El pasado lunes 22 de julio tuvo lugar una macro-operación en la población de Wadi al-Hummus; al este de Jerusalén. Una actuación sin precedentes y totalmente inusual, puesto que las demoliciones se llevaron a cabo en inmuebles pertenecientes a territorio controlado por la autoridad palestina. La excusa que esta vez alegó el estado de Israel fue que los edificios se encontraban demasiado cerca del muro que separa ambos territorios, pese a que todas las viviendas contaban con la autorización y correcta regulación de la autoridad palestina. Pero éste no es un elemento relevante para la administración israelí, que sigue defendiendo la necesidad de protección cerca del muro construido de forma ilegal, según la ley internacional. El ministro de Seguridad israelí, Gilad Erdan, se escudó en el fallo del Tribunal Supremo de Israel del pasado mes de junio, que ratificaba la validez legal de las demoliciones. "Estas estructuras constituyen un riesgo para la vida de civiles y de las fuerzas de seguridad, ya que pueden servir para ocultar a terroristas", enfatizó el responsable policial en el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Los Obeide han sido unos de los más afectados, con la demolición de dos viviendas que pertenecían a la familia. Ismail, el padre de familia de una de las casas nos comentaba entre lágrimas que no entendía cómo podía convertirse en un sintecho habiendo invertido todos sus esfuerzos y ahorros en su casa, teniendo además toda la regulación y permisos por parte de la autoridad palestina.

El despliegue policial fue como nunca se había vivido antes, especialmente en la zona, tal y como nos comentan algunos residentes del vecindario. Alrededor de 900 agentes de policía y soldados acordonaron la zona hacía las tres de la madrugada. Excavadoras, buldóceres, camiones, autocares, todoterrenos y furgonetas se presentaron en el lugar de los hechos.

Los soldados israelíes, lejos de mostrar atisbo alguno de humanidad, celebraron con aplausos, abrazos y vítores la demolición de uno de los edificios demolidos, el cual estaba en construcción y se preveía que contara con 350 viviendas.

Un importante grupo de activistas internacionales se desplazó a la zona con la intención de mostrar su solidaridad con las familias afectadas. Un pequeño grupo de ellos se encadenó a dos de las casas que iban a ser demolidas. Al entrar, la policía de fronteras ejerció una violencia y agresividad totalmente desproporcionada a la acción de resistencia no violenta de los activistas.

Puñetazos, patadas, empujones, gas lacrimógeno y bombas de sonido fueron utilizados para desalojar a los activistas que se encontraban en las casas resistiendo de forma pacífica. Cuatro de los voluntarios internacionales tuvieron que ser hospitalizados, así como doce palestinos que también se encontraban dentro de las casas que iban a ser demolidas.

La noticia de las demoliciones ha tenido gran repercusión en la prensa local e internacional. Una vez más el estado de Israel ha utilizado su poder para dañar de forma brutal al pueblo palestino. Este hecho sin precedente es solo el inicio de la declaración de intenciones de Benjamin Netanyahu de cara a las elecciones del próximo 17 de septiembre, mostrando su firme intención de seguir sofocando a la población palestina y continuar, de forma cada vez más cruda, la limpieza étnica y el apartheid que el gobierno de Israel lleva ejerciendo durante décadas.