José Luis Machinea, director general de la CEPAL, decía la semana pasada que América Latina debe elegir entre dar rienda suelta a las empresas o caminar hacia el Estado del bienestar. Hasta los últimos años del siglo XX, el dilema siempre se había decantado por lo primero. No era consecuencia de la globalización, como todavía se oye en ciertos sectores, sino un defecto estructural, histórico, que con la globalización se ha vuelto particularmente insostenible.

El Gobierno uruguayo es uno de los más conscientes en ese aspecto. Lo demostró con la reforma del viejo sistema fiscal y la recuperación del IRPF, al que la derecha opuso un argumento que resume el cinismo de la economía tradicional latinoamericana: como las clases media y alta son un porcentaje muy pequeño del total, el Estado recaudará poco y dañará a los sectores más dinámicos. Dejen las cosas como están. No maten la gallina de los huevos de barro. No pongan impuestos a los ricos cuando hay demasiados pobres.

Hoy, el IRPF de Uruguay está en la picota por asuntos marginales como su aplicación entre los pensionistas. Pero el objetivo real del ataque es eliminarlo. Porque al hablar de impuestos y redistribución tendemos a olvidar que no sólo son la base de sociedades más justas, sino de toda economía moderna. Y es ahí, en el tránsito de la economía de haciendas y señoritos a la de servicios, producción y consumo, donde se juega el futuro del continente.

Jesús Gómez