LOMCE: truco o trato

Adrian Bustos*

Halloween es ya una de las fechas que año tras año ocupa varias horas lectivas dentro de los colegios de nuestro país. Pintar caretas, hacer disfraces, aprender nombres de monstruos… son muchas de las tareas escolares que en la semana previa al 31 de octubre implican de manera conjunta al profesorado y el alumnado en nuestras aulas. Halloween ya ha pasado por todos los colegios de nuestro país y su efecto se nota, al igual que se lleva notando estos años el paso de la LOMCE. Parece que al Partido Popular le ha gustado, como todo lo que suena a americano en lo relativo a la educación, el clásico juego de “truco o trato”.

Casi con la misma naturalidad, la semana pasada hemos tenido que observar cómo el partido en el gobierno nos daba a elegir a la ciudadanía entre las mismas dos opciones. Por un lado nos ofrecía un trato, aparentemente muy positivo, revestido de palabras amables y cálidas como acuerdo, diálogo, pacto… Y por otro lado, justo unos días después, nos ha hecho una travesura como sólo un partido con tal manejo de las instituciones del Estado para sus propios fines como el PP es capaz de pergeñar.

Como ya se dejó vislumbrar en la anterior legislatura, el cambio en la correlación de fuerzas parlamentarias traería como consecuencia la derogación de una Ley de Educación que no sólo no contaba con el necesario consenso, sino que suscitó desde su primer borrador el rechazo unánime de la toda la comunidad educativa.

En el último Pleno del Congreso de los Diputados volvió a debatirse una proposición de Ley para paralizar la implantación de la LOMCE. Hasta aquí no hay nada nuevo. Antes incluso de que esta ley entrara en vigor, la oposición al completo, así como los principales sindicatos, asociaciones de madres y padres y el alumnado, firmaron el compromiso de derogar dicha Ley tras las próximas elecciones.

Sin embargo, anticipándose a las ya anunciadas consecuencias que tendría la aprobación de una Ley que no contaba con el respaldo de quienes deberían implementarla, el Partido Popular y su nuevo escudero en las Cortes, Ciudadanos, han pasado a la ofensiva (buscando empezar el partido con ventaja) enarbolando la bandera del tan recurrente Pacto por la Educación.

Así, muchos y muchas asistimos atónitos a una sesión en la que quienes se negaron a dialogar, a escuchar a la ciudadanía y a alcanzar ningún tipo de acuerdo cuando contaban con mayoría absoluta en la Cámara, apelaban ahora a “una nueva forma de entender la política basada en el diálogo y el acuerdo”, como manifestó la portavoz del Partido Popular.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos apeló a la necesidad de trabajar “con seriedad y con consenso por una mejora educativa y no por estarnos peleando”, como si la Cámara fuera un aula masificada más, con tan solo 350 alumnos y alumnas. La portavoz naranja pidió dejar de utilizar la educación “como un arma arrojadiza”, y por si fuera poco, quiso hacer ver la necesidad de alcanzar un pacto por la educación porque ésta es el “arma más poderosa para combatir los populismos” (argumento de moda en temporada de otoño-invierno).

Y como si tal despliegue hubiera sido insuficiente, el Ministro de Educación vio la necesidad de apelar nada menos que a la Transición para hacer ver la necesidad de alcanzar la estabilidad en materia educativa: “si fuimos capaces de hacer la Constitución por qué no vamos a ser capaces de hacer un pacto por la educación”

Pareciera que, para el PP y su recambio en el Congreso, el conflicto educativo se limita a disputas ideológicas entre partidos, donde cada cual busca satisfacer a su público. Lo que parece que no ha existido de ninguna manera en estos años de rodillo parlamentario del Partido Popular es una mayoría ciudadana en contra de una Ley impuesta sin ningún diálogo ni voluntad de acuerdo. Dieciséis huelgas educativas en cuatro años parece al menos indicar que un ligero malestar con esta reforma sí que podía haber entre la comunidad educativa. Baste con apuntar que la primera huelga general educativa de la historia de nuestro país se convocó contra el anterior Ministro de Educación, José Ignacio Wert, que ahora disfruta como embajador ante la OCDE de su merecida recompensa por el trabajo bien hecho.

Pero mientras en el Parlamento, como escenario privilegiado donde representar el nuevo papel del diálogo y el acuerdo, se aprobaba esta propuesta con el voto a favor de todas las fuerzas excepto el PP, el Gobierno amenazaba a la Cámara Baja con recurrir al Tribunal Constitucional si no retiraba dicha proposición. ¿El argumento? su derecho de veto a toda proposición de Ley que suponga incremento de gasto o disminución de ingresos en los presupuestos, aunque dicha premisa sea fehacientemente falsa. Ya sabemos que el derecho de veto, en tanto que imposición, no requiere de ninguna justificación más allá de la voluntad de quien lo ejerce.

La contradicción es evidente, y es evidente también la estrategia de un Partido Popular que no ha cambiado en nada aunque haya sido duramente castigado en las urnas. Está claro que mientras se representa el papel del diálogo y el Pacto en el Congreso, el Gobierno va a utilizar todos los medios a su alcance para no ceder ni un ápice del terreno conquistado con una mayoría absoluta que a todas luces sigue añorando.

Las élites de nuestro país ya han dispuesto las condiciones del escenario de negociación donde se desarrollará el tan aclamado “Pacto Nacional por la Educación”, buscando ignorar una vez más la voz de la comunidad educativa y todo el trabajo que está lleva desarrollando estos cuatro años. El Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación es el mejor ejemplo de este trabajo, que cuenta con un amplio respaldo de sindicatos, organizaciones y partidos políticos.

En Unidos Podemos lo tenemos claro, no puede haber pacto educativo sin la comunidad educativa. Y la comunidad educativa ya ha dejado claro que ni quiere ni ha querido nunca la LOMCE. No se puede llamar a la responsabilidad cuando se ha sido completamente irresponsable. No se puede pretender pactar tras imponer, apelar al diálogo tras haber hecho oídos sordos durante cuatro años.

Pretender hacer borrón y cuenta nueva, reclamando la necesidad de alcanzar un pacto como si ambas partes partieran desde la misma posición, no es sino la cara amable de una élite que, tras un nuevo y reluciente disfraz llama a tu puerta para darte a elegir: truco o trato. ¿Nuestra respuesta? seguir luchando, en las calles y en las instituciones.

*Adrian Bustos es psicopedagogo y asesor en educación para el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso