanzado un mensaje claro y contundente a las confesiones religiosas al apostar por la inclusión de la laicidad entre sus señas de identidad política. Sería conveniente que, ahora que tanto se habla de la posibilidad de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, nuestros gobernantes tomasen nota.