En el gobierno de la Comunidad de Madrid la principal lacra es la corrupción. Su principal componente es una trama mafiosa que adopta diversos nombres policiales (Púnica, Gürtel, etc.) con una característica común: aparecen y reaparecen entremezclados los nombres de diversos dirigentes del Partido Popular con importantes responsabilidades institucionales y poder como es el caso de Francisco Granados o de Alberto López Viejo. Desde ayer suena con fuerza el nombre del número 2 de la Comunidad, Salvador Victoria, en relación a unos contratos que la Guardia Civil investiga. Como consejero de Presidencia y portavoz del gobierno regional y como presidente del Comité Electoral del PP madrileño tiene solo menos poder que Aguirre y González en la Comunidad de Madrid. Desde su puesto en el gobierno regional puede controlar los asuntos que vayan al Consejo de Gobierno como grandes contrataciones, recalificaciones, etc. Y siempre, amagando sin dar, planea la sospecha sobre el propio presidente Ignacio González. Veremos. Para que no falte parecido alguno con tramas como las de los padrinos de Chicago, todos ellos se han hecho espiar los unos por los otros.

Madrid, un caso clínico

La llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid mediante el “tamayazo” conformó el ADN de los gobiernos neoliberales madrileños: lobbies empresariales capaces de comprar voluntades para determinar la configuración de un poder político favorable a esos intereses privados. Casi todos los sectores de la economía han conocido próceres que han estado implicados en esa maraña de favores público-privados en los gobiernos de Aguirre y su sucesor Ignacio González: construcción, inmobiliarias, ocio, hostelería y restauración, gran comercio, sanidad, farmacéuticas, cajas de ahorro, enseñanza, explotación de bienes y servicios públicos y un largo, etc.

No estamos, aunque también, ante un mero caso de “puertas giratorias” de ciertas individualidades -como es el caso de dos de los consejeros de sanidad- sino de una trama en la que desde el poder político se usan los recursos públicos para favorecer el negocio privado y, de paso, hacer negocio los propios políticos. Las formas de llevar a cabo el saqueo de lo público han sido varias al igual que sus consecuencias de corto y largo plazo.

En primer lugar los políticos del PP se rodearon, jalearon y fueron jaleados por empresarios ejemplares incursos en diversos procesos judiciales como el presidente de CEIM y de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (en prisión), el presidente de la CEIM Arturo Fernández Álvarez (imputado y amigo del pequeño Nicolás) y el magnate del juego, el sionista Sheldon Adelson (imputado en su país). El presidente González aseguró sus vínculos y amistad con patronal madrileña en la época en la que su mujer, Lourdes Cavero, fue adjunta a la presidencia de la misma, tras pasar por la CEOE y UNESA (siempre por méritos del dedo de alguien).

Ello abría la posibilidad de llevar a cabo proyectos como Euro Vegas en los que los gobernantes de la Comunidad mostraron su talante cuando proponían hacer caso omiso de diversas leyes con tal de alcanzar su objetivo o también cadenas de concesiones administrativas que alimentaron, sin riesgo alguno, diversas aventuras empresariales en los servicios de restauración de diversas instituciones siempre al mismo, en la limpieza viaria o jardinería o en la asignación de los colegios infantiles a empresas de la construcción. Caso aparte merece la sanidad dónde gran parte de la “expansión” de la misma ha sido vía la construcción de hospitales sin funcionamiento o mediante la privatización encubierta favoreciendo a empresas creadas ad hoc, mientras se recortaban plantillas y servicios en la sanidad pública.

Negocio privado con la garantía del Estado

Los defensores madrileños del liberalismo económico del tándem Aguirre-González, por su parte, han vinculado totalmente sus intereses y negocios a la piñata de bienes y servicios públicos. Han logrado, aprovechándose de sus cargos políticos, un record de colocaciones a dedo en el área pública de amigos y familiares sin experiencia ni competencia alguna en las tareas encomendadas. Llegando a la paradoja de que a la vez que se despedían empleados públicos y se rebajaban los salarios reales, crecía el número de asesores puestos “a dedo” sin cualificación alguna y retribuidos a precio de oro.

Podemos extraer una primera conclusión: el PP de Madrid, una vez estalló la burbuja inmobiliaria y se secaron los pozos de la obra pública y tras el fracaso de la bienvenida a míster Adelson, está intentando ocupar directamente y en compañía de algunos socios capitalistas los nichos de negocio de la sanidad, la enseñanza y los servicios públicos. Tal es el caso también de bienes esenciales, comunes y hasta ahora públicos como el agua.

A la vez, hemos visto aflorar como setas decenas de supuestos emprendedores –también amigos y familiares de los políticos que gobiernan la Comunidad y los principales ayuntamientos de Madrid- que sin base empresarial han sido meros “concesionistas” de lo público, jugando a lo seguro y sin asumir riesgo alguno en la más diversa gama imaginable de contratación alegal, ilegal o simplemente “por qué sí” de eventos y fiestas mediante una maraña de empresas fantasma jugando el papel de contratas y subcontratas. Ahí la “Gürtel” hizo su agosto. No es de extrañar que el señor Correa aparezca vinculado, según últimas noticias, a empresas extranjeras que trabajaron para operaciones privadas de los señores González y Bárcenas. Y quien sabe si además de compra ventas privadas no había también movimientos de fondos partidistas, llamémosles opacos.

