Vienen tiempos duros para los demócratas. Público ha revelado que el ministro de Interior utilizó instituciones del Estado para conspirar contra sus adversarios políticos y ese mismo ministro se permite declarar que lo que le parece escandaloso es que se dé a conocer el escándalo.

Nadie puede poner en duda que Jorge Fernández Díaz ‘trabajó’ secretamente con un responsable de la lucha contra la corrupción para deshacerse de sus enemigos políticos mediante la utilización de instituciones del Estado.

La democracia debería tener resortes de intolerancia y de reacción inmediata contra ese tipo de actitudes y a primera vista parece que no los tiene. El ministro sigue ahí, en su ministerio.

Los cerca de ocho millones de personas que votaron a favor del PP certificaron en las urnas la resignación de gran parte de la ciudadanía ante el poder de un partido corrupto.

Resulta deprimente, tal como ha dicho el ex magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, la baja calidad de la democracia en el Estado español. Fueron muchísimas las personas que votaron vergonzosamente a favor de la estabilidad, aunque sea corrupta. Hay que reconocer esa realidad si se quiere poner remedio.

La política es así, dan a entender gentes acostumbradas a que el miedo se imponga sobre la razón. Unos celebran los peores resultados de su historia y se sienten aliviados porque el decrépito bipartidismo se resiste a morir. Otros se empeñan en hacernos creer que los electores les absolvieron de todos sus desmanes, de su enriquecimiento ilícito, de haber condenado a la pobreza a millones de personas, de su crueldad frente a los perdedores de siempre, de sus atentados contra las libertades.

Si la política es así habrá que cambiarla. El ministro y los que le amparan tendrán que responder por sus abusos y por la utilización en beneficio propio de instituciones que son de todos.

Vaya tiempos estos en los que una y otra vez hay que volver a luchar por lo elemental, por lo evidente.