Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

Menos de dos meses ha tardado el catolicismo nacional en anunciar algunas de las decisiones que más ocultó antes de las elecciones. El encargo ha recaído en dos ministros devotos y afines a la línea intransigente de la jerarquía católica, el de Justicia y el de Educación, Cultura y Deportes. El objetivo es despojar a la sociedad de los logros alcanzados en materia de tolerancia, laicidad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos. En una palabra, retroceder.

Las medidas anunciadas por ambos ministros pretenden realizar el anhelo repetidamente formulado por los obispos de cercenar (si no abolir por entero) la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo y eliminar la enseñanza de Educación para la Ciudadanía. Las españolas dejarán de poder abortar según voluntad propia y volverán a una situación de inseguridad jurídica con unos supuestos arbitrariamente interpretados. Y, además, se les dificultará el acceso a ciertos contraceptivos.

Los españoles no podrán acceder a la enseñanza de los valores propios de una cultura política democrática, pluralista y laica y tendrán que habérselas con otra, con otro contenido. Y ha de ser otro porque el nombre propuesto, Educación Cívica y Constitucional, es idéntico al que se quiere eliminar, Educación para la Ciudadanía. La variación, por tanto, estará en el contenido, y si este no coincide con el ya señalado, sólo podrá ser una formación del espíritu nacional y religioso, de hondas raíces nacionalcatólicas.

La justificación de las medidas es pintoresca. El ministro de Justicia dice que restringir el aborto es lo más progresista que ha hecho nunca, identificando regreso con progreso. El de Educación no tiene reparos en faltar a la verdad públicamente leyendo párrafos de un libro que jamás se ha utilizado en la enseñanza de Educación para la Ciudadanía con el fin de suprimirla. Según él, Educación para la Ciudadanía adoctrina, cuando no ignora que las materias docentes no adoctrinan sino que adoctrinan, si acaso, quienes las imparten. Y por eso se homologan (esto es, se autorizan) unos textos y no otros. Y por eso no está homologado el que el ministro cita. Y por eso lo cita, faltando a la verdad.