La maraña González

El presidente de la Comunidad Ignacio González lleva años urdiendo tupidas pero desconocidas redes de influencia, lealtades e intereses procurando trabajos y oportunidades de negocio. Sirva como ejemplo del pluriempleo digital, el nombramiento como directivo de Bankia de Pablo González –hermano del presidente- (no imputado) y actualmente reubicado en la empresa pública Mercasa. O de su cuñada Carmen Cavero ex consejera de Bankia (en situación actual de imputada) y de su filial para participaciones industriales Caja Madrid Cibeles y socia de Subastas Segre (nombre a retener). Mayte Jiménez, esposa de Salvador Victoria, fue nombrada consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia, el 9 de junio de 2009; anteriormente había estudiado el bachiller, había sido "adjunta a la dirección" de una escuela infantil de Las Rozas y manifiesta tener un nivel medio de inglés. También promocionó políticamente a su hermana Isabel Gema González, diputada autonómica y esposa de José Juan Caballero, socio del hermanísimo Pablo en Tecnoconcret adjudicataria de la construcción del campo de golf de Chamberí. Y con ellos aparecen en escena todo tipo de maniobras sobre bienes del Canal.

Sirva como ejemplo de la nueva casta de empresarios y negociantes, operaciones como la del campo de golf en las instalaciones del Canal en Chamberí en manos de un hermano y un cuñado del actual presidente de la Comunidad, los millonarios contratos de publicidad con Carat –vinculada a Miguel Ángel Rodríguez- o que la selección de personal se encomiende a una socia de la esposa de González en Subastas Segre, Cecilia Domeq, a través de Magallanes Consultores de Dirección.

El entorno del Canal de Isabel II es una de las fuentes de poder, negocio, proyección económica y correlación de fuerzas en el seno del PP español entre las controladas desde la Puerta del Sol. Posición que el PP madrileño no quiere compartir con nadie. Eliminada la supervisión sindical, había que monopolizar la palabra para poder guardar bien los secretos. Para ello ha sido necesario contar con aquellas personas que por uno u otro motivo tienen lazos personales, políticos y económicos con el núcleo biatómico de las decisiones Aguirre-González (hasta ahora).

A modo de ejemplo de los tejemanejes en el Canal de Isabel II: Álvaro Ulloa Suelves –marqués de Castro Serna y uno de los pocos ex consejeros de Bankia que no ha sido, hasta ahora, imputado- fue repescado tras dejar la entidad financiera como director gerente del ente público Canal de Isabel II por Ignacio González y es amigo de otro noble, el conde de Murillo, o sea Fernando Ramírez de Haro, marido de Aguirre, quien actúo como testigo de la boda de Ulloa con su primera mujer, Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Arcos. Entre gentes de sangre azul anida la paloma del PP madrileño y también el negocio de los solares, la banca, los casinos y el agua.

Además para encargar informes ¿en quién confiar?: en empresas dónde haya alguien de la familia. El estudio de la viabilidad jurídica del Plan B privatizador –una vez el mercado quedó seco sin compradores de agua-, el actual despiece del Canal en una microempresa pública y una sociedad anónima con participación pública, Canal Isabel II Gestión, se ha hecho con dinero público (más de 1 millón de euros) que fue hacia despachos como el de Cuatrecasas donde trabaja Pilar Cavero, cuñada.

Modelo de reparto de los beneficios del poder

El esquema de las redes es bien sencillo. Los criterios de meritocracia que defiende el PP, con Aguirre al frente, quedan reducidos a las viejas formas de simonía y reparto de prebendas en la que nuestros compatriotas los papas borgias tantas lecciones nos dieron. No hay vínculo más firme que compartir hogar, dividendos o favores.

Amistades, militancias, lazos familiares y… negocios compartidos en torno al núcleo del PP madrileño sellan la alianza de la vieja y rancia nobleza propietaria de la tierra –hoy solares-, los altos funcionarios de la administración, las patronales bancarias y de la construcción y los nuevos negociantes plebeyos y de las también viejas y rancias clases medias conservadoras madrileñas, ayer franquistas hoy demócratas de toda la vida.

Buena parte de los nombres aludidos son familiares y amigos, se deben favores y forman parte de una pequeña élite que accede desde la cuna a cargos de dirección de forma “natural”. Forman parte de la clase dirigente. Son la gente que considera normal que su trayectoria “profesional” sea una sucesión cargos políticos, consejos de administración y oportunidades de hacer negocio a partir de la información que circula en su exclusivo club. Pertenecer al mismo es un seguro de vida, una vía para acceder es afiliarse al PP. Evidentemente ello comporta tener un discurso neoliberal privatizador y una práctica parásita y depredadora de lo público como plataforma del lanzamiento de ganancias privatizadas.

La secuencia ha sido la siguiente: vinculaciones previas con la administración (la mayoría de los políticos del PP son funcionarios sea cual sea su formación académica), instrumentalización de la política para adquirir poder, ocupación del espacio público con asesores partidistas mediante el dedo selector, creación de una conciencia de propiedad privada sobre lo público por parte de esa élite de gestores mercenarios, descalificación de la eficiencia pública por parte de quienes precisamente gestionan lo público, privatización y ocupación del negocio creado. De libro, y probablemente aprendido de los Putin.

Frente a esta secuencia de terror hay una tare política urgente: ganar Madrid y recuperar la democracia.