Recordar el derecho a la presunción de inocencia de toda persona detenida o imputada pero no condenada en sentencia firme es algo tan justo como obvio, aunque de carácter sólo semiautomático. Tal derecho asiste a los ciudadanos sin distinción de cargo, sexo o condición, pero se recuerda con muchísima más insistencia mediática si se trata de una personalidad conocida, ya pertenezca a la política, la alta sociedad, la farándula o las finanzas. La llamada operación Saga, ordenada ayer por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, supuso el desmantelamiento de la cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores, presidida por Eduardo Teddy Bautista, detenido junto a otras ocho personas bajo acusaciones tan graves como las de apropiación indebida, delito societario o contra el patrimonio. Se trata del resultado de una investigación originada en otoño de 2007, que sigue abierta tras numerosos registros efectuados ayer en sedes de la SGAE y domicilios particulares de varios de sus directivos. Serán los órganos judiciales correspondientes los que resolverán la validez de las pruebas documentales, indicios y testimonios acumulados. Algunos pretenden confundir la presunta comisión de delitos en el magma del debate sobre el canon digital o la voracidad en la gestión de los derechos de los creadores. Son cosas distintas. Teddy Bautista y compañía deben responder con letra y música ante los tribunales. Como todo el mundo.