A los socialistas valencianos y a Compromis les ha florecido inesperadamente una Gürtel en medio del jardín, con una Orange Market reventona llamada Crespo Gomar que se habría encargado de falsear facturas para que varios constructores pagasen sus gastos de campaña. Tres juzgados investigan presuntos delitos electorales, de falsedad y prevaricación que se habrían cometido entre 2007 y 2011, después de que la Policía recibiera a mediados de 2016 un chivatazo procedente del partido más sensible y preocupado por la corrupción reinante: el PP.

Aun con olor a pescado pasado de fecha, hasta el punto de que las supuestas infracciones tributarias habrían prescrito, la cosa tiene también un innegable tufillo a corruptela que tira de espaldas. Crespo Gomar era una empresa de comunicación presidida por Alberto Gomar, hijo del entonces teniente alcalde de Gandía Antoni Gomar. En ella trabajaba José Ramón Tiller, exdiputado autonómico del PSPV y jefe de gabinete de la alcaldesa de Gandía, Josefa Frau, luego diputada autonómica y senadora.

Los dirigentes populares han explicado que la información les llegó de forma anónima y que como ciudadanos responsables no dudaron en acudir a la Policía. Como se verá, la cosa es algo más alambicada de lo que parece. El 29 de septiembre de 2009 el constructor Enrique Ortiz, ese que se forró con los amaños a su medida del Plan General de Urbanismo de Alicante, llamó a su amiga de aquellas impagables fiestas de pijama, la alcaldesa del PP Sonia Castedo, para enviarle por fax un documento en el que se daba cuenta de diversos datos sobre la publicidad del PSOE facturada por Crespo y Gomar. Como a la alcaldesa no le pillaba a mano el fax, el constructor le hace llegar el documento a través de Felo, su chófer.

¿Que cómo se puede saber todo esto? Pues porque la conversación había sido intervenida por la Policía en las investigaciones del llamado ‘caso Brugal’, aquel que en un principio investigaba sobornos, extorsiones y tráfico de influencias en los contratos de recogida de basuras de varios municipios de Alicante gobernados por el PP. Según el resumen de la conversación realizado por los agentes, la alcaldesa y el constructor “definen una estrategia para desvelar una posible financiación irregular por parte del Partido Socialista”.

Apenas un mes después, concretamente el 25 de octubre de 2009, el diario valenciano Las Provincias publica la siguiente información: “El Gobierno y Gandía adjudican contratos a la firma que organizó el congreso del PSPV”. La noticia, completísima, daba cuenta de estas adjudicaciones suculentas a Crespo Gomar, que son las que aparentemente se investigan ahora más de ocho años después. A saber: concurso del Ministerio de la Vivienda, cuya titular era Beatriz Corredor, para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012 (126.208 euros); campaña del Ministerio de Sanidad y Consumo -pilotado por el valenciano y diputado por Alicante, Bernat Soria- con el lema ‘compara con criterio’ (158.740 euros más IVA); campaña de la desalinizadora de Torrevieja otorgada por la empresa pública AquaMed; Plan de comunicación de infraestructuras hidráulicas encargado por Aguas del Júcar (234.700 euros); y contratos diversos del Ayuntamiento de Gandía, desde el logotipo para la celebración del V Centenario del nacimiento de San Francisco de Borja, a la campaña de ocio nocturno para jóvenes, pasando por la promoción de un campeonato de motos acuáticas y la tarjeta joven de Gandía.

Que la pretendida información anónima fuera algo más que conocida en el PP desde los tiempos en los que Camps estrenaba sus trajes con ceñidor trasero no es óbice para que los jueces investiguen y tanto el PSOE, que dice haber montado una comisión, como Compromís, pese a las reticencias de su exsecretario general de entonces y actual presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, hagan lo propio y, en su caso, depuren responsabilidades.

Como bien sabe el actual secretario de Organización de los socialistas, el valenciano José Luis Ábalos, a la cabeza del PSPV de la época se encontraba Joan Ignasi Pla, un líder un tanto robótico y anonadado al que apodaron Forrest Pla, mote que en realidad nunca le hizo justicia porque era más listo que el hambre pese a que lo de ganar elecciones no fuera lo suyo.

Tras la debacle que cosechó en las autonómicas de 2007, Zapatero quiso convencerle para que dimitiera pero el robot dijo que se iba a meditar mientras hacía el Camino de Santiago y el santo debió de aconsejarle que resistiera a cualquier precio. Curiosamente, poco después se revelaba –y nadie dice que Pepe Blanco tuviera algo que ver en ello- que a Pla se le había olvidado pagar unas facturas de varias decenas de miles de euros a un constructor amigo que le había alicatado los baños y le había remodelado la cocina con unas encimeras de silestone que daba gloria verlas. Aquel ‘olvido’ forzó su renuncia. Si en herencia dejó además una Gürtel a sus herederos es lo que esta investigación, casi forense, ha de mostrarnos.