Cuando los periodistas de varios países me preguntaban si creía que Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sería juzgado yo contestaba, con mi mayor serenidad, que no, que no esperaba que en España se hiciera nunca justicia con los crímenes del franquismo. Pero en el fondo de mi alma, con la necesidad del consuelo, guardaba una esperanza infantil de que la querella argentina prosperara y un día viera a aquel criminal sentado delante de los jueces.

Ayer aquella esperanza murió con la muerte del torturador. Una muerte atendida en hospital, por buenos sanitarios, que se esforzaron por salvarle. Y solamente la atención que los medios de comunicación prestaron al suceso ha impedido que la carrera de uno de los criminales más tortuosos, que ha estado operando cuarenta años con total poder e impunidad, terminara además en el anonimato.

Las hazañas del Niño ya son algo conocidas en nuestro país, aunque más en otros que siguieron procesos contra sus dictadores y torturadores. Porque sólo en España, después de aquella interminable dictadura, no se ha juzgado a ninguno de los autores del genocidio español, como lo denomina Paul Preston. Ni los militares que ensangrentaron España para matar la recién nacida República que auguraba una nueva era de igualdad, solidaridad y democracia, ni los políticos que ordenaron las masacres, ni los policías y cuerpos de “seguridad del Estado” –qué sarcasmo- que las realizaron, ni los falangistas, funcionarios, empresarios e intelectuales que fueron cómplices de ellas y las justificaron con su verbo florido al estilo fascista.

España es una excepción en el concierto de países que superaron dictaduras. La impunidad que se instaló con la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977, que fue la Ley de Punto Final tan denostada y luego derogada en Argentina, no ha permitido que se cumplieran ni aún los ritos funerarios para nuestros padres asesinados en las cunetas de España con que todas las culturas honran a sus muertos.

En Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Grecia, Portugal, Francia, Alemania, Sudáfrica, las fuerzas democráticas se sintieron en la obligación de pasar cuentas con su historia reciente para salvar el honor del país. España no tiene honor, los fascistas que ganaron la Guerra Civil arrasaron con él. Ya sabemos que aquel régimen criminal dominó impunemente, con la complacencia de la comunidad internacional “democrática”, cuarenta años seguidos, a los que siguieron otros de Transición donde los muertos siguieron acumulándose en las calles de las ciudades.

Pero dicen que llegó la democracia y se aprobó una Constitución de factura parecida a la de otras occidentales, ganó las elecciones el Partido Socialista Obrero Español, que gobernó con mayoría absoluta durante catorce años ininterrumpidos, y luego volvió en olor de multitudes a dirigir nuestros destinos otros ocho más. Y a pesar de los diversos avatares que han perturbado la política española estos últimos años, ya son más de dos en los que nuevamente el socialismo se ha instalado en la Moncloa, con la estimable ayuda de esa amalgama de izquierdas populistas que tanto entusiasmo despertó en las masas al principio. Y ni siquiera se pusieron de acuerdo para quitarle a Billy el Niño las cuatro medallas pensionadas de que disfrutaba.

Aún más. La ministra de Educación, la señora Duplaá que entonces ejercía de Portavoz del gobierno, explicó, a preguntas de la prensa que el señor González Pacheco se paseaba por Madrid tranquilamente porque era un hombre libre, ya que no tenía ninguna causa judicial contra él.

La impunidad se ha mantenido, porque ese fue el Pacto de la Transición. La impunidad para los militares golpistas, mientras los de la UMD no pudieron regresar al Ejército. Para los asesinos, los de los abogados de Atocha, de Yolanda González, de Arturo Ruiz, de Salvador Rueda, cumplieron mínimas condenas o huyeron oportunamente. La impunidad para los que saquearon el país durante aquellas cuatro interminables décadas, se apropiaron de casas particulares y edificios públicos, de terrenos, fábricas, colegios, obras de arte, locales sindicales, periódicos, partidos políticos.

Y para los torturadores que operaron en todas las Brigadas Político Sociales del país, colgando de las muñecas y apaleando los vientres de las detenidas como me pasó a mí durante nueve interminables días en la Dirección General de Seguridad en Madrid, del 16 al 25 de septiembre. Ahogando a los presos en bañeras, electrocutándolos con lámparas rotas, rompiendo mandíbulas, arrancando dientes y arrojando por las ventanas y por las escaleras a los detenidos, mientras disfrutaban del poder absoluto sobre sus cuerpos.

Ha sido inútil que las asociaciones de la Memoria Histórica, con una tenacidad y persistencia dignas de elogio reclamaran, denunciaran, protestaran y hasta llevaran a los tribunales los infames casos de torturas y desapariciones. La Ley de Amnistía de 1977 ha blindado para siempre el crimen y la infamia, con el apoyo de todos los partidos que la firmaron.

Que fueron todos. Que ninguno mire para otro lado, ni socialistas ni comunistas ni nacionalistas mostraron su repulsa ni su disconformidad ni a la Constitución ni a la Ley de Amnistía. Ni los sindicalistas, ¡que tenían tantas víctimas entre sus filas!, recordemos el indigno discurso de Marcelino Camacho, ni los catalanistas, hoy tan críticos con el Estado español, se manifestaron ni votaron en contra. Todavía Nicolás Sartorius sigue defendiendo esa ley de la impunidad. Y en las cunetas, en las carreteras, en los campos y en los cementerios de España los restos de nuestros antepasados, que sacrificaron su vida para que la nuestra fuera feliz, han encontrado honrosa sepultura.

Como me escribe mi compañera de fatigas feministas Elena de León “y en las cunetas que no se sabe quién es quién ni qué pasó. Vamos, en los fusilamientos de la Comuna de París hubo más respeto"

Madrid, 8 de mayo 2020. Setenta y cinco años de la rendición de Alemania y del fin de la II Guerra Mundial en Europa.