Francis Gil*

El presente texto pretende ser una invitación sincera al debate teórico sobre el papel especifico de la acción colectiva en la conflictiva relación entre trabajo –en sentido amplio- y política –en el sentido fuerte del término. En su condición de invitación a la reflexión colectiva, éste artículo se decanta por presentar un conjunto de interrogantes e hipótesis abiertas a la discusión fraternal entre compañeros de viaje antes de proponer una tesis definida.

Atendiendo a estructurar el problema, quisiéramos llamar la atención sobre dos artículos publicados recientemente en Público: El texto de Eddy Sánchez, “Capitalismo flexible, precariedad y el nuevo asalariado urbano: las nuevas formas de socialismo”, y el artículo de Jorge Moruno, “Del derecho al trabajo al derecho al bienestar”. A nuestro juicio, ambos trabajos comparten un mismo error de base, ejemplificando de forma paradigmática la actual confusión dominante en ciertos ambientes militantes sobre la articulación de la praxis política en relación a la fuerza de trabajo. La perspectiva que se impone considera la fuerza de trabajo como subalterna del capital y, en consecuencia, como reactiva socialmente frente a la acción ofensiva del capital. En otros términos; se consideran las imposiciones políticas del capital como efectos secundarios o derivados de dinámicas económicas irreversibles, y no como pre-requisitos políticos para su propia supervivencia como agente socialmente dominante. Tres ejemplos servirán para concretar esta visión de las relaciones sociales de producción desde el ángulo ideológico del capital y no desde la perspectiva de las clases trabajadoras.

En primer lugar, se observa la precariedad -laboral y vital- como derivada de un modelo productivo basado en un “capitalismo flexible” (Sánchez) que ha dibujado una realidad social donde el “empleo estable y seguro está en decadencia, y todo intento de volver a un modelo de regulación parecido al de los años 60-70, está condenado al fracaso” (Moruno). La descripción general del escenario conlleva, inevitablemente, un análisis del ciclo social temporalidad-precariedad-desempleo desde el punto de vista del capital; es decir, como una realidad absoluta e incorregible derivada de la “fragmentación y la especialización flexible” (Sánchez) de la fuerza de trabajo resultante de las sucesivas crisis de valorización del capital. Partiendo de esta definición, el horizonte de las luchas sociales se describe sobre un campo de batalla marcado por la inestabilidad de un “nuevo asalariado urbano” (Sánchez) conformado como un sujeto cuya relación con el empleo resulta, obligadamente, discontinua y subjetiva. En segundo lugar, se sobreentiende que la necesidad de valorización del capital (privado) es una necesidad social y, por tanto, se interioriza que el Estado actúe como correa de transmisión de los intereses particulares y colabore en la configuración de una “sociedad precaria y flexible (…) basada en el infraempleo y la sobreexplotación del trabajo” (Sánchez), lo que expresa una absoluta disposición a asumir como inevitable “la desconexión entre crecimiento de la economía y la reducción de la desigualdad” (Moruno). Esta toma de posición es pasiva y sólo puede movernos voluntaria o involuntariamente a dos escenarios: o una espera infinita de la revolución, y casi nadie puede costearse esa espera, o una melancolía inconmensurable por lo que pudo haber sido y ya nunca será. En conclusión, y en tercer lugar, se infiere una pérdida de la centralidad del trabajo asalariado como articulador de las relaciones sociales (y políticas) dentro de las estructuras del capitalismo realmente existente ya que “la transformación general que tiene lugar dentro de nuestras sociedades a todos los niveles es de tal magnitud, que obliga a pensar en un cambio en la forma de organizar la convivencia y los criterio de ciudadanía más allá del empleo” (Moruno). Si bien esbozados esquemáticamente, los puntos de confluencia de los dos textos son obvios. La sociedad del “trabajo flexible” (la definición de ese término se da por supuesta) conlleva un incremento de la desigualdad (que no está relacionada con el empleo) y nos obliga a buscar una solución social, dentro del sistema capitalista, al margen del trabajo asalariado (un ingreso garantizado que se presupone establecido al margen del “sistema” salarial, pero protegido institucionalmente). Frente a la posibilidad de lo excesivo de nuestro resumen, o de una interpretación sesgada, sólo nos queda la invitación a leer ambos artículos y a corregir nuestras conclusiones.

