Si el Estatut que salió de Catalunya ya sufrió un serio “cepillado” antes de su aprobación por las Cortes Generales, cuesta encontrar el término exacto para definir el proceso al que está siendo sometido por algunos magistrados del Tribunal Constitucional. Tras el fracaso en la votación del quinto texto de sentencia y el cambio de ponente, el riesgo de un “cepillado” todavía más duro que el que ya se daba por descontado es evidente. Los magistrados más radicales en la defensa de un modelo de Estado casi preconstitucional parecen estar convencidos de que es posible tumbar el Estatut. Para ello van tirando de la cuerda de Manuel Aragón, magistrado propuesto en su día por el Gobierno de Zapatero y empeñado en incluir una y otra vez la “reafirmación de la soberanía de la nación española” en el texto catalán.

Después de todo lo ocurrido en el alto tribunal durante los últimos cuatro años, nada es descartable. Aunque el desarrollo legislativo haya demostrado ya la falsedad de que “España se rompe” por culpa del Estatut, el PP se niega a retirar su recurso o a abordar la renovación inmediata de un tribunal caducado. No le interesa, entre otras razones porque sus “candidatos idóneos” serían recusados con toneladas de pruebas a los cinco minutos del nombramiento. Cualquier sentencia vale para algunos, siempre que cumpla el requisito de destrozar el intento de ubicar Catalunya en una España plural durante el mayor tiempo posible.