La mayoría absolutista del PP ha servido para que el Senado apruebe este jueves 27 de marzo el Proyecto de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El grupo popular ha rechazado tanto los cinco vetos presentados por el PSOE, la Entesa (uno del PSC y otro de ICV), IU y ERC como las 249 enmiendas registradas, así que el texto no tendrá que pasar de nuevo por el Congreso.

Son muchas las carencias existentes en esta nueva reforma de una Ley que fue aprobada por primera vez en 1984 y que no ha evolucionado al ritmo de los innumerables fraudes que se producen en el mercado. Aunque lo más grave es que previsiblemente ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas se ocuparán de hacerla cumplir, como ha venido ocurriendo con la norma original y sus anteriores actualizaciones.

La defensa de los consumidores no es, ni de lejos, una prioridad para los gobiernos de PP, PSOE, IU o los partidos nacionalistas. No es un asunto que en los últimos años haya suscitado un auténtico interés en ningún gobierno.

Una de las cuestiones especialmente preocupantes de la Ley que en breve publicará el BOE es que las cuantías de las multas que establece son exactamente las mismas que las fijadas hace treinta años. Lo que significa, si se tiene en cuenta que la inflación ha subido más de un 220% desde 1984, que hoy las sanciones son tres veces menos duras que tres décadas atrás.

La ley de mediados de los 80 establecía que las cuantías de las multas "deberán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo".

A lo largo de veinte años, los cuatro ejecutivos del socialista (es un decir) Felipe González y los dos del popular (y esto ni te cuento) José María Aznar se saltaron esta obligación. Tampoco en los casi ocho años de gobiernos del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder se procedió a esa actualización. Ni siquiera quisieron aprovechar la excusa de la reforma de la ley. Era tan nulo el interés por hacerlo que cogieron las cifras en pesetas de la norma de 1984 y las convirtieron a euros de forma tan exacta que los 100 millones de pesetas que la ley original fijaba como cifra máxima se convirtieron en 601.012,10 euros. De vergüenza ajena.

En el texto aprobado en 2007, eso sí, puede leerse un párrafo donde vuelve a recogerse que las sanciones se modificarán en función del IPC. Por aquello de ponerle un puntito cínico al asunto. Siete años después, nueva reforma de la ley. Pero lo de descriogenizar multas no va con Mariano Rajoy, que es más de aplicar recortes con motosierra.

Ahora vamos a hacer un ejercicio de política ficción. Si en 2014 las cifras establecidas en el capítulo de sanciones se hubieran actualizado conforme al IPC acumulado (1) en treinta años (más de un 220 por ciento), ésta sería la evolución:

- Infracciones leves: los hasta 3.005,06 euros fijados (en pesetas) en 1984 se habrían convertido en unos 9.700 euros en 2014.

- Infracciones graves: en la ley original, desde el máximo establecido para las leves hasta 15.025,30 euros; la cifra podría haber aumentado a 48.300 euros. En estos casos pueden rebasarse hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción.

- Infracciones muy graves: partían del máximo de las anteriores hasta 601.012,10 euros, cantidad que con la subida de los IPC podría haberse fijado en 2007 en 1.931.000 euros (de nuevo con la posibilidad de superar la cifra en proporción al valor del fraude hasta multiplicarlo por cinco).

Aún actualizadas, incluso la cifra más alta resulta una ridiculez, teniendo en cuenta que muchos fraudes reportan decenas, cientos o incluso miles de millones de beneficio. Aunque claro, para eso está la posibilidad que establece la ley de imponer multas que representen hasta cinco veces el importe de la cantidad defraudada. Si algún día alguien lo hiciera...

Los datos recogidos en este artículo forman parte del fraude número 95 (el de las sanciones criogenizadas) del libro de Rubén Sánchez DEFIÉNDETE de #101fraudes.