Son numerosos los tópicos que se desprenden de ambos diagnósticos, aunque, sin duda, lo más llamativo del común posicionamiento es la asunción e incorporación de la lectura tradicional realizada por la ortodoxia posmoderna. Para dicha corriente intelectual, en sociedades de consumo de masas como las actuales el trabajo se convierte en una mediación social más que no aporta elementos sustantivos a la conformación de la identidad del sujeto. Esto es, las sociedades capitalistas posmodernas no se definirían por el trabajo asalariado, sino por el consumo y, por consiguiente, el empleo tenderá a convertirse en una “actividad” más, incluso en un “objeto de consumo”, dentro de la serie de actividades que desarrollan los individuos. La literatura que desbarata esta hipótesis es tan abundante y expresiva que no consideramos necesario detenernos en éste punto. Preferimos interrogarnos por una determinación concreta compartida por Moruno/Sánchez: ¿por qué ciertos sectores del pensamiento social crítico han asumido como real el relato ideológico de la cultura hegemónica? Esto es, ¿por qué se realiza una lectura de las relaciones sociales de producción -incluso cuando se presume una actitud crítica- desde el léxico intelectual del poder de mando y de las necesidades del capital, y no desde la crítica, legitima y coherente, de la posición del asalariado? Quizás un vistazo rápido al obrerismo italiano de los años 60-70 (esa etapa señalada por Moruno como irrecuperable) pueda servirnos a modo de explicación provisional.

El debate sobre el conflicto capital-trabajo adquirió durante la gran oleada revolucionaria de los años 60-70 un lugar central en el pensamiento político. En un texto ya clásico, publicado por Mario Tronti en el primer número de Classe Operaia (1964), “Lenin en Inglaterra”, definía, siguiendo a su manera a Panzieri, algunas de las problemáticas más complejas de la visión obrera de la relación de las luchas sociales con respecto a la praxis: “También nosotros –escribe- hemos visto primero, el desarrollo capitalista, después de las luchas obreras. Es preciso transformar radicalmente el problema, cambiar el signo, recomenzar desde el principio: y el principio es la lucha de clases obreras”. Tronti no está planteando una simple cuestión hermenéutica, de interpretación formalista del proceso, sino una inversión absoluta del punto de inicio del análisis. Si, en gran medida, los sindicatos y partidos obreros se encontraban encajonados en posiciones defensivas subalternas era debido a la comprensión del proceso capitalista fundada sobre la idea de reacción frente al capital. Mientras el capital definía las reglas de juego, establecía los márgenes de la negociación con la fuerza de trabajo y definía los límites de lo posible, la fuerza de trabajo se veía obligada a realizar movimientos tácticos de defensa de sus propios intereses, lo que le dificultaba enormemente avanzar en una estrategia política ofensiva. Encerrados en el lenguaje de las necesidades del capital, la fuerza de trabajo observaba como consecuencias o efectos lo que no eran sino imposiciones políticas para mantener el circuito de valorización del capital. Es decir, se asumían las condiciones económicas, desde un pacto político institucionalizado bajo la presión/amenaza de un empeoramiento, la famosa “depauperización” descrita por Marx, de las condiciones realmente existentes. El capital presionaba con tanta fuerza que incluso las autodenominadas fuerzas “anticapitalistas” asumían el marco de una negociación condenada de antemano a la rendición.

