Celebra la Iglesia católica una cumbre contra la pederastia en el Vaticano en la que pretende establecer los límites del ‘dejad que los niños se acerquen a mí’ y pasar de la simple condena a la acción, de manera que se acabe con el encubrimiento de los crímenes sexuales que su jerarquía ha venido amparando durante décadas. El cónclave es, en realidad, una especie de seminario con debates, conferencias y oraciones, entre los que se intercalan desgarradores testimonios de las víctimas que, al estilo de los anuncios de la DGT, deberían concienciar y sonrojar a los 190 participantes, de los que 114 son presidentes de las distintas conferencias episcopales.

No se va a aquí a negar el valor de una cita que muchos consideran histórica y que aborda por primera vez de manera oficial los abusos a menores, aunque sea lógico el escepticismo tras escuchar al Papa pedir medidas eficaces y leer después las 21 propuestas que repartió a los asistentes, en su mayoría inconcretas y vaporosas.

Entre estos 21 puntos se habla de elaborar toda suerte de protocolos: el que se ha de seguir tras las denuncias, el que explica cómo informar a las autoridades civiles y eclesiásticas, el que se necesita para implicar a los obispos, el que gestione las acusaciones contra esos mismos obispos o el que ha de determinar cómo atender a las víctimas y asegurar el derecho de defensa de los acusados. Por si no fueran pocos estos protocolos, se propone revisar los ya existentes para protección de los menores. Y así, que por concreciones no va a ser.

No es por desacreditar las recomendaciones papales, que al proceder de su puño y letra han de presumirse inspiradas por el Espíritu Santo, pero da la impresión de que la paloma estaba tan alambicada y vaticana como siempre ya que su única propuesta tangible es la de elevar a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio. De hecho, los mandamientos de estas nuevas tablas de la ley hubieran podido reducirse a dos: trasladar de inmediato a la Justicia las denuncias de abusos y expulsar del sacerdocio y de la Iglesia a los culpables, amén de establecer, como exigen las víctimas, castigos adecuados para los encubridores.

Si cada caso conocido fuera puesto en conocimiento de policías y fiscales no sería necesario ese “organismo de fácil acceso”, formado por clérigos y laicos e independiente de la autoridad eclesiástica local, que se quiere instituir para “denunciar los delitos”. Ni esa llamada a la colaboración con los medios de comunicación para distinguir los casos verdaderos de los falsos, misión que no corresponde a la Iglesia sino a la Justicia.

Aunque no se dice abiertamente, algunas recomendaciones, como las evaluaciones de expertos a los seminaristas o los programas para “consolidar su madurez humana, espiritual y psicosexual”, esconden la obsesión del Papa por vincular homosexualidad y pederastia, asunto sobre el que ya avanzó tiempo atrás una tesis homófoba y disparatada: si se lograra impedir la ordenación de sacerdotes homosexuales los escándalos de abusos a menores desaparecerían.

Lo que en cualquier otro ámbito habría de considerarse una tomadura de pelo, en relación a la Iglesia ha de entenderse como un paso de gigante para una estructura de naturaleza arbórea por su ancestral inmovilismo. Se trata en cualquier caso de una expiación obligada de pecados ante una lacra que amenaza su propia supervivencia. Sin negar los avances, que los ha habido, se está lejos de la prometida tolerancia cero con la pederastia. Quienes esperaban que de una vez por todas la Curia cogiera el toro por los cuernos habrán de conformarse con una faena de muleta apañadita. Es lo que hay.