Siete países de Latinoamérica tienen en sus Códigos Penales criminalizado cualquier supuesto de aborto. Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y El Salvador. En otros como Costa Rica, México y Argentina donde se contempla la posibilidad del aborto terapeútico, la conjura entre médicos y jueces hace prácticamente imposible que una mujer pueda acceder a interrumpir su embarazo en el Servicio Público de Salud.

En México una niña de 11 años quedó encinta al haber sido violada por su propio padre. Ni la evidencia de la agresión, ni el peligro que vivía la criatura inmadura para dar a luz, ni la presión de las feministas movieron un ápice a la compasión ni a la Iglesia ni al Estado para permitirle el aborto.

En Chile ha gobernado una coalición llamada de Concertación Democrática que ha estado presidida durante una legislatura por la socialista Michelle Bachelet, que repite ahora mandato, y sin embargo ha sido imposible que se legalizara el aborto, ni siquiera en los casos más graves.

En Costa Rica a pesar de estar permitido el aborto terapéutico es casi imposible que una mujer embarazada de un feto inviable pueda practicárselo en el Servicio Público de Salud.

En Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega, otrora guerrillero y dirigente del Frente Sandinista, llegó a un acuerdo con el reaccionario cardenal Obando, para prohibir, en todo supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo. Me llegan los llamamientos desesperados de las organizaciones feministas explicándome que están muriendo diariamente mujeres por practicarse abortos clandestinos en condiciones sanitarias deplorables, y que si descubren a las supervivientes las encarcelan.

En El Salvador, donde desde hace dos legislaturas han ganado las elecciones los dirigentes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que libraron durante veinte años una cruenta guerra contra la oligarquía que mantenía uno de los más sanguinarios gobiernos de Centro América, están encarceladas 17 mujeres por haberse practicado un aborto. Es muy penoso comprobar que los revolucionarios pueden comportarse con las mujeres como los peores reaccionarios.

En todos estos países los médicos se han rendido al poder, sin mostrar un ápice de compasión y humanidad, cobardes atemorizados se niegan a practicar ningún aborto, incluso cuando la vida de la madre corre peligro o el feto es inviable.

Pero tanto los medios de comunicación como los políticos de los países democráticos, tratan a los mandatarios latinoamericanos que mantienen tal represión contra sus ciudadanas como si se tratara de iguales, obviando cotidianamente cualquier denuncia contra la masacre que allí se produce para impedirles a las mujeres la libertad de decidir su maternidad.

En unas sociedades como las de esos países latinoamericanos, en donde rige un patriarcado primitivo y la violencia contra las mujeres se ejerce por los hombres impunemente, donde las desigualdades económicas sitúan a las mujeres pobres en el último escalón de la marginación, en las que persiste la imposibilidad de acceder a los derechos fundamentales por parte de las clases explotadas y particularmente de las mujeres, donde la participación de estas en la vida política sigue siendo minoritaria o coaccionada por intereses políticos de los partidos gobernantes que no reflejan sus intereses, la penalización del aborto significa una doble represión contra ellas. En esos países, a pesar de sus pomposas declaraciones de democracia, con las que sus gobernantes se llenan la boca en discursos públicos y en las relaciones diplomáticas con el resto del mundo, no se ha amenguado un ápice la influencia de la Iglesia católica más reaccionaria, con una negación permanente para cumplir la Laicidad del Estado, siendo así que la doctrina de las Encíclicas sigue rigiendo la vida civil.

La penalización absoluta del aborto, en los países antes reseñados, debe afectar a la conciencia de todas las mujeres y de todos los hombres que acepten los principios fundamentales que han construido los Estados Modernos. La libertad, la igualdad y la fraternidad son conceptos vacíos, pervertidos y gastados, cuando se persigue a las mujeres por disponer de su propio cuerpo y se les prohíbe escoger cuando quieren ser madres. La propia Organización Mundial de la Salud ha aconsejado a los gobiernos que legalicen el aborto y se practique en el Sistema Público Sanitario. Está demostrado que en los países donde rigen tales normas legales no solo dejan de ocasionarse muertes por abortos sépticos, así como las consecuencias invalidantes de estos, sino que implementando a su vez los métodos anticonceptivos modernos se producen menos embarazos indeseados.

En Chile, en Honduras, en Argentina, en México, cuyos gobernantes aparecen triunfantes y contentos en los medios de comunicación, presumiendo de que en sus países se ha implantado la democracia y la modernidad, no importa si la vida de una mujer gestante corre peligro, no importa si las condiciones del feto son incompatibles con la vida, y menos aún si el embarazo es producto de una violación. Cientos de niñas, jóvenes y mujeres adultas son obligadas a parir sin que haya que velar por su bienestar físico y emocional ni se tenga en cuenta su decisión.

En ningún momento de su vida como en la maternidad se constata con total evidencia que las mujeres constituyen la clase más explotada y oprimida de esos países, que son vistas como simples máquinas de reproducción, y que sobre su existencia recae con toda crueldad el dominio patriarcal que considera los cuerpos de las mujeres como su propiedad.

El machismo se ceba en todas las mujeres. Incluso las de mayores recursos económicos –que suelen pertenecer al padre o al marido- tienen que contar con el permiso de estos para que puedan abortar en los hospitales privados. No son dueñas de su decisión. Los médicos no las atenderían sin contar con la anuencia del hombre que las posee. Por supuesto, en ningún país del mundo se considera que el aborto es responsabilidad de los hombres con quienes han engendrado las mujeres, acusadas de ser delincuentes. Tanto el sufrimiento físico y emocional, como la responsabilidad social y criminal recaen exclusivamente en la mujer. Ellos no son cuestionados en ningún momento, ni se les imputa en el proceso penal. Inclusive cuando un embarazo es producto de una violación en el seno del matrimonio. Y fuera de él, la imposibilidad de probar la violación hace que el noventa por ciento de los casos queden impunes.

Todas las mujeres y todos los hombres que creen y defienden los Derechos Humanos deben unirse a la campaña para exigir que el aborto se despenalice en esos países, por una cuestión de justicia, de derechos humanos, de salud, de ética y de libertades fundamentales; porque las mujeres son seres humanas.

Las medidas más elementales que los gobiernos deben aprobar para proteger la vida y la salud de sus ciudadanas comienzan por despenalizar el aborto terapéutico, con carácter libre y gratuito, como paso fundamental para erradicar las barreras legales que deterioran aún más los servicios de salud para las mujeres y su igualdad en derechos con los hombres.

Así mismo, esos gobiernos deben organizar al acceso a métodos anticonceptivos eficaces y no dañinos y extender en la población la educación en Derechos Sexuales y Reproductivos, que genere cambios socioculturales para la erradicación de estereotipos machistas con respecto a la maternidad, a fin de que las mujeres sean dueñas de su sexualidad.

Es preciso que el sistema político sea el de separación de las Iglesias y el Estado Laico, que no permita la injerencia de sectores religiosos fundamentalistas y antidemocráticos en la legislación del país.

Y es preciso que se apoye masivamente la campaña por el indulto inmediato e incondicional a las 17 mujeres prisioneras en El Salvador, acusadas de haberse practicado un aborto.