Después de que la CE desmontara contundentemente lo de los bloques de hormigón con pinchos, el ‘bunkering’ y los rellenos, el Gobierno ha querido paliar el estrepitoso ridículo cosechado por la diplomacia española con una carta de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que recomienda a España y al Reino Unido la apertura diligencias judiciales contra Gibraltar por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales. Eso, al menos, fue lo que Exteriores vendió inicialmente.

La verdad es bien diferente. Dicho organismo, dependiente de la UE, habría investigado sobre el terreno durante varios meses y apreció un aumento del contrabando de tabaco en el sur de España y la presencia bandas criminales vinculadas al mismo. Por ello, recomendó a España y a Gibraltar abrir diligencias judiciales para investigar esta actividad ilícita y el blanqueo de capitales, que, como apunta la OLAF, afecta principalmente a ciudadanos españoles.

Según manifiesta la Comisaría de Política Interior de la CE en una carta de finales de julio, hecha publicada el pasado lunes por el Gobierno de Gibraltar –España no ha hecho pública aún la suya-, la falta de intercambio de información formal sobre la lucha contra la delincuencia en la frontera, incluido el contrabando de tabaco, ha perjudicado la efectividad del combate contra estas actividades ilícitas.

En este sentido, la Comisión opina que “la ausencia de diálogo merma considerablemente la capacidad de ambas autoridades de abordar el problema del contrabando de tabaco y les insta a adoptar las medidas necesarias para implantar esta recomendación sin más dilación”.

Esta situación la ha provocado el Gobierno español, que se ha negado reiteradamente a colaborar con el Gobierno de Gibraltar, que tiene la información y las competencias sobre la lucha contra la delincuencia en la frontera. El Ejecutivo del PP ha preferido sacrificar la lucha eficaz contra estas actividades ilícitas, desoyendo los ofrecimientos gibraltareños de cooperación, para poder utilizar Gibraltar como cortina de humo cuando sus miserias se han aireados. El verano pasado, por ejemplo, le sirvió para tapar el caso Bárcenas. La excusa entonces más que el contrabando de tabaco eran los bloques de hormigón con pinchos.

Así las cosas, ahora, sobre estos indicios, el Gobierno del PP ha empezado a construir una nueva cortina de humo con Gibraltar, que, en esta ocasión, le viene muy bien para tapar la grave crisis territorial que sufre España ante la amenaza soberanista catalana y la Diada en puertas, el empate técnico con el PSOE que ha supuesto la irrupción de nuevo secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y la paupérrima valoración que dan los españoles a Rajoy en la última encuesta del CIS.

Y también para acusar a los propios gibraltareños de todos los males habidos y por haber y así desviar la atención de los españoles, que asisten atónitos a una corrupción que ha llegado hasta los mismos cimientos del Estado. ¿Aprecia la CE indicios de corrupción en España? ¿Recomendará más contundencia política y judicial contra una lacra que está deteriorando gravemente la democracia española?

¡Hay tantas cosas sobre las que podría investigar la Oficina Antifraude y formular sesudas recomendaciones! Por ejemplo, la actividad lobbista de sus antiguos europarlamentarios a través de despachos de abogados, o sobre los negocios en tierras caribeñas de ilustres señorías. Haberlos, haylos. Indicios, claro.

Sobre estos indicios de contrabando y blanqueo de capitales, Margallo y Montoro también pretenden justificar unas colas –ya han vuelto a recrudecerlas- que la propia CE ya ha calificado de “desproporcionadas”. En este mantenella y no enmendalla, buscan rendir a Gibraltar, en un acto más militar que político que recuerda los tiempos de los asedios, perjudicando fundamentalmente a La Línea, que es la que está sufriendo más duramente el celo español en la frontera.

La ciudadanía que está padeciendo en sus carnes una frontera tercermundista es un daño colateral para el Gobierno y el PP. No les importan los 30.000 gibraltareños, pero tampoco los 10.000 trabajadores españoles que cruzan a diario la frontera. Y mucho menos el 40% de parados que soporta La Línea. ¿No tendrá algo que ver con el incremento del contrabando de tabaco la precaria situación socioeconómica que sufre esta ciudad y el resto del Campo de Gibraltar?

Aunque hayan aprobado un carril especial para los trabajadores españoles -imposible de justificar bajo la óptica europea por ser descaradamente discriminatorio-, los campogibraltareños que trabajan en Gibraltar no dejan de ser una pandilla de traidores. Para estos señores del Gobierno, que tienen la única vara de medir el patriotismo, si no votaran, serían pura escoria.

Ni sienten ni padecen, no se quejan, dicen en el palacio de Santa Cruz cuando se les advierte de que son los españoles los más perjudicados por la cruzada popular en la frontera. Y la Junta de Andalucía de Susana Díaz traga, mantienen ufanos en el cuartel de la diplomacia española. Desde luego, en Andorra, que está ahora tan de moda y no sólo por ser el país de los Pirineos, no podrían montar el circo que tienen montado en Gibraltar y en Andalucía. Para lo bueno y lo malo, los andaluces somos muy diferentes a los catalanes.

Además, como se ha puesto de manifiesto en esta última andanada a propósito la recomendación de la Oficina Antifraude, Exteriores tiene muy bien alineados y aliñados a los grandes periódicos españoles, que han publicado a toda plana la información consignada como si fuera una inserción de obligado cumplimiento, como si fueran otros tiempos.

Que los periódicos más conservadores participen de forma entusiasta en esta ofensiva, sin tan siquiera contrastarla con Gibraltar, no es nada extraño, pero que El País, antaño sinónimo de moderación y ecuanimidad, se sume a ella con el mismo modus operandi resulta más que preocupante. Sobre todo, cuando no hizo el mismo despliegue tipográfico cuando la CE le dio hace unas semanas un gran varapalo a España al convertir en un arrecife artificial, perfectamente legal según la normativa europea, aquellos bloques de hormigón con pinchos, los ‘bloques de la maldad’, que fueron la canción protesta del pasado verano.

Me da que este verano, por muchas más inserciones de obligado cumplimiento que hagan Margallo y Montoro, lo van a tener algo más complicado. Al ritmo cansino de este dueto, lo del contrabando y el blanqueo de capitales suena como Milli Vanilli.