Finalmente hoy, 17 de noviembre, después de más de cuatro meses de lo sucedido en la valla fronteriza entre Nador y Melilla, la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo ha celebrado una audiencia para debatir lo sucedido aquel 24 de junio. Un terrible suceso en el que la acción coordinada entre la gendarmería marroquí y la Policía española dio como resultado una auténtica matanza: al menos, que sepamos, murieron unas cuarenta personas, otras tantas fueron gravemente heridas, setenta siguen desaparecidas y otros 15 se encuentran en Marruecos en un proceso judicial, acusados de desobediencia y pertenencia a banda criminal.

La celebración de esta audiencia ha tenido que esperar cuatro meses debido a que Grande Marlaska, ministro del Interior, al que se había enviado oficialmente invitación para comparecer, ha rechazado en el último minuto su participación en la misma. Aduce para negarse a comparecer que “ya existe una investigación en curso” y que quien quiera puede visualizar la intervención que ya hizo sobre el tema en septiembre, ante el pleno del Parlamento español. Una respuesta impropia e inaceptable ante la gravedad de lo acontecido en la valla de Melilla, y que además es insólita, siendo la primera vez que un ministro del interior rechaza una invitación a comparecer en el Comité LIBE, en esta legislatura. De hecho, la mayoría de mis colegas de otros países se negaban a barajar la posibilidad de que Marlaska rechazara la invitación, porque si bien no estaba obligado a comparecer, no hacerlo suponía una ruptura del decoro parlamentario inconcebible para muchos diputados y diputadas.

Sin embargo, los que conocemos las maneras de Marlaska ya sabíamos que no se atrevería a venir a dar explicaciones al Parlamento Europeo, porque lo cierto es que, cada día que pasa, con todas las evidencias que van apareciendo, es más y más difícil mantener la versión inicial, que exculpa de toda responsabilidad a las autoridades y fuerzas de seguridad españolas.

Y aun así, Marlaska sigue manteniendo que la intervención, tanto de la guardia civil como de la gendarmería Marroquí, fue coordinada, proporcional y adecuada, y que las muertes fueron responsabilidad de unas mafias “imaginarias”. Todo ello a pesar de que como ya mostró Público en su momento, y como ya ha corroborado el Defensor del Pueblo y la investigación realizada por la BBC, no solo el uso de la fuerza fue totalmente desproporcionado, sino que el principal embotellamiento y aplastamiento mortal se produjo en territorio español, mientras la Policía repelía a las personas migrantes con material antidisturbios y mantenía cerrada la puerta fronteriza, en un claro caso de omisión de socorro. El simple hecho de haber abierto la puerta del paso fronterizo del “barrio chino” podría haber impedido la asfixia y por tanto la muerte de muchas personas.

Tanto el uso de la fuerza como el desprecio que mostraron la Policía española y marroquí hacia las personas heridas, es la clara expresión de la mortífera política de externalización de fronteras que mantienen España y la Unión Europea, con la satrapía de Marruecos. Aunque el gobierno de Marruecos sea el culpable de permitir que sus agentes y cuerpos policiales violenten a las personas migrantes, la posición del Gobierno de España hacia estas personas asume, alimenta y legitima dicha violencia. No podemos olvidar que la externalización de fronteras por parte de la UE es un elemento clave de la necropolítica migratoria de la Europa Fortaleza que se salda cada año con cientos de muertes.

Por ello, no podemos sino condenar la doble moral y la hipocresía que las instituciones españolas y europeas mantienen en su trato a, por un lado, las personas refugiadas de Ucrania, a las que se ha intentado brindar una acogida más o menos digna, y por el otro, el trato inhumano y criminal que se reserva a la población africana que huye de conflictos armados, de hambrunas, de las consecuencias del cambio climático o de la miseria. Esta situación cuestiona el derecho a tener derechos de una parte de la población según su procedencia o el color de su piel, unas políticas migratorias que solo se sustentan desde el racismo institucional.

Tampoco podemos olvidar que la matanza del 24 de junio ha inaugurado una “nueva etapa” en las relaciones entre España y Marruecos, asentada después de que el Gobierno español respaldara públicamente la propuesta de la autocracia Marroquí sobre el establecimiento de un régimen de autonomía para el Sáhara. España abalaba así la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y modificaba la tradicional postura de equidistancia española sobre el conflicto, que defendía “una solución política, justa, duradera y mutuamente acordada en el marco de Naciones Unidas” . Todo ello a cambio de que Marruecos siga haciendo de matón de las fronteras europeas.

En conclusión, con todas las evidencias que ahora tenemos encima de la mesa, con más de cuarenta personas muertas y al menos setenta desaparecidas, cada día que pasa sin que Marlaska dimita o sea cesado es un día más donde se afianza la impunidad de las políticas migratorias de muerte de la Europa Fortaleza. Si Sánchez no cesa a Marlaska, sus socios de gobierno se deben de plantar ante esta situación y exigir su cese del Consejo de Ministros. Mas allá de que no venga Marlaska al parlamento europeo, nuestro compromiso es seguir presionando para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades políticas y judiciales de estos crímenes. No podemos olvidar que los derechos humanos, gobierne quien gobierne, no son negociables.