La liturgia de las huelgas generales incluye irremisiblemente un apartado en el que el reservorio espiritual del Occidente más liberal, incluyendo al Gobierno de turno, a la patronal y a Esperanza Aguirre -que es un fijo en esa quiniela- desgranan un conjunto de simplezas que, en su opinión, constituyen la prueba del algodón de que el paro es el capricho prehistórico de unos sindicatos trogoloditas que el país no puede permitirse.

Últimamente ha cobrado fuerza el argumento de la mala imagen, ya que, como se sabe, aquí nunca hemos dado que hablar y se pasa mucha vergüenza en Bruselas en los consejos europeos posteriores, especialmente con Angela, que siempre pregunta para fastidiar a Rajoy. Así, claro, no se atraen inversores. ¿Quién va a meter aquí su dinero si comprueba que la gente patalea cuando se la asfixia? ¿Qué confianza vamos a transmitir si se demuestra que los seis millones de parados aspiran a comer una vez al día? ¿Qué ejemplo transmiten unos ciudadanos que se suicidan por las bravas cuando se les quita la casa en la que han vivido por encima de sus posibilidades? ¿Por qué hay tanta resistencia al progreso y se pretende que la educación, la sanidad o las pensiones sigan siendo un derecho? ¿Cómo vamos a competir con China o con Sudán si uno no puede reducir un 20% el sueldo a sus trabajadores cuando le dé la gana o echarles a la puñetera calle sin que se arme la de San Quintín? ¿Acaso queremos parecernos a Grecia?

Está demostrado que las huelgas empañan mucho el prestigio internacional, sobre todo si, como ocurre con ésta, son “políticas”, tal es la opinión de la exlideresa madrileña o del presidente de la CEOE, Joan Rosell, que está empeñado en que todos queramos ser empresarios y en que los niños no sueñen con Loterías sino en ser Amancio Ortega, que es mucho más rentable. Es evidente que tenemos sueños de mierda y eso provoca que tengamos un país de mediocres en el que Rosell es un líder empresarial.

Pero volvamos a las huelgas “políticas”, que en opinión de Aguirre tendrían que estar prohibidas. El debate es mas antiguo que el alicatado hasta el techo de la cueva de Altamira y debería haber quedado resuelto cuando hace más de 30 años la Organización Internacional del Trabajo concluyó que el derecho de huelga no sólo existe para defender intereses profesionales y económicos de los trabajadores sino para “la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social”. En definitiva, se afirmaba, “la declaración de ilegalidad de una huelga nacional en protesta por las consecuencias sociales y laborales de la política económica del gobierno y su prohibición constituyen una grave violación de la libertad sindical”. Nada que no pueda solucionarse declarando ilegales a los sindicatos y, ya de paso, a la OIT.

Por si fuera poco, se ha dicho que con la huelga “no se consigue nada”, evidencia definitiva para que este día 14 se acuda al trabajo con más ganas que el 13. Al fin y al cabo, nada salvo represión se obtuvo de la huelga del 1 de mayo de 1947; de poco sirvieron las del 51, cuando el boicot a los tranvías de Barcelona forzó al franquismo a anular la subida de tarifas, o las del 56, aunque ya un año antes el propio sindicalismo vertical pedía un salario mínimo, jornada de ocho horas y seguro de paro. Igual pasó con las del 58 en Asturias, País Vasco o Cataluña, que llevaron al régimen a suspender varios artículos del Fuero de los Españoles.

¿Sirvieron para algo las huelgas de las cuencas mineras asturianas de abril de 1962, replicadas luego en León, Teruel o Andalucía, salvo para que se decretara el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa? ¿Fueron útiles los paros de 1970 en respuesta al proceso de Burgos? ¿Se consiguió algo con las muertes de varios trabajadores de la Seat de Barcelona, de Bazán en Ferrol o de la central térmica de Sant Adrià entre 1971 y 1973?

Todas estas acciones no valieron para nada. Es más, las muertes, la represión y la torturas de aquellos años contribuyeron a una legislación laboral, la del franquismo, que está en el origen de nuestros males. ¿Quién iría hoy en día a la huelga contra el tijeretazo a las indemnizaciones por despido si éste hubiera sido siempre libre y gratuito? ¿Quién lucharía por jubilarse a los 65 si lo normal fuera morir a pie de obra rodeado de los nietos?

Nos jugamos el progreso y la modernidad. Llegados a este punto, deberíamos renunciar a las conquistas arrancadas con sangre a la dictadura para entregarlas a un Gobierno que hace lo que hace porque sabe lo que tiene que hacer, dicho sea en palabras del presidente. Pongámonos en manos de Luis de Guindos, que él también conoció las hieles del paro cuando Lehman Brothers se fue a la quiebra. Hagámoslo sin voces, para que nuestros vecinos europeos no nos señalen por la calle, y, sobre todo, sin huelgas “políticas” con las que no se consigue absolutamente nada.