Esta misma actitud, en la que “táctica y estrategia de la clase obrera se contradicen”, es hoy perceptible en el discurso sobre el trabajo de quienes asumen como irreversible, y sin resistencia posible, el proyecto de desvalorización de la fuerza de trabajo. Esa es la ideología que se transpira en afirmaciones como: “Vamos a ser claros: la sociedad estructurada alrededor del empleo estable y seguro está en decadencia” (Moruno); o en reivindicaciones paradójicas de la subjetividad: “Elementos que requieren recuperar aquella dimensión del socialismo abandonada por la socialdemocracia heredera de Bernstein: la dimensión emancipadora de la subjetividad” (Sánchez). Efectivamente, seamos claros, seamos realistas: ni la subjetividad obrera ni la renuncia (¿voluntaria?) al empleo estable suponen una amenaza real al sistema de dominación capitalista. Ambas tendencias -el subjetivismo militante y el negacionismo voluntarista del trabajo- serán, directa o indirectamente, apoyadas por el poder de mando capitalista. Ninguna operación es más rentable para el establishment que la generación de confusión, división y fractura dentro del movimiento obrero políticamente organizado. El subjetivismo voluntarista es una de las figuras políticas tradicionales del pensamiento reaccionario, ya que descarga todas las responsabilidades de la situación concreta del trabajador concreto sobre el individuo aislado. Que las relaciones laborales son asimétricas, que todo contrato es una forma de explotación jurídicamente validada lo sabemos, incluso, antes de que Marx lo explicitará.

Quienes presentan la perspectiva de la “lucha de clases obreras” como una resistencia pasiva condenada al fracaso adoptan el viejo punto de vista de los reformistas clásicos. Al comprar el marco de relaciones sociales del adversario, interiorizan el lenguaje de la necesidad de un “modelo productivo” (vía reformas “estructurales”) ajustado a las demandas políticas del capital. El error metodológico que señalábamos al inicio se evidencia en sus consecuencias prácticas. De un lado, se interpretan las formas “cuasiobjetivas” de la economía capitalista como reglas generales incuestionables y, en consecuencia, se ignora la especificidad histórica de las mismas y su constante mutación. Se ignora también -si es que realmente se desean superar- la necesidad de supresión de las formas de dominación social adscritas a este reglamento jurídico-laboral. Del otro lado, se concede, sin resistencia, el poder de mando al capital y se asume una posición subalterna de la fuerza de trabajo respecto al mismo, interiorizando como “consenso” (término fetiche de quien ostenta el control de la situación) el hecho de que sea el capital el que fije las reglas del desarrollo social general: costes salariales y tasa de beneficio, inversiones estratégicas, distribución de los tramos fiscales e impositivos, etc. Es decir, se acepta que la precariedad-temporalidad-desempleo, al ser funcionales al proceso de valorización del capital, son inevitables y, por tanto, el programa político de una fuerza de oposición (que no de resistencia en sentido pleno y fuerte del término) debe elaborarse en función de criterios de correcciones institucionales de la tendencia lógica del capital. La realpolitik ocupa el lugar de la política. Toda posibilidad de cambio real es suplantada por la cosmética de la regeneración de las élites dominantes. En esa rendición ante el poder de mando del capital reside la “traición” del reformismo, y no en los falsos debates sobre la táctica correcta o la mitología sobre la forma-Partido y sus cantos órficos a la “democracia interna”, “la participación” y el “horizontalismo”. El problema del “reformismo” no reside en las diferencias tácticas o en cuestiones de estilos y estéticas; nos enfrenta a un conflicto entre modelos políticos: O bien se adopta el punto de vista del trabajo, como fuerza social antagonista, o bien se asume el marco de la negociación con el poder del capital. En el primer caso se cuestiona, obviamente, el conjunto de la arquitectura del Estado y el propio ordenamiento jurídico, en el segundo se acepta la posición de rehén de quien detenta el poder del Estado y lo utiliza en defensa de sus intereses de clase. No se trata de elegir entre “reforma o revolución”, sino de optar entre rendición o combate, entre reforma o ruptura.

