El Consejo Empresarial para la Competitividad, del que forman parte las grandes empresas españolas y los más altos ejecutivos, tiene previsto discutir pasado mañana la posibilidad de reclamar al Gobierno que les suba los impuestos. Varios miembros de este poderoso lobby creen conveniente lanzar algún mensaje colectivo que demuestre su “compromiso y responsabilidad con el país” en estos momentos difíciles. Se trataría de tener un detalle, más estético que crematístico, en la línea de la contribución extra para la salida de la crisis que han protagonizado los multimillonarios franceses y alemanes o el magnate norteamericano Warren Buffet. Los ricos españoles no quieren ser señalados como esquiroles en ese presunto ataque de solidaridad que otros colegas parecen “sufrir”, aunque se resisten a dar el paso justo en vísperas de una campaña electoral que presumiblemente daría el Gobierno a una derecha nada proclive a disgustar a las grandes fortunas. En democracia conviene que sean los Parlamentos quienes impongan la fiscalidad correspondiente a cada cual y no los contribuyentes los que la soliciten. Es más, ya metidos en gastos, no sólo procede gravar más a las rentas más altas sino impedir que oculten sus beneficios en paraísos fiscales o que utilicen complejos laberintos societarios para esquivar obligaciones tributarias. De modo que está muy bien que los ricos quieran contribuir, pero mejor sería que lo hicieran por obligación.