Un millón de catalanes votaron el 21-D pero no están representados en el Parlament

En las elecciones al Parlament de Catalunya convocadas por el presidente español Mariano Rajoy en aplicación del estado de excepción impuesto por el artículo 155 de la Constitución del 78 y celebradas el 21 de diciembre de 2017, votaron, números redondos, 4.400.000 catalanes, de los cuales aproximadamente el 98% lo hicieron por candidaturas con representación parlamentaria. A pesar de ello, 1.040.000 votantes (24%) no están representados en el Parlament. Esta es una gravísima disfunción socio-política en un momento de extraordinaria complejidad en Catalunya.

Tras los cuartos comicios electorales habidos desde el chupinazo del Tribunal Constitucional en el verano del 2010 contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya aprobado en referéndum en 2006, tres bloques políticos se han perfilado nítidamente en el Parlament, una vez abandonadas la mayor parte de las ambigüedades que han caracterizado a un buen número de fuerzas políticas, depurando más explícitamente sus posicionamientos a propósito de la cuestión independentista. Sin embargo y como veremos más adelante, un cuarto bloque de electores carece de bloque político que le represente razonablemente con sus escaños en el Parlament de la actual legislatura.

Si seguimos con los números redondos para hacer más fácil su comprensión, el bloque ganador, el independentista (Junts per Catalunya, ERC y CUP), obtuvo 2.080.000 sufragios (48% de los votos a candidaturas con representación parlamentaria) y 70 escaños (52% de los 135 que totalizan la cámara catalana). Aunque se hacen notar las actuales discrepancias estratégicas, las coincidencias en el objetivo de construir la República por parte de las tres formaciones evidencian la importancia del papel desempeñado por el sector mayoritario de la extinta CiU que, evolucionando hacia el independentismo, fue dejando fuera de juego a sus líderes más conservadores (Durán i Lleida i Fernández Teixidó, entre otros), auténticos “vigilantes” del orden autonómico dentro del catalanismo.

Catalunya en Comú-Podem se quedó con 325.000 electores (8%) y 8 escaños (6%). Bien puede decirse que constituye un bloque porque agrupa en una sola candidatura hasta cuatro formaciones de genealogía notablemente distinta (los comunes de Ada Colau, Podemos, EUiA y ICV) y que aún no se han disuelto en una única organización. Se presentaron oficialmente como soberanistas proponiendo un referéndum acordado con el Estado para resolver democráticamente la cuestión catalana y quisieron ser una alternativa equidistante entre independentistas y anti-independentistas anteponiendo la cuestión social sobre la nacional. Sus expectativas quedaron frustradas al perder 40.000 votos (un 1,5%) y 3 escaños respecto a dos años antes cuando concurrieron como Catalunya sí Que es Pot (CSQP). Todo apunta a que entre sus dirigentes y entre sus votantes (encuestas dixit) los independentistas representan un tercio y los opuestos (federalistas y autonomistas) los restantes dos tercios. La lucha por el control de la formación parece abierta y los esfuerzos para eliminar a los perdedores no cesan, recordando lo sucedido tiempo atrás en el PSUC y más recientemente en el PSC (cada vez más pequeños). Dicen algunos expertos que ICV, con un aparato más experimentado en estas lides, se está llevando el gato al agua. El episodio más reciente es el hostigamiento a Elisenda Alemany y su equipo, que ha tenido como respuesta el Manifiesto “Som comuns. Som sobiranistes” para defender lo que entienden que son sus valores originales. En cualquier caso, hay que subrayar que esta fue la única opción que concurrió a las elecciones del 21-D defendiendo el derecho a decidir sin ser formalmente independentistas, pero escorado a la izquierda del PSC; hay que tenerlo en cuenta.

El bloque anti-independentista, constitucionalista, unionista, monárquico, hermanado definitivamente por el 155 y, sobre todo, anti-derecho a decidir (PP, PSC y C’s), logró 1.900.000 votos (44%) y 57 diputados (42%). Cubren un amplio espacio ideológico con un común denominador, el rechazo frontal a cualquier referéndum de independencia, la fórmula democrática que en otros Estados ha permitido dirimir amigablemente sus conflictos territoriales.

