Una nueva política para garantizar las pensiones

El teatro del absurdo en que algunos han convertido la búsqueda de un Gobierno, no parece dispuesto a dar cabida a otros argumentos que la corrupción y la cuestión territorial. Asuntos ambos que, sin duda, dan para muchas representaciones, pero que no agotan ni de lejos la extensa nómina de problemas que aquejan a España y a sus gentes.

Uno de los que mayores inquietudes despierta es el sistema público de pensiones, sobre el que apenas se ha hablado en la campaña electoral interminable que soportamos desde hace muchos meses. Como si nuestros representantes políticos no se sintiesen cómodos en él y prefiriesen dedicar su tiempo a tirarse los trastos a la cabeza con Cataluña y con Bárcenas.

No es éste el lugar adecuado para desarrollar un ensayo académico sobre la situación del tradicional seguro de jubilación, sus perspectivas y las soluciones que demanda. Pero sí para bosquejar algunos apuntes, que deberían hacer reflexionar a quienes tienen la capacidad de enderezarlo en beneficio de los pensionistas presentes y futuros.

Lo primero que no podemos perder de vista es que, a día de hoy, a pesar de lo que se quiera, el sistema público sigue siendo el que más garantías ofrece al común de los perceptores. La privatización general, por la que suspiran quienes ven en ella un apetitoso negocio, encierra serios peligros, como el experimento neoliberal en Chile ha demostrado.

Por lo tanto, la disyuntiva pensiones públicas-pensiones privadas es sencillamente falaz, por más que los poderes financieros no cejen en su empeño de plantearla. Lo que corresponde, en consecuencia, es poner todos los medios necesarios para garantizar el sistema vigente y no socavarlo más, como se ha hecho en los últimos años en España.

El problema de fondo no es de gasto, aunque ciertamente los nuevos jubilados cobran cada vez más porque sus cotizaciones fueron mayores cuando estaban en activo. A pesar de ello, la pensión media en España apenas sobrepasa los mil euros mensuales y hay nueve comunidades autónomas que están claramente por debajo de esa cifra.

Que la pensión media sea, en números redondos, la mitad del salario medio no es como para tirar cohetes y explica el fuerte retroceso económico que sufren quienes se jubilan y la creciente propensión de los trabajadores a retrasar lo más posible el cambio de situación. Más aún cuando muchos han tenido que reasumir cargas familiares por culpa de la crisis.

El problema, por tanto, viene del lado de los ingresos, que a día de hoy bastan para afrontar las mensualidades, pero no las pagas extraodinarias de julio y diciembre y la entrega a Hacienda de las retenciones a cuenta del IRPF. De ahí el recurso sistemático del Gobierno a la hucha de las pensiones, esquilmada bajo el mandato de Mariano Rajoy.

La insuficiencia de los ingresos obedece a que los nuevos cotizantes aportan menos, debido a la pérdida de calidad del empleo y a las bonificaciones de las que se benefician los empresarios, con las que se ha intentado reducir a corto plazo nuestro impresentable nivel de paro. Ambas medidas han sido relativamente eficaces, si dejamos de lado que son pan para hoy y hambre para mañana.

El PP, en efecto, puede alardear de haber reducido las estadísticas del desempleo, pero a costa de dejar el sistema público de pensiones hecho unos zorros y prácticamente sin reservas por si en el futuro bien peor dadas. Lo cual resulta altamente probable atendiendo a razones demográficas y aun en el caso de que la economía saliera de esta interminable crisis y rodara sobre ruedas.

Despejar el panorama requiere, en consecuencia, dos condiciones sine qua non: la puesta en marcha de políticas que no giren en torno al puro reparto de la miseria, sino que promuevan el empleo estable y bien pagado, y su financiación con cargo al los Presupuestos Generales del Estado, no con los fondos destinados a pagar las pensiones, que no tienen por qué verse lastrados por ellas.

Sé que eso es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando las posibilidades de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo son escasas y más después de que la búsqueda de Gobierno haya abierto brechas que costará mucho cerrar. Pero se trata de una exigencia que puede convertirse en inaplazable conforme las cuentas de la Seguridad Social se acerquen al abismo de la quiebra.

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