Volviendo al principio y terminando. Hemos abierto varias líneas de discusión sobre diferentes modelos de comprensión política de la relación entre trabajo asalariado y capital, pero no hemos concretado las bases del debate. Proponemos ahora una síntesis, esperando que el debate sea rico, abierto y productivo. Para resituarnos tomemos la no-respuesta de Toni Negri a Mario Tronti veinte años después en Lenin en Nueva York. En aquel texto Negri nos ponía ante un espinoso desafío: “La crisis elimina aquella ley del valor que conocíamos, pero no elimina los términos de la explotación. Todavía hay quienes mandan y quienes están sometidos a ese poder de mando, quienes sufren el trabajo y quienes gozan y se enriquecen gracias a él. […] Hoy lo político preconstituye lo social. (…) Debemos forzar la situación. Debemos considerar lo político como arma adecuada, debemos construirlo como contrapoder, para liberar lo social”. Esta serie de afirmaciones comprenden un programa político de resistencia a la ofensiva: “Debemos forzar la situación”; es decir, asumir el paso de la crítica a la práctica, de la teoría a la praxis, y negar la legitimidad del capital como agente articulador de las relaciones sociales generales (“el poder de lo negativo”, diría Adorno) Negar la legitimidad del capital para determinar el “valor” social. Las tesis políticas de Negri suponen al mismo tiempo una apertura y una apuesta por la construcción de la política como herramienta “para liberar lo social”. La jugada de Negri es una apuesta política para leer la relación capital-trabajo como la expresión de una dominación ontológica y la obligación de su superación social en base a criterios éticos y de derechos fundamentales. Una liberación del trabajo basada y fundamentada sobre la subversión legitima frente a la dominación.

Desde esta perspectiva, ¿qué puede significar Lenin en Disneylandia? Para nosotros, Lenin en Inglaterra significa adoptar el punto de vista teórico de la fuerza de trabajo frente al capital y, con ello, negarle al capital la legitimidad de describir el horizonte de posibilidad de lo real. Lenin en Nueva York supone ir un paso más allá, y cuestionar la posibilidad de encapsularnos en formas cíclicas inevitables de precariedad-temporalidad-desempleo y así reducir nuestra subjetividad a mercancía, la “mercancía fuerza de trabajo”, para poder explotarnos bajo nuevas codificaciones sintácticas que resignifican las viejas prácticas de dominación. Por tanto para nosotros, hoy, Lenin en Disneylandia explicita la necesidad de configurar un sujeto político de oposición capaz de repensar alternativas políticas de resistencia que prefiguran la victoria social, en un incremento de la presión popular, y que no deslizan el problema de la relación salarial del “precariado” fuera del marco de la contradicción capital-trabajo hacia territorios de intervención social y/o asistencial. Pensar la precariedad, no puede significar asumir la precariedad y buscarle alternativas asistencialistas. Necesitamos reconocer al capital como el “sujeto automático” definido por Marx, enfrentado a la sociedad y, por consiguiente, materia de reflexión política estratégica. Necesitamos ganar fuerza política para “liberar lo social”, lo que debe traducirse en una intensificación del cuestionamiento, en una ensanchamiento de las demandas democráticas, también en el la organización de la producción y la democratización del trabajo asalariado. La única perspectiva de abolición de la explotación es la superación política de la relación salarial y, en tanto que programa para la acción, necesitaremos liberarnos de las limitaciones históricas que el capital nos impone bajo la forma de un modelo de producción determinado. Mientras tanto, la praxis debe orientarse a la negación de las políticas del trabajo impuestas por el capital bajo la forma de necesidades objetivas de la producción. Rechazando sus presiones como las únicas opciones reales y estableciendo resistencias políticas, institucionalmente articuladas, que establezcan límites claros a la desvalorización de la fuerza de trabajo y a la conversión de la precariedad en un modelo políticamente asumido de explotación laboral de la fuerza de trabajo.

* Francis Gil. Doctorando en filosofía por la UCLM.