Ciudadanos, el partido político expresamente nacido para destruir sin complejos el catalanismo desde una ideología “socialdemócrata” (cuando competía con los socialistas catalanes), ahora reconvertida en “liberal” (cuando toca competir con el PP español), logró ser el más votado (1.110.000 votos y 36 escaños), pero su suma con los otros partidos del 155 no les dio la mayoría parlamentaria con la que soñaban. Casi 400.000 votantes más que dos años antes avalan su estrategia: atacar a los “golpistas” del referéndum del 1 de Octubre sin entrar en el debate de fondo con argumentos en contra de la independencia y haciendo obvio su rechazo absoluto al derecho a decidir.

El Partido Popular, siempre fiel a sus genes franquistas, artífice de la aplicación del 155 desde el gobierno español, dueño y señor del Senado que tenía que aprobarla y entre otras cosas noqueado por las sentencias judiciales por corrupción, obtuvo los peores resultados de toda su historia, sin llegar a los 200.000 votos y limitado a unos exiguos cuatro parlamentarios.

El PSC-PSOE, el partido más zascandil de los que han poblado la política catalana en los últimos 40 años, con unos 600.000 votos salvó los trastos merced a su alianza con la derecha católica más conservadora (la que se quedó con los restos de Unió Democràtica tras la ruptura de CiU y que está, por ejemplo, contra el matrimonio gay) que aportó los 80.000 votantes nuevos que consiguieron los socialistas respecto a 2015 y que les valió para crecer en un diputado. El refuerzo que Espadaler (vicario de Duran i Lleida), líder de Units per Avançar (sustitutos de la disuelta UDC), proporcionó a Miquel Iceta está en línea con los 103.000 votos de UDC en 2015. Espectacular la trayectoria en poco más de 10 años de aquellos socialistas que con dos almas y dos cuerpos (catalanista y españolista) sacaron 1.600.000 votos (cuando en 2004 la participación electoral fue del 76%, tres puntos menos que en 2017). Impresionante su evolución desde 1974 cuando en Suresnes el programa del PSOE defendía el derecho a la autodeterminación y desde 1976 cuando el alma y el cuerpo catalanista de los socialistas creyeron el acuerdo que firmaron con el alma y el cuerpo de los socialistas de la federación catalana del PSOE y sus jefes (González y Guerra) que recogía el mismo derecho a la autodeterminación, para acabar con Iceta en la cama del 155 con sus compañeros de ménage a trois. Los tres camaradas han compartido y comparten, además de sonrisitas burlonas a costa de los políticos encarcelados, el mismo programa por encima de cualquier otra cosa: si por ellos fuera la Constitución española jamás reconocería el principio del derecho a decidir.

No hay la menor duda al respecto. En el Parlament hoy hay (o debería haber sin las injerencias del juez Llarena) una mayoría absoluta de 78 diputados (el 58% de los escaños) a favor del derecho a decidir representando a 2.400.000 ciudadanos (56%), frente a 57 parlamentarios (42%) que rechazan frontalmente el derecho a decidir gracias a 1.900.000 votos (44%). ¿Esta relación parlamentaria de 58% a 42% (o del 56%-44% si se cuentan los votos, tanto da), a favor y en contra del derecho a decidir, es realmente la que se da en la sociedad catalana? La respuesta es no.

Las encuestas demuestran que no. Por citar una que no cabe imaginar que sea tendenciosa a favor del independentismo, está la de El País publicada el 24 de septiembre del año pasado. Coincidiendo con otras que han hablado del 80%, el rotativo madrileño aseguraba que el 82% de los catalanes creen que “la solución al problema de Catalunya es un referéndum legal y pactado sobre la independencia de Catalunya en el que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España”. Tan solo un 16% se mostraba en desacuerdo y un 2% no se pronunciaba (sobre votantes este 2% se corresponde a los que votaron en blanco o a extraparlamentarios). Aplicando una relación 80-20, para seguir redondeando los números, tendríamos para los 4.300.000 votantes representados teóricamente en el Parlament, 3.450.000 a favor del derecho a decidir y 850.000 en contra. Obviamente, de ello resulta que el bloque del 155 intransigente contra el referéndum, con sus 1.900.000 votos, tiene a 850.000 que sí representa cabalmente y a un millón a los que instrumentaliza sin pudor utilizándolo para la construcción de un relato de una Catalunya dividida y al borde de la guerra civil por culpa de los independentistas (objetivo “ulsterizar”).

