Esta semana asistimos, de nuevo, al bochornoso espectáculo político del juego de las sillas. El mensaje, que se transmitió en el debate de investidura, es claro: les motiva y les interesa la silla, el poder. No hay ética, ni memoria, ni cumplimiento de promesas, ni dignidad, todo vale con tal de conseguirla antes de que pare la música, desde las descalificaciones hasta las mentiras...barra libre con inviolabilidad asegurada.

El objetivo de los parlamentarios debería ser el bien común, el bienestar social. Sin embargo, un tema como el antidemocrático acuerdo transatlántico para el comercio y las inversiones, el TTIP, que nos hipotecará social y económicamente no parece ser digno de mención para estos “servidores públicos”. Ya hemos relatado el terrible perjuicio que nos supondrá en nuestra alimentación y como consecuencia en nuestra salud (ver Ostracismo del TTIP en el Pacto de Gobierno) al introducir desde hormonas del crecimiento para tratar la carne, al uso de fármacos, como la ractopamina, empleados para promover el crecimiento de la masa muscular de la carne que será comercializada hasta variedades transgénicas que en la actualidad no están autorizadas en la Unión Europea, en definitiva un control fitosanitario laxo y endeble.

Este acuerdo beneficia única y exclusivamente a las empresas multinacionales que no sólo conseguirán mayores beneficios, con productos de peor calidad, sino que doblegarán gobiernos. Conseguirán miles de millones cuando los Gobiernos adopten medidas para proteger a los ciudadanos o al medio ambiente. Este acuerdo introducirá el ISDS, Acuerdo sobre Disputas de Inversor a Estado, un sistema de arbitraje utilizado para solucionar litigios entre empresas y Estados, permitiendo a las corporaciones demandar a los Estados si ven peligrar sus beneficios.

Dada la repulsa ciudadana pretenden suavizarlo proponiendo un maquillado “Sistema de Tribunales de Inversión” que no afronta los problemas que representaba el ISDS. Este sistema de arbitraje permite a los inversores, normalmente fondos de inversión controlados por grandes corporaciones multinacionales, saltarse la jurisprudencia de los Estados receptores y demandar a sus gobiernos, cuando estos adopten medidas que los pueden perjudicar, ante tribunales privados, que no siguen los estándares legales internacionales. Obligan a los Gobiernos a legislar teniendo más en cuenta los intereses de las empresas que los propios de los Estados. Estos tribunales suelen estar constituidos por árbitros de manera pactada en cada caso. Habitualmente se elige a personas cuyo perfil profesional es el del consultores o asesores fiscales que, en la mayoría de los casos, suelen estar relacionados con grandes firmas como KPMG, PriceWaterhouseCooper ó Ernst & Young y nunca de una forma transparente sino a decisión del responsable del arbitraje.

La historia nos ayuda a entender el presente estudiando hechos ya ocurridos. Hay ejemplos que nos demuestran el daño que este acuerdo puede ocasionar. Recién elegido el gobierno de Eslovaquia, en el año 2006, intentó detener el proceso de privatización de la sanidad por el cual las aseguradoras de salud privadas se beneficiaban de los fondos públicos en perjuicio de que dichos fondos se utilizaran completamente para los tratamientos. La compañía holandesa Achmea, propietaria de la aseguradora de Salud Union, inició una demanda por daños y perjuicios consiguiendo una indemnización de 29,5 millones de euros. Aún así en 2013 Achmea inició otro procedimiento, de reclamación de indemnización, contra el Gobierno de Eslovaquia para bloquear un proyecto de ley que establecería un sistema único de seguro de salud pública. Un ataque preventivo para obataculizar la legislación futura.

La compañía francesa Veiola, en 2012, denunció al Gobierno de Egipto alegando que la subida del salario mínimo interprofesional aprobada le causaba daños. La empresa solicitó la retirada de esa subida salarial o una indemnización de al menos 82 millones de euros por las pérdidas que las modificaciones de las leyes laborales aprobadas afectaban negativamente a las inversiones de la empresa. Tenía un contrato a 15 años para la gestión de desechos en la ciudad de Alejandría.

Uruguay, un país en el que cada año mueren una media de 6.500 personas por causas vinculadas al tabaquismo, obligó aumentar en un 80% la superficie así como incluir grandes advertencias pictográficas sobre los riesgos para la salud pública en los paquetes de cigarrillos. La empresa tabacalera Philip Morris, en 2010, demandó al Estado uruguayo argumentando que dichas medidas violan el tratado bilateral de inversiones entre Suiza, donde tiene su sede, y Uruguay. Reclama indemnización por lucro cesante, ganancia que ha dejado de obtener, alegando que esas políticas de etiquetado representan una expropiación indebida de sus marcas comerciales y que son “injustificadas” al no guardar ninguna relación razonable con metas de salud pública.

Un tribunal de arbitraje condenó a Ecuador a pagar 1.769,6 millones de dólares a la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) después de que el Gobierno declarara la caducidad del contrato de explotación, en una zona petrolera en la Amazonía, por haber vendido ilegalmente el 40% de sus derechos de producción a otra empresa sin la autorización del Gobierno. Una de las disposiciones del contrato de concesión establecía que si Oxy vendía sus derechos de producción, sin autorización previa del Gobierno, el contrato se daría por terminado. A pesar de que el Tribunal arbitral reconoció que Oxy había infringido la ley y que la respuesta del gobierno ecuatoriano fue legítima y de conformidad con la ley dicho tribunal inventó una nueva obligación, no especificada en el Tratado bilateral de inversión, y condenó al Gobierno al pago de indemnización.

Como suele decirse, "para muestra un botón" porque casos sangrantes como los anteriormente reseñados hay muchísimos. Denotan la vulnerabilidad que se nos avecina. Aumenta el número de casos de indemnización así como el poder de las empresas transnacionales mediante normas diseñadas, a través de los tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio, exclusivamente para proporcionarles una protección sin precedentes. Se hacen efectivas y se obligan a cumplir a través de los tribunales de arbitraje internacionales.

Es absurdo y sospechoso que se cree un arbitraje “especial” para mediar entre inversiones y Estados cuando los inversores ya disponen de mecanismos de protección como acudir a los tribunales ordinarios. Además es sumamente significativo que mientras las empresas extranjeras pueden demandar a los Gobiernos, en particular si estos legislan en pro del interés social y del medio ambiente, los Gobiernos no pueden demandar a las empresas en estos tribunales. Mientras estos temas penden de nosotros como la espada de Damocles nuestro “servidores públicos” interpretan su pantomima parlamentaria, con monólogos vacíos y ambiguos, olvidándose de los problemas que realmente nos afectan.

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