Buena prueba de los votos “prestados” en manos de los partidos del 155, es que en la encuesta mencionada están a favor de un referéndum de independencia pactado el 75% de los votantes socialistas, el 57% de los de Ciudadanos y el 49% de los del Partido Popular. Dicho de otro modo, la intransigencia del “a por ellos” no se corresponde al sentir de la mayoría de sus votantes.

No cabe un consenso mayor que este 80%-20%, y sin embargo este consenso no solo no se refleja en el Parlament, sino que ha sido sustituido por una tensión parlamentaria dividida casi por la mitad entre independentistas y anti-independentistas intransigentes. ¿Por qué?

Tan solo los líderes de Catalunya en Comú se presentaron el 21-D defendiendo el derecho a decidir sin tomar partido ni a favor ni en contra de la independencia. Los partidos “unionistas”, muy fieles a la tradición histórica de las élites dirigentes intransigentes españolas, prefirieron y prefieren radicalizar la polarización alrededor del Sí-No sobre la independencia, en vez de favorecer la resolución del conflicto de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los catalanes y empleando los mismos instrumentos pacíficos y democráticos que, por ejemplo, una sociedad del siglo XXI ha resuelto la cuestión escocesa, con argumentos, sin insultos, sin amenazas militares, sin presos ni exiliados. ¿Alguien se imagina a la reina inglesa llamando a empresarios escoceses para que se marcharan de Escocia o apoyando la retirada de depósitos en los bancos escoceses, por ejemplo? El presidente de Francia, Macron, le ha dado una lección democrática al monarca español con su exquisita neutralidad en el reciente referéndum de independencia de Nueva Caledonia. Otro ejemplo.

Hay un espacio electoral en Catalunya vacio porque hay un millón de ciudadanos que se sentiría muy aliviado si hubiera un partido de centro-izquierda y otro de centro-derecha que propusieran, honestamente y sin trampas, “No a la independencia”, con argumentos y dispuestos a resolver el contencioso democrática y pacíficamente en las urnas mediante un referéndum. Se necesitan líderes políticos y sociales que se atrevan. Si se llega a visualizar electoral y políticamente este 80% de consenso sobre el derecho a decidir, al menos:

• Se corregirá la grave disfunción que supone que los partidos del 155 utilicen un millón de votos “prestados” (secuestrados) al carecer de representantes políticos más próximos a su verdadero y más enriquecedor posicionamiento.

• Será más fácil anular los esfuerzos de quienes trabajan para crear la espiral de violencia que buscan los que quieren balcanizar Catalunya y evidenciará que la convivencia no está amenazada en Catalunya y que no hay otra división más peligrosa que la de aquellos que quieren construir Tabarnia para convertirlo en el Ulster catalán.

• Habrá un nuevo tipo de políticos unionistas con proyección pública: civilizados, constructivos, dialogantes, demócratas.

• Los políticos que por acción u omisión quieren destruir al catalanismo quedaran reducidos a representar solamente a los intransigentes.

• El debate a favor y en contra de la independencia se podrá realizar con argumentos.

• Europa tendrá una prueba irrefutable de que Catalunya quiere una solución democrática con un referéndum.

• Las élites del Estado español tendrán mucho más difícil ignorar la realidad de Catalunya y resistir las presiones internacionales para sentarse a negociar y pactar un referéndum.

• Aumentarán las probabilidades de un cambio semejante en el conjunto de la sociedad española. La democracia necesita un partido español de derechas anti-franquista.

• Se habrá avanzado en la solución de fondo del problema y en la excarcelación de los presos y el regreso de los exiliados, demandas exigidas por una mayoría del 80%.

• Hará más probable una solución sin vencedores y vencidos, porque la democracia habrá ganado para todos. Sea cual sea su resultado